QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha sacado a consulta pública previa las bases para la elaboración de un anteproyecto dirigido a modificar los criterios para determinar el tamaño de una empresa.
La propuesta va dirigida a trasponer la Directiva Delegada 2023/2775 de la Comisión, que ajusta a la inflación de los últimos diez años los umbrales a la hora de determinar la categoría de tamaño de una empresa.
Según los datos de Eurostat, entre 2013 y 2023 la inflación acumulada alcanza un 24,3% en la eurozona y el 27,2% en toda la Unión. En consonancia, se elevan un 25% los umbrales de negocio e importe de balance en la normativa empresarial.
Así quedarán las nuevos umbrales
- Se considerará microempresa cuando el importe total sea inferior a 450.000 euros -100.000 más que en la actualidad- y el volumen de negocio neto no alcance los 900.000 euros, 200.000 más que hasta ahora.
- Se considerará empresa o grupo pequeño cuando el balance total sea inferior a 5 millones de euros -1 millón más que ahora- y el volumen de negocio neto no alcance los 10 millones, 2 millones más que ahora.
- Se considerará empresa o grupo mediano cuando el balance total sea inferior a 25 millones de euros -5 millones más que ahora- y el volumen de negocio neto no alcance 50 millones, 10 millones más que ahora.
¿A qué leyes afectará?
La reforma implicará la modificación del Código de Comercio, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
Las dos primeras contienen las disposiciones derivadas de la directiva europea sobre estados financieros anuales, estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresa (Directiva 2013/34/UE), a la cual modifica la directiva a trasponer.
En el caso de la Ley de Auditoría de Cuentas, la norma incorpora estos parámetros para definir las sociedades pequeñas y medianas a efectos de las obligaciones recogidas en ella, al igual que sus desarrollos reglamentarios: Plan General de Contabilidad (Decreto 1514/2007) y Plan General de Contabilidad de Pymes (Decreto 1515/2007).
Simplificar requisitos
El Gobierno justifica la necesidad de esta adaptación en reajustar las exigencias de información en el ámbito de contabilidad impuestas a las empresas de mayor tamaño.
Reconociendo que estos requisitos proporcionan información a los inversores y mejoran la gobernanza de las compañías, el Ejecutivo defiende simplificar estos requisitos de información en el ámbito de la contabilidad y también limitar la carga administrativa.
¿Más cambios en la normativa empresarial?
Pese a que la consulta planteada por Economía se limita a la adaptación de los umbrales para a la inflación acumulada, la reforma abriría la puerta a una reforma más profunda de la normativa empresarial por ejemplo, actuando sobre los requisitos de información contables, que el Gobierno defiende simplificar.
Pero es que, además, el Gobierno ya ha mostrado su predisposición a realizar modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital, concretamente en lo referido a las obligaciones de localización.
Obligaciones de localización
Frente a la exigencia de Junts de imponer sanciones a las empresas que decidieron cambiar de sede durante el ‘procés’ independentista y no hayan vuelto a Cataluña, el PSOE alegó a las obligaciones de la norma sobre el domicilio de las empresas.
En su redactado actual, la norma prevé la localización de su domicilio en España de las sociedades que tengan su principal establecimiento o explotación dentro del país.
Dicho domicilio debe fijarse allá donde se encuentre el centro de su efectiva administración y dirección, o donde radique su principal establecimiento o explotación.
A principios de año, en plenas negociaciones para facilitar la convalidación de los primeros decretos-ley del Gobierno, el PSOE abrió la puerta a actuar a través de esta vía, y no a través de sanciones, cuyo encaje legal pone en duda cuando no existen incumplimientos de la norma.
El acuerdo entre ambas formaciones no recogió ninguna reforma al respecto, pero sí un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que decidieron marcharse.
