La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, fije la pena que debe solicitar el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, contra el empresario Víctor de Aldama en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por la presunta compra fraudulenta de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, causa en la que también están encausados el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.
Durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz se ha referido a las informaciones publicadas por distintos medios que apuntan a que la fiscal general habría impedido a Luzón rebajar la petición de condena para Aldama en atención a su colaboración con la justicia.
Según Yolanda Díaz hay que “respetar a las instituciones” y no mancillarlas con las críticas, ya que para ella, “queda claro cómo se regula” el Ministerio Fiscal y su estatuto y ha reclamado “separación de poderes absoluta”.
Frente a quienes sostienen que no existen antecedentes de una instrucción tan directa de la fiscal general al fiscal Anticorrupción, la líder de Sumar ha replicado que sí hay precedentes y ha citado al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, aludiendo al conocido como ‘caso Faisán’, aunque sin mencionarlo expresamente. “Hizo exactamente lo mismo”, ha señalado.
En el citado ‘caso Faisán’ se juzgó a dos policías, uno de ellos el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, por haber dado un ‘chivatazo’ en el bar Faisán de Irún de que iba a haber una operación contra la red de extorsión de ETA.
En aquel momento, Torres-Dulce pidió al fiscal del caso, Carlos Bautista, que acusara a los agentes de un delito de colaboración con organización terrorista. Pero este no era el criterio de Bautista y aunque en el escrito de acusación lo pidió, advirtió que no lo iba a defender. Algo que finalmente Torres-Dulce aceptó a pesar de que mantuvo su orden.
La vicepresidenta del Gobierno ha alegado que es “absolutamente normal” que la Fiscal General de la orden de la petición de penas. “Todas las reuniones de las que están hablando es el procedimiento ordinario de la Fiscalía General del Estado”, ha argumentado antes de criticar que se estén haciendo “juicios de valor” contra los “profesionales de la justicia”.
En su opinión, los fiscales “no están ejerciendo de ningún partido político” y cree que las acusaciones que se están produciendo contra Peramato no le hacen bien a España: “Me parece un error”.
Dicho esto, se ha mostrado contraria a que se rebajen las penas “al corruptor”, en este caso a Víctor de Aldama. “No lo puedo comprender”, ha exclamado la titular de Trabajo por entender que “la corrupción es muy grave en nuestro país”.
En su opinión, hay que tomar medidas al respecto y ha recordado que Sumar ya propuso crear una Agencia de Prevención de la Corrupción, pero no salió adelante por que “las tres derechas la tumbaron”.