El conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso por la tramitación de la amnistía ya tiene fecha. El Pleno de la Cámara Alta debatirá este miércoles la propuesta del Grupo Popular en el Senado de planteamiento de conflicto institucional con la Cámara Baja por la tramitación de Proposición de Ley Orgánica (PLO) de Amnistía. El Pleno del Senado, con mayoría absoluta del PP, aprobará la exigencia formal al Congreso para que retire la conocida popularmente como Ley de amnistía. Los populares consideran que el texto debería tramitarse como una reforma constitucional y no por el procedimiento previsto para una ley orgánica.
La figura del conflicto de atribuciones, a la que pueden recurrir ciertos órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado o el CGPJ) cuando consideran que otro de ellos está invadiendo sus competencias constitucionales o atribuciones legales, apenas se ha usado desde su creación en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en 1979. Desde entonces, el Constitucional se ha tenido que pronunciar en cinco ocasiones.
LA TRAMITACIÓN NO SE DETIENEEl planteamiento del conflicto institucional o de atribuciones entre órganos no paraliza en ningún caso la tramitación de la PLO de Amnistía en las Cortes. Su interposición no suspende los plazos legalmente previstos en la Constitución o en el Reglamento de la Cámara: dos meses al tramitarse, a petición del PP, por el procedimiento ordinario (hasta el próximo 16 de mayo como fecha máxima).
Con el conflicto de atribuciones, el órgano que inicia el proceso requiere de forma oficial a otra institución que retire o anule el acto o decisión que considera que lesiona sus competencias. Si pasado un mes el órgano al que se dirige el requerimiento no responde o se ratifica en su decisión, el conflicto institucional puede elevarse al Tribunal Constitucional (TC) para que sea este el que lo resuelva.
Cuando los jueces dejaron de elegir a miembros del CGPJ
* Fecha: mayo 1985 - abril 1986.* Órganos: CGPJ vs Congreso (mayoría absoluta PSOE) y Senado (mayoría absoluta PSOE).* Resultado: desestimado por el TC.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también conocido como «órgano de gobierno de los jueces y magistrados», fue la primera institución que recurrió al conflicto de atribuciones. En 1985, el Pleno del CGPJ reivindicó ante el Congreso y el Senado sus competencias ante la votación en los plenos de ambas cámaras de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Legislativo desarrollaba así la ley marco del Judicial en el marco de la Constitución de 1978. En el texto legal, entre otros muchos aspectos, las Cortes se reservaban el nombramiento de los 12 vocales del CGPJ que hasta el momento eran designados por los propios jueces.
Ese aspecto de la ley, en alusión a la cual se atribuye al entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra la frase de «Montesquieu ha muerto» (aunque él siempre ha negado haberla pronunciado), así como el hecho de que se otorgara al Gobierno la potestad para desarrollar el reglamento del estatuto jurídico de la judicatura fueron las dos atribuciones que el CGPJ consideró invadidas y reclamaba para sí.
