Desde que el pasado 28 de marzo el nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, tomara posesión de su nueva cartera pocos son los detalles que han trascendido sobre los planes que tiene de aquí a final de legislatura. Este miércoles será cuando los desvele. Lo hará ante la comisión de Sanidad y Consumo al finalizar el pleno. La expectación es máxima entre varios grupos parlamentarios, sobre todo en Unidas Podemos, socio de Gobierno que insiste en la necesidad de desbloquear varias leyes importantes.
La incógnita
Uno de los principales asuntos que ha de atender el ministro Miñones es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), que pretende ponerla en funcionamiento esta misma legislatura para dar cumplimiento a un compromiso que data del 2011. El Proyecto de ley, actualmente, acumula una docena de prórrogas del plazo de enmiendas. Se encuentra en la comisión de Sanidad y Consumo, con competencia legislativa plena y urgente. Básicamente, la nueva normativa fija las bases para la creación del organismo, que dependerá del Ministerio de Sanidad y cuya función nuclear será dar respuesta a las emergencias de salud que pudieran surgir. En palabras de Carolina Darias, exministra de Sanidad, su misión será “vigilar, identificar y evaluar estado de salud población, de los problemas y amenazas, prestando especial atención a desigualdades sociales”. A este respecto, hay un detalle fundamental a resolver: su emplazamiento.
El bloqueo
La legislatura encara su estadio final y los socios que conforman el Gobierno no logran desbloquear el Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ha entrado en barrena y dormita al calor de las ampliaciones de plazo. Superó la toma en consideración el pasado septiembre y, desde entonces, la Mesa del Congreso aplaza sistemáticamente el periodo de enmiendas. Ya van 32 prórrogas. PSOE y Unidas Podemos no han alcanzado un acuerdo y las conversaciones permanecen bloqueadas.
Uno de los pilares de la ley de equidad sanitaria es el cerco a las externalizaciones sanitarias, avaladas por la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, rubricada por José María Aznar. Los socialistas plasmaron sus intenciones en el artículo 1 del Proyecto de ley de equidad sanitaria. No obstante, para los morados no es suficiente, puesto que consideran que otro artículo, el 47, en su punto dos, recoge numerosas excepciones que abren la puerta de par en par a las privatizaciones.
Unidas Podemos manifestó desde el primer momento su descontento con el PSOE. Tanto fue así, que la bancada morada facilitó su avance en la votación de totalidad tras una conversación entre el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, hoy candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Fuentes conocedoras aseguran que Darias se comprometió a modificar el artículo 1 para limitar de forma efectiva las externalizaciones.
El tira y afloja llegó hasta febrero. A finales del antecitado mes, en concreto el 22, se celebró una reunión a tres bandas: dos diputados socialistas, dos diputados morados y dos representantes del Ministerio de Sanidad. La cita concluyó sin acuerdo y, ante el bloqueo, Unidas Podemos ofreció al PSOE suprimir íntegramente el artículo 1 de la PL de equidad sanitaria y derogar la ley 15/1997 de Aznar para evitar futuras privatizaciones. Y hasta hoy. Los morados esperan que Miñones manifieste sus intenciones en la comisión y se retomen las negociaciones cuanto antes, pues si bien en los últimos días se han intercambiado impresiones, aún no se ha profundizado en nada concreto.
Para Moncloa, según fuentes, la ley de equidad sanitaria es vital puesto que definirá las características del sistema de Salud español, pero anticipan que es imposible que sea 100% público, puesto que hay comunidades como Cataluña con mucha presencia de colaboración público-privado.
Vigilancia y medicamentos
En su última intervención en el Consejo Interterritorial de Salud, la exministra Darias, mentó varias medidas, a destacar la propuesta de creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, un sistema que se articulará vía Real Decreto y permitirá ampliar la vigilancia a todos los aspectos de interés para la Salud Pública, más allá de las enfermedades transmisibles. Se monitorizan el cáncer, las resistencias a los antimicrobianos, la salud ambiental, y enfermedades infecciones. Asimismo, actualizará el sistema de alerta precoz y respuesta rápida.
Sanidad tiene pendiente, también, un Real Decreto de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. No obstante, fuentes socialistas admiten que probablemente no dará tiempo y podrían aprovechar otra ley para incluir una disposición adicional que, al menos, regule algún aspecto.
Salud mental
Otra de las asignaturas pendiente es la salud mental. En este caso no se trata de un Proyecto de ley, sino de una Proposición de ley del socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, la única sobre salud mental. Y no tiene visos de prosperar. Acumula 65 ampliaciones del plazo de enmiendas.
“Se ha pedido mil veces el desbloqueo”, apuntan fuentes parlamentarias consultadas por Demócrata. Pero el Grupo Socialista no está por la labor. Detrás de un “estamos negociando “que deslizan desde el partido se esconde un bloqueo consciente de una norma que tiene al menos tres puntos que no les gustan. El primero es competencial. La ley de Unidas Podemos ataña al Sistema Nacional de Salud y las competencias en sanidad obran en manos de las autonomías. El segundo motivo es que requiere de notables inversiones y, por último, los socialistas serían partidarios de una estrategia nacional que esboce un plan estructural. Con todo, fuentes socialistas insisten: “No es descartable”.
A todo lo citado con anterioridad, habría que sumar una reforma de la ley de tabaco que Darias dejó en un cajón y ahí permanece a la espera de saber si el ministro Miñones la desempolva; una posible modificación del Estatuto Marco de los interinos; y afrontar la tramitación de la Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, cuya génesis es la ILP registrada el 3 de diciembre de 2019 por el sindicato SATSE, que continúa su camino en la comisión.