“No nos vamos a ir sin una ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud que vete el lucro de empresas privadas”. Estas palabras fueron pronunciadas por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una entrevista con Demócrata en octubre de 2024. Ha tardado, pero este martes, un año y cuatro meses después, el Consejo de Ministros ha aprobado (en primera vuelta) el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, conocida como ley anti-privatizaciones.
Con esta, el Ministerio de Sanidad de Mónica García ya tiene sobre la mesa los tres fragmentos en que troceó el famoso -y heredado- Proyecto de Ley de Equidad, impulsado por la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, que prestó su nombre al articulado (Ley Darias).
Mónica García optó por trocear la Ley Darias en tres fragmentos para facilitar su tramitación parlamentaria
La ley pretendía reformar el SNS desde diversos flancos y, para evitar posibles bloqueos y facilitar su tramitación, García optó por trocearla en tres partes, dos de las cuales ya están en el Congreso: el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y el Proyecto de Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud. Ambos aguardan su turno para ser elevados al Pleno. Por el momento, dormitan al calor de sucesivas ampliaciones de enmiendas. La tercera pata, la ley antiprivatizaciones, ya ha echado a andar con su aprobación en primera vuelta.
Futuro más que incierto
En el Ministerio de Sanidad pasa como en Justicia: el Gobierno manda leyes al Congreso, pero luego, estas quedan en el limbo, bloqueadas al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas por falta de apoyos.
La Comisión de Sanidad lleva dos legislaturas en barrena, incapaz de aprobar reformas de calado, más allá de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Las propuestas de esta rama tienen particularidades que dificultan aún más la ya per se complicada tarea de urdir acuerdos con la actual aritmética parlamentaria. Se ha de legislar teniendo en cuenta las competencias autonómicas y pactar con grupos especialmente sensibles al respecto.
Las leyes sanitarias son aún más complicadas de negociar porque los grupos nacionalistas son especialmente sensibles con las competencias autonómicas
En el caso del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, el horizonte es todavía más complicado porque territorios como Catalunya (ERC y Junts) y el País Vasco (PNV) tienen muy arraigada la colaboración público-privada en materia sanitaria.
Ley anti-privatizaciones
De prosperar y llegar al BOE, el anteproyecto derogaría la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la Sanidad. El propósito es limitar las privatizaciones a situaciones excepcionales, y siempre con una evaluación previa, primando así la gestión pública.
El texto solo permitiría el modelo híbrido (prestación indirecta) en el caso de que no fuera posible la gestión directa por parte de las administraciones o entidades públicas o mediante consorcios constituidos entre varias administraciones o entidades públicas (artículo 5 del texto).
Además, la gestión indirecta debe garantizar siempre la sostenibilidad financiera y la eficiencia; al tiempo que se cumplen requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
El procedimiento de evaluación previo incluye:
- Una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria.
- El análisis por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta, compuesto por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil.
- La publicación obligatoria del informe y resolución en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica de la administración sanitaria.
- En el caso de concesiones de servicios, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.
De igual forma, se eliminarían definitivamente fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio; y se introduciría una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate.
Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, aplicándose la nueva normativa a los procedimientos futuros.
En rojo
Al anteproyecto le queda mucho recorrido. Para empezar, deberá volver a pasar, en segunda vuelta, por el Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso.
Si bien es cierto que se ha limado el principal punto de fricción entre el PSOE y Sumar, que era la limitación de las excepciones que permitirían las privatizaciones y la consecuente derogación de la Ley 15/1997, su tramitación parlamentaria se antoja más que complicada.
La Comisión de Sanidad se ha convertido en una suerte de pozo en el cual, ley que llega, ley que encalla. La única excepción, la Agencia Estatal de Salud Pública. En lo que respecta al contenido como tal del anteproyecto sobre antiprivatizaciones, las negociaciones con ERC, Junts y PNV se auguran insalvables por el impacto de la colaboración público-privada en materia sanitaria en Catalunya y País Vasco.
Ley de equidad y cohesión
El Proyecto de Ley de Equidad modifica diversas normas para consolidar la equidad y la cohesión del SNS. Su fin es establecer medidas para garantizar la igualdad en el acceso a la salud y reforzar la cooperación entre las diferentes estructuras sanitarias para abordar los retos actuales y futuros.
Sus principales novedades son:
- Análisis de Impacto en Salud: se introduce la obligatoriedad de evaluar el impacto en salud y sus determinantes en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de todas las normas que afecten a sectores clave como vivienda, educación, medio ambiente o transporte, entre otros.
- Foro Abierto de Salud: se crea un órgano de asesoramiento permanente, que incorporará la voz de pacientes, personas con discapacidad, ciudadanía y profesionales para formular propuestas sobre el funcionamiento del SNS.
- Fondo de Garantía Asistencial (FOGA): se modifica la normativa para desarrollar reglamentariamente las reglas de compensación por el desplazamiento de pacientes en el territorio nacional.
- Homogenización de exenciones: se igualan las exenciones de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica y ortoprotésica.
- Consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: se autoriza su creación para fortalecer la capacidad de evaluación y liderazgo en proyectos nacionales e internacionales.
- Acceso y tratamiento de datos sanitarios: se establecen las condiciones generales para el acceso y tratamiento de datos en el ámbito sanitario con fines de planificación, gestión, evaluación e investigación.
En ámbar
La iniciativa lleva paralizada en el Congreso desde que llegó en septiembre de 2024. Se amplía sistemáticamente el plazo de enmiendas y nada augura que vaya a desbloquearse. Y en tal caso, los partidos nacionalistas son especialmente sensibles con el respeto a las competencias autonómicas y habrá de pulirse mucho la cooperación para que exista alguna posibilidad de suscitar una mayoría suficiente. Su color sería rojo si no fuera porque la de privatizaciones lo tiene aún más crudo.
Ley de universalidad
El Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para blindar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa.
El articulado amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, desplazadas temporalmente al territorio español, y a los familiares que los acompañen, cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria.
También se amplían los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.
Asimismo, se garantizará la misma atención a solicitantes de protección internacional, de protección temporal, a víctimas de trata y a personas no registradas ni autorizadas como residentes. En este último caso, la asistencia -que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español- será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago.
En ámbar
Al igual que el Proyecto de Ley de equidad y cohesión, el de universalidad duerme el sueño de los justos en la Cámara Baja desde mayo de 2024. Atesora las mismas complicaciones, aunque en este caso, por su contenido, es más factible. Además, fue la primera de las tres en llegar, podría ser la que desencalle primero y, por qué no, abrir la puerta a encarrilar el resto.
Nada invita al optimismo
Una cosa es la voluntad del Ministerio de Sanidad y otra muy distinta la de un Congreso fragmentado. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmó que “no nos vamos a ir sin una ley de gestión pública del SNS que vete el lucro de empresas privadas”; pero la coyuntura indica es más que probable.
Para llegar al BOE no basta con que el Gobierno apruebe un Proyecto de Ley. Ha de superar su tramitación en las Cortes Generales. Los socios habituales pondrán más de un ‘pero’ y exigirán no pocas modificaciones a cualquiera de las tres leyes; pero aún en el caso de que se lograra un acuerdo, el bloque de investidura no tiene mayoría en la Cámara Baja tras la ruptura del PSOE con Junts.