O contrata a sus repartidores por cuenta ajena antes de que la Inspección de Trabajo concluya su investigación o será denunciada por lo penal.
Ese es el aviso lanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a Uber Eats, última gran compañía de reparto que continúa operando con trabajadores autónomos, pese a la llamada Ley Rider.
Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz aseguran que irán “con todo” en caso de que la compañía no regularice la situación de sus trabajadores. Y el margen no es amplio.
Según informan desde el Ministerio de Trabajo, la investigación iniciada este año por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social concluirá a lo largo del próximo mes de enero.
Penas de hasta seis años de cárcel
En el Ministerio apuntan al artículo 311 del Código Penal, reformado la pasada legislatura para contemplar penas de cárcel cuando haya empresas que se resistan a cumplir la legislación laboral.
Concretamente se modificó para incorporar un nuevo artículo y castigar a empresarios que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa.
Las penas contempladas oscilan entre seis meses a seis años de cárcel y multa de seis a doce meses. En aquel momento, la reforma impulsada como enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la proposición de ley dirigida a suprimir el delito de sedición estaba claramente dirigida a castigar las resistencias de Glovo.
Colaboración con la Inspección
En todo caso, desde el Ministerio apuntan a que el procedimiento difiere al de Glovo, ya que esta última empresa rechazó colaborar e hizo caso omiso a los requerimientos que se le trasladaban desde la Administración.
A diferencia de lo sucedido con Glovo, aseguran, están encontrando disposición en la compañía Uber Eats durante la investigación.
Trabajo acudió a la Fiscalía contra Glovo por la falta de respuesta a sus requerimientos. De hecho, la multinacional anunció la contratación como empleados a sus repartidores apenas un día antes de que su fundador y consejero delegado, Oscar Pierre, acudiera a comparecer ante la Justicia, investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores.