La futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá a bancos, aseguradoras y fondos un coste de unos 25 millones de euros al año. Este es el cálculo estimado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, partiendo de la previsión de que el nuevo organismo admita a trámite unas 110.000 reclamaciones cada año.
Las previsiones se incluyen en la memoria de análisis de impactos económico y presupuestario que acompaña al proyecto de ley para su creación, a la que ha tenido acceso Demócrata. El Gobierno envió la iniciativa al Congreso el pasado 19 de marzo. Se trata de una de las iniciativas que no pudo culminar su tramitación la pasada legislatura por el adelanto electoral.
La Autoridad está configurada para unificar los servicios de reclamaciones de Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y ofrecer un mecanismo extrajudicial de conflictos gratuito para los clientes de servicios financieros.
Cómo financiar la autoridad fue uno de los grandes debates de la tramitación de la norma la pasada legislatura. Entonces el Gobierno planteaba que cada reclamación que tramitara la Autoridad supusiera 250 euros para la entidad de procedencia, sin importar cuantía o resultado final del proceso.
La presión de la oposición dio sus frutos y finalmente el Gobierno rediseñó la tasa para repartir el coste de funcionamiento del organismo entre las entidades financieras, atendiendo al peso de las reclamaciones de cada entidad resueltas, pero también a las resueltas a favor del cliente con el fin de castigar a las entidades más incumplidoras.
En el proyecto que tramita ahora el Congreso la fórmula se repite. La tasa se calcula a partir de los gastos incurridos por la entidad en el ejercicio anterior. Un 40% a repartir entre las entidades en función de las reclamaciones resueltas, y el otro 60% a repartir en función de las reclamaciones resueltas a favor del cliente.
Como novedad, el Gobierno ha decidido excluir del cómputo total aquellas resoluciones no admitidas o las que no prosperen por falta de información o deficiencia de forma. E incluir entre las resoluciones favorables al cliente aquellas que consignen un pacto entre las partes en un procedimiento de mediación o conciliación.
La tasa irá dirigida a cubrir todos los gastos generados por la actividad de la autoridad, directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y aquellos necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable de la actividad.
El proyecto prevé un pago anticipado de la tasa durante el mes de enero de cada ejercicio. Para proceder a su liquidación, antes del 15 de abril de cada año, la autoridad publicará una memoria que contenga los gastos incurridos en el ejercicio anterior.
La gestión, liquidación y recaudación de la tasa en período voluntario corresponderá a la propia autoridad, y en período ejecutivo a los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria.
Unas 120.000 reclamaciones al año
La previsión presupuestaria realizada por el Ministerio de Economía parte de la estimación de que la futura autoridad deberá afrontar entre 110.500 y 136.500 reclamaciones al año, siendo la media de reclamaciones que se hubieran tramitado entre 2018 y 2022, según el método de cálculo del Ministerio, de 123.501 reclamaciones.
Economía contabiliza las reclamaciones atendidas por los servicios de Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero también presupone que la entidad absorberá parte de las reclamaciones desfavorables al cliente en los servicios de atención de las propias entidades que no llegan a los supervisores, y también de aquellas reclamaciones tramitadas en los juzgados.
Contando con un mínimo de 110.000 reclamaciones, Economía cree que un número razonable de vocales para resolver este volumen de trabajo pasaría por contar con 150 vocales (a tramitar unas 736 reclamaciones al año), ascendiendo el número de empleados totales, personal de apoyo y servicios comunes incluidos, en 250 trabajadores.
La plantilla de la futura autoridad prediseñada por el Gobierno en su memoria de impactos supondría un gasto de personal de unos 16,8 millones de euros al año en conceptos retributivos.
El Ministerio contabiliza en la plantilla dos altos cargos, un director general, siete directores de departamento (A-1), cuatro vocales coordinadores de área (A-1), dos jefes de división (A-3), 22 vocales coordinadores de sección (A-3), 34 vocales de sección (A-4), 94 vocales instructores (A-5), 19 jefes de área (A-10), ocho técnicos informáticos (A-12), 24 técnicos medios (A-14) y 32 administrativos.
La tabla de estimaciones de gastos de personal prevé 3,5 millones de euros por complemento específico y 1,5 millones en incentivos de rendimiento sobre los que, en todo caso, el Ministerio incide en que son estimaciones sin carácter vinculante ya que deberán ser autorizados por el órgano competente. Sin incentivos al rendimiento, los costes de personal ascenderían a 15,2 millones al año.
Respecto a los gastos de funcionamiento, el Ministerio plantea en su previsión un gasto corriente en bienes y servicios (Capítulo II) de 2,9 millones de euros y gastos de inversión (Capítulo VI) por 5,2 millones.
Entre todas estas partidas, el Ministerio prevé la necesidad de destinar 6,2 millones de euros en inversiones en tecnologías de la información y comunicaciones, y así poder contar con una nueva plataforma de gestión de reclamaciones y tasas, los equipos necesarios para un puesto de trabajo flexibilidad, infraestructuras en la nube, ‘hosting’, sede electrónica, portal y servicios digitales.
Puesta en funcionamiento: 4,9 millones
La memoria también incluye una previsión para el primer año de funcionamiento de la autoridad, que alcanzaría un presupuesto del 25% del previsto para un año de funcionamiento normal: 4,9 millones de euros.
Para este primer ejercicio, Economía plantea la incorporación de 50 efectivos, y un incremento paulatino de la plantilla (1,5 millones en gastos de personal), gastos corrientes y bienes y servicios por 1,4 millones y casi 2 millones en inversiones reales.
El proyecto que tramita el Congreso prevé la financiación de este primer ejercicio. Hasta la aprobación de los presupuestos de la autoridad a través de los Presupuestos Generales del Estado el organismo se financiará con cargo a los créditos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Ese primer año se prevé el cálculo del anticipo de la tasa en función de las memorias de reclamaciones de los organismos supervisores en el ejercicio anterior.
El Ministerio también incide en otra variable, la posibilidad de que una parte del personal proceda de los actuales supervisores, y que este coste pueda ser asumido por los supervisores mediante un convenio. En este caso, Economía declina estimar el alcance de dicho convenio y qué personal estaría dispuesto a incorporarse.
Economía descarta una «traslación significativa» de costes
En la propia memoria de impacto, el Gobierno confía en que las entidades no trasladen el coste de la nueva autoridad a las comisiones de los productos financieros, apelando a la «elevada competencia de precios» en estos sectores.
«Tanto la elevada competencia de precios en las tres áreas del sector financiero, como el hecho de su carácter endógeno o asociado al número de reclamaciones que potencialmente pueda recibir cada operador del mercado, son indicadores que descartan una traslación significativa«, esgrime el Ejecutivo.