La justicia española ha señalado por primera vez a un expresidente del Gobierno, el dirigente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputándole cuatro hechos delictivos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Siga aquí el directo del caso Zapatero.
En este caso, los delitos que se le imputan son organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Pocas horas más tarde de que la noticia saltara a las portadas de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, Zapatero emitía un comunicado a través de un vídeo grabado, negando los hechos y defendiendo su inocencia.
El 2 de junio, el expresidente tendrá que acudir a la Audiencia Nacional a prestar declaración como investigado —antes imputado—, y será a partir de ese momento cuando, en fase de instrucción, se materialice si su declaración es cierta o si el peso de las pruebas policiales resulta suficiente para justificar lo que algunos ya califican como el mayor escándalo político de la democracia española.
Los actores
La presunta trama en torno a Zapatero incluye múltiples actores que se desplazan entre distintos continentes, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como protagonista. Este organismo depende del Ministerio de Hacienda y su presidente es elegido por el Consejo de Ministros.
También entran en escena personajes como el empresario y amigo de footing Julio Martínez Martínez, con quien corría en El Pardo, como recogía —dentro del entorno del complejo de La Zarzuela, como recogió El Debate— y de quien se sospecha que podría haber actuado como testaferro, al tiempo que realizaba negocios con las hijas del expresidente Zapatero.
El supuesto papel de intermediario del exlíder del PSOE con Plus Ultra lo vincula, según pruebas policiales, con otros actores que se extienden hasta el anterior y el actual Gobierno de Venezuela.
Con el trabajo de la UDEF y de la Audiencia Nacional, en el trasfondo de este relato emergen sociedades instrumentales, consultoras y contratos de asesoramiento, además de movimientos de capital internacional. También figura José Luis Ábalos, ex número dos del PSOE y exministro de Transportes —hoy en prisión provisional por el caso Mascarillas—, quien ha sostenido en todo momento que su ministerio no participó en el rescate de Plus Ultra.
Hay que remontarse a marzo de 2021, con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, mientras millones de españoles se vacunaban contra la Covid-19, sufrían restricciones de movimiento y toques de queda en algunas comunidades autónomas. En ese contexto, el rescate de Plus Ultra era aprobado por la SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
La SEPI fue la entidad encargada de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Ejecutivo para distribuir ayudas públicas financiadas con recursos del Estado durante la pandemia.
El polémico rescate de Plus Ultra
Precisamente ahí reside una de las principales controversias del caso: la consideración de Plus Ultra como empresa estratégica. La aerolínea contaba con una presencia reducida en el mercado español, una operativa limitada y una cuota mínima de pasajeros y rutas en comparación con otras compañías del sector. Además, acumulaba pérdidas antes incluso de la pandemia. Pese a ello, el Gobierno aprobó una ayuda pública de 53 millones de euros, sufragada con fondos de emergencia movilizados durante la crisis sanitaria.
Julio Martínez Martínez
La Audiencia Nacional investiga ahora si parte de ese dinero terminó beneficiando a empresarios, consultoras e intermediarios vinculados al entorno político y empresarial próximo a Zapatero. En este punto aparece uno de los nombres destacados en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF): el empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como uno de los principales intermediarios de la operación y persona cercana al expresidente socialista, a quien en algunos círculos se le denomina como el testaferro de Zapatero.
Según las pesquisas, sociedades vinculadas a su entorno firmaron contratos relacionados con Plus Ultra y habrían recibido pagos relevantes tras la aprobación del rescate.
Los investigadores sostienen que varias empresas implicadas emitieron facturas por trabajos de consultoría y asesoramiento cuya ejecución efectiva no habría podido acreditarse documentalmente —“informes orales”, los ha llegado a denominar Zapatero en una reciente intervención en el Senado—.
Parte de los contratos incluían cláusulas de comisión condicionadas directamente a la aprobación de las ayudas públicas por parte de la SEPI. Por ello, la Policía Judicial centra su investigación en el análisis de correos electrónicos, contratos mercantiles, transferencias internacionales y movimientos bancarios, con el objetivo de determinar si existió una estructura destinada a canalizar fondos públicos hacia sociedades privadas mediante asesorías presuntamente simuladas.
La causa también examina operaciones financieras internacionales vinculadas a empresarios relacionados con el procedimiento.
De hecho, la UDEF detectó transferencias hacia cuentas en Miami y movimientos económicos entre España, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos, considerados de especial interés por la complejidad de las estructuras utilizadas. Parte de esos fondos habrían circulado a través de sociedades instrumentales sin apenas actividad conocida, motivo por el cual la Audiencia Nacional abrió diligencias por posibles delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
La SEPI
El papel de la SEPI ocupa un lugar central en la investigación, ya que fue el organismo encargado de evaluar y aprobar el rescate con fondos públicos. Dependiente directamente de Hacienda, la sociedad estatal gestionó miles de millones de euros durante la pandemia y se convirtió en una de las principales herramientas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional intenta esclarecer qué informes técnicos justificaron la ayuda a Plus Ultra, qué controles internos se aplicaron y si existieron intermediaciones políticas o presiones externas durante el proceso de evaluación.
En este periodo de investigación, dos nombres destacan en la dirección de la SEPI. Por un lado, el de Vicente Fernández Guerrero, exinterventor de la Junta de Andalucía en tiempos de María Jesús Montero como consejera de Hacienda. El segundo es del Bartolomé Lora.
En 2018, cuando Montero pasó de Sevilla a Madrid para ser ministra de Hacienda, Fernández Guerrero fue nombrado presidente de la SEPI, tras su publicación en el BOE. Cargo que abandonó posteriormente tras verse implicado en un caso de corrupción relacionado con la contratación en las minas de Aznalcóllar en 2015.
Le sustituyó en el cargo Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI, quien ejerció como presidente en funciones hasta el nombramiento por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez de Belén Gualda.
Es durante esta etapa cuando tiene lugar el rescate, y cuando existen indicios de que Fernández Guerrero actuaba en la sombra como presidente de la SEPI. En su declaración ante la comisión de investigación del Senado, se negó a declarar sobre el rescate alegando que estaba bajo investigación judicial, ya que en diciembre de 2025 fue detenido por presuntamente desviar comisiones ilegales de contratos públicos.
La exministra de Hacienda también ha negado conocer a Fernández Guerrero. En diciembre de 2025 llegó a afirmar que este directivo “fue cesado hace seis años” como presidente de la SEPI, cuando fue imputado por el caso de la mina de Aznalcóllar. Desde entonces, subrayó, no ha vuelto a mantener “ningún tipo de contacto con él”.
Ábalos
La relevancia política del caso ha llevado a la apertura de una comisión de investigación en el Senado sobre los rescates públicos aprobados durante la pandemia. Por esta comisión han pasado distintos responsables políticos y empresariales vinculados a las ayudas de la SEPI, entre ellos el propio Zapatero y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Durante sus comparecencias, ambos defendieron la legalidad de las ayudas públicas y rechazaron cualquier irregularidad en el procedimiento de aprobación de los rescates.
En paralelo, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistió en varias ocasiones en que su ministerio no participó en la aprobación del rescate y que la operación correspondía exclusivamente a la SEPI y al área económica del Gobierno dependiente de Hacienda. Sus declaraciones adquirieron relevancia política porque Plus Ultra pertenecía al sector aéreo y porque el rescate terminó convirtiéndose en una de las operaciones más cuestionadas de las ayudas públicas concedidas durante la pandemia.
Air Europa, Aldama
La figura de Zapatero aparece además vinculada a otros movimientos empresariales relacionados con el sector aéreo y con Venezuela. Diversas informaciones periodísticas situaron al expresidente como intermediario en contactos relacionados con el rescate de Air Europa y posibles fórmulas de financiación vinculadas al entorno venezolano.
Según esas informaciones, la operación no prosperó y posteriormente algunas de esas gestiones habrían sido asumidas por el empresario Víctor de Aldama, investigado en otras causas relacionadas con contratos públicos y comisiones durante la pandemia.
Aunque el rescate de Air Europa constituye un procedimiento distinto al de Plus Ultra, ambas operaciones han reforzado el foco político y judicial sobre la gestión de ayudas públicas y las relaciones empresariales surgidas en torno a ellas.
Precisamente este martes, Víctor de Aldama se ha pronunciado en redes sociales sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, compartiendo una noticia de El Confidencial, al respecto, y añadiendo el texto: “Todo llega”.
Aldama ha manifestado en alguna ocasión que el exdirigente socialista viajó con él en un avión privado, concretamente en un Jocker 850P, por América, a petición del político leonés.
Asegura Aldama que conserva planes de vuelo que lo podrían demostrar y que estos vuelos guardan relación con la financiación ilegal del PSOE.
Demócrata se ha puesto en contacto con Víctor Aldama, pero este se ha limitado a decirnos que no quiere hacer ningún comentario hasta que no tenga una sentencia.
Las consultoras
La Audiencia Nacional también investiga pagos atribuidos directamente a Zapatero por trabajos de consultoría realizados para sociedades vinculadas al entorno empresarial investigado.
Según distintas informaciones incorporadas a la causa, el expresidente habría percibido más de 400.000 euros en cinco años a través de contratos de asesoramiento. Los investigadores tratan de determinar si esos servicios fueron reales y correctamente justificados o si pudieron servir para encubrir pagos relacionados con la operación del rescate. Pero, según el diario The Objective, el juez cree que Zapatero llegó a cobrar dos millones en comisiones y pidió crear sociedades 'off-shore'.
Las hijas de Zapatero
En el marco de las investigaciones y comparecencias parlamentarias sobre el caso Plus Ultra, distintas informaciones publicadas en medios de comunicación han situado bajo el foco a la agencia de comunicación Whathefav, fundada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según dichas publicaciones, la empresa habría prestado servicios de marketing, estrategia digital y comunicación a sociedades vinculadas a la consultora Análisis Relevante SL, considerada por los investigadores una de las piezas centrales del entramado empresarial que rodeó el rescate de la aerolínea aprobado por la SEPI.
La consultora Análisis Relevante fue fundada por el empresario Julio Martínez Martínez, estrecho colaborador y amigo personal de Zapatero. Según la documentación analizada por la UDEF, la firma habría actuado como vehículo de consultoría y asesoramiento para operaciones relacionadas con Plus Ultra y otras sociedades vinculadas al entorno investigado. Los investigadores sospechan que parte de los pagos podrían corresponder a contratos ficticios o trabajos cuya ejecución no ha podido acreditarse plenamente.
El nombre de Whathefav aparece en la causa porque, según diversas publicaciones, la agencia de las hijas de Zapatero facturó cantidades relevantes a Análisis Relevante entre 2020 y 2025 por trabajos de comunicación online, branding y estrategia digital. El propio Zapatero reconoció en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que la incorporación de la agencia de sus hijas a los trabajos de la consultora fue propuesta por él mismo y formaba “parte del acuerdo” alcanzado con Julio Martínez cuando aceptó trabajar como asesor externo de la empresa.
Según publicaba The Objective, Julio Martínez Martínez —presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero e investigado en la causa secreta de Plus Ultra tras su detención el pasado 12 de diciembre— este modificó el accionariado de su empresa Análisis Relevante SL pocos días después de que este medio publicara en exclusiva las primeras informaciones sobre sus negocios como cliente de la agencia de comunicación de las hijas del expresidente, así como sus 18 sociedades, que mantenía en aquel momento, sin apenas empleados.
Venezuela
La investigación ha adquirido además una dimensión internacional por las conexiones empresariales y financieras detectadas en torno al caso. Diversos medios y diligencias policiales apuntan a posibles vínculos con empresarios venezolanos y sociedades relacionadas históricamente con el entorno económico chavista.
La UDEF investiga movimientos internacionales de fondos, estructuras societarias radicadas fuera de España y operaciones vinculadas a Panamá, República Dominicana, Dubái y Venezuela. Algunas publicaciones sostienen que parte de los fondos investigados podrían proceder de operaciones relacionadas con programas públicos venezolanos o movimientos financieros ligados al comercio de oro y a estructuras próximas al Banco de Venezuela.
En ese contexto, varias publicaciones destacan la estrecha relación política y diplomática mantenida durante años por Zapatero con el Gobierno venezolano, especialmente con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. El expresidente ha participado como mediador e interlocutor internacional con Caracas, un papel que volvió a situarse en el centro del debate político tras episodios como el denominado “Delcygate”, relacionado con la visita de la vicepresidenta venezolana al aeropuerto de Barajas en enero de 2020.