El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años. La restricción se ampliará hasta los 18 años en el caso de aquellas bebidas que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
El anuncio se ha producido en Barcelona, antes de una reunión con representantes de la Gasol Foundation, entidad que trabaja en la prevención de la obesidad infantil mediante programas de promoción de la salud.
Amplio respaldo social
El ministro ha subrayado que la medida cuenta con un respaldo social mayoritario. Según el último barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), nueve de cada diez personas en España apoyan esta prohibición.
Entre los jóvenes de entre 18 y 35 años, el apoyo alcanza el 88,3%, de acuerdo con los datos del estudio. El barómetro refleja además una percepción clara de riesgo asociada al consumo de estas bebidas.
El informe señala que el 25% de las personas encuestadas consume bebidas energéticas, con una media de dos veces por semana. Casi la mitad de quienes las toman (49%) consume al menos una al día, y el 47% las mezcla regularmente con alcohol.
Antecedentes y base científica
La nueva regulación se sumará a la prohibición de vender bebidas energéticas en centros escolares de todo el país, impulsada el año pasado por el Ministerio a través del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles.
Además, la iniciativa se apoya en el informe elaborado en 2021 por el Comité Científico de la AESAN sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas. El documento advertía de que un consumo excesivo de cafeína puede provocar alteraciones del sueño —tanto en la conciliación como en la duración—, efectos psicológicos y de comportamiento, así como trastornos cardiovasculares.
En este ámbito también ha trabajado un grupo específico coordinado por la AESAN con participación de distintos ministerios y gobiernos autonómicos.
La medida se alinea con actuaciones adoptadas en países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, y con regulaciones ya implantadas en comunidades autónomas como Galicia y el Principado de Asturias. Desde Consumo se considera que una norma estatal contribuiría a armonizar la legislación y reforzar la unidad de mercado.
Limitación de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores
En paralelo, Bustinduy ha recordado que el Ministerio impulsará una regulación específica de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niñas, niños y adolescentes. “Son anuncios nocivos para su salud”, ha afirmado, en referencia a un respaldo social que, según el barómetro de la AESAN, alcanza casi el 80% de la población en favor de prohibir este tipo de publicidad a menores.
El estudio también recoge que en España cada niño recibe más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que equivale a casi 11 impactos diarios, cifra que asciende a 30 si se incluyen otros canales de comunicación.
Bustinduy ha defendido la necesidad de proteger a la población infantil y adolescente frente a estas prácticas, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la AESAN, que abogan por restringir la publicidad en función de la calidad nutricional como herramienta para combatir la obesidad infantil.
Según la OMS, la exposición a publicidad de alimentos no saludables incrementa la ingesta calórica, fomenta el consumo de productos poco nutritivos y tiene un impacto perjudicial y sostenido en la salud. Además, advierte de que estas campañas emplean técnicas persuasivas que pueden pasar desapercibidas para los menores, recurriendo a influencers, figuras del deporte o apelando a componentes emocionales vinculados a la diversión.
El ministro ha alertado de que el 80% de niñas, niños y adolescentes en España consume alimentos y bebidas no saludables, citando un informe de la Gasol Foundation. “Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”, ha afirmado.
Bustinduy ha enmarcado ambas iniciativas en una “cuestión de salud pública” y en la necesidad de “garantizar los derechos de la infancia”, aunque ello implique, según sus palabras, “poner coto a los poderosos”.