Con retraso, y todavía sin saber la firmeza de su paso, a Ley de Movilidad Sostenible avanza en el Congreso. Este martes la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible constituye la ponencia que discutirá los primeros cambios al proyecto remitido por el Gobierno.
Sobre la mesa del Ejecutivo, que inició las reuniones con los grupos hace ya un par de semanas, hay casi 750 enmiendas. Y, como en la pasada legislatura, la regulación que afecta al sector del autobús se ‘come’ buena parte del protagonismo en torno a la ley.
¿Qué propone cada formación al respecto? Demócrata revisa las enmiendas registradas por los grupos para alterar o complementar la propuesta del Gobierno.
Liberalización de rutas
El proyecto prevé la posibilidad de autorizar desde el Consejo de ministros la liberalización de rutas a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Transportes tiene a todos sus socios en contra: plantean la supresión de esta disposición ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG e incluso una de las formaciones del Ejecutivo, Sumar, que también se opone. Y, sin embargo, tiene números para aprobar la medida, amén del aval del PP.
Los ‘populares’ también defienden enmienda a este artículo, pero respetando su contenido fundamental. Sólo apuntan a que la autorización deba hacerse antes de establecer obligaciones de servicio público o de publicar los pliegos de contratos de los servicios que puedan verse afectados.
Cabotaje
La posibilidad de que empresas que operen en trayectos internacionales puedan ofertar traslados en rutas dentro del país es una de las novedades que puede contemplar la futura Ley de Movilidad Sostenible.
La iniciativa Viaja Más en Autobús, una plataforma integrada por empresas, patronales y organizaciones sociales para defender la liberalización de las rutas, señala que, pese a existir un reglamento europeo que lo prevé (Reglamento 1073/09), el cabotaje no ha sido posible.
Esta norma prevé que sólo pueda impedirse de forma excepcional si el propósito de la línea no es internacional o si afecta a la viabilidad de otro servicio que opere bajo un contrato de obligación de servicio público. Hasta ahora, toda solicitud de cabotaje ha sido rechazada.
Sumar, Bildu y BNG prevén una nueva disposición en el artículo dedicado al servicio de transporte público regular de personas por carretera de competencia estatal (art. 49)
Su propuesta es la misma: permitir a los operadores de rutas internacionales de la UE ofrecer traslados nacionales dentro de su ruta, con el límite máximo del 49% de todos los pasajeros transportados.
La enmienda no está suscrita por ERC, que acompaña a estas formaciones en muchas otras propuestas a la ley pero no en esta, por entender que es un debate que debe abordarse más adelante, una vez se renueve el sistema de concesiones actual.
Tampoco propone cambios el PP, pese a que en los primeros compases de legislatura se mostró favorable a ello.
Quien sí registró enmienda en este sentido, pero decidió retirarla antes de empezar a discutirla, fue Junts, que propuso un nuevo artículo con medidas para maximizar el uso de plazas de autocares y autobuses.
Entre ellas se encontraba el cabotaje, en este caso sin límite, y también la posibilidad de comercializar separadamente plazas sobrantes en servicios discrecionales contratados para el transporte de grupos.
Nuevo mapa concesional
La elaboración del nuevo mapa concesional y sus características es uno de los puntos que más aportaciones concita.
Las enmiendas complican la hoja de ruta prevista por el Gobierno para realizar la transición hacia un nuevo mapa.
El PP quiere establecer por ley la intervención de la Conferencia Sectorial de Transportes –para la cual prevé el desarrollo de mecanismos para la toma de decisión y la resolución de conflictos—y, si el Ministerio quiere transferir tráficos a las comunidades autónomas, deba acordar los detalles con cada una de ellas.
Los ‘populares’ también plantean asegurar un mecanismo que asegure a las comunidades autónomas la cobertura de todos los costes derivados de asumir tráficos que hasta ahora eran competencia estatal.
Por otro lado, Sumar propone la supresión de la obligación contemplada en el artículo 49.3 de que las paradas intermedias de los servicios estatales se ubiquen, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario y que estén conectadas con otros nodos.
También ERC exige que los cambios de origen, paradas o destino se haga con acuerdo, en este caso con comunidades y ayuntamientos , y si la comunidad prevé un origen o destino diferente no esté obligada a compensar al operador, como propone ahora el proyecto.
Vox tampoco quiere que las rutas del mapa concesional deban tener, de forma general, origen y destino en capitales de provincia, y propone suprimir las citadas compensaciones por propuestas alternativas o las exigencias de conectividad al diseñar paradas.
El BNG busca garantizar explícitamente en este punto que en ningún caso se recomendará la eliminación o reducción de paradas en estas líneas, que la elección de cada parada se establezca en relación a las características de cada comunidad, y que deba consultarse a estas administraciones.
Litigiosidad en la licitación de concesiones
Finalmente, Junts entra en la cuestión por otro de los puntos ‘calientes’ en el sector del autobús: la elevada litigiosidad que históricamente ha caracterizado las licitaciones de los contratos de concesión.
La propuesta de los de Carles Puigdemont es, en este sentido, clarificar la procedencia de recurrir las licitaciones a través de la figura del recurso especial en materia de contratación, previsto en la Ley de contratos del sector público.
Todo ello ante los contradictorios pronunciamientos judiciales, inadmitiendo en muchos casos recursos de este tipo por entender que el procedimiento previsto en la normativa europea no se corresponde al que regula la Ley de contratos, y que la única vía de impugnación es la jurisdicción contencioso-administrativa