La nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero avanza en el Congreso. Este jueves se examina ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras superar el martes su fase de ponencia en una sola sesión.
El proyecto llega a la Comisión tras el rediseño de su tasa de financiación, que castigará a las entidades más sancionadas por la nueva autoridad, y concentrar en una sola jurisdicción, la civil, los recursos a las resoluciones de la nueva autoridad.
Estos cambios habían sido planteados por el Ministerio de Asuntos Económicos a PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT en las reuniones celebradas a finales de abril, de cara a preparar la tramitación parlamentaria de la iniciativa y asegurar los apoyos a esta norma.
Otros cambio pactado entonces con la oposición y ya incluido en la norma es la exclusión de las grandes empresas del sistema de reclamaciones, ya que sólo podrán acudir a la nueva Autoridad como clientes financieros pymes y microempresas, de acuerdo a la definición contemplada en la normativa europea.
También asegurar a las entidades sujetas al sistema de resolución de conflictos la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de resoluciones no vinculantes desfavorables o que no sean aceptadas.
Inspecciones de incógnito
Además, la ponencia aprobó la inclusión de una enmienda transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT para ampliar las funciones supervisoras del Banco de España y habilitar inspecciones de incógnito en las propias sucursales de las entidades.
La propuesta autoriza al personal del supervisor a verificar y obtener evidencias en sus oficinas sin avisar previamente ni revelar su condición de trabajador del Banco de España para comprobar el cumplimiento de la normativa bancaria y las prácticas de mercado llevadas a cabo en la comercialización y contratación de productos y servicios bancarios.
También se habilita al supervisor a delegar en un tercero la realización de este tipo de informes actuando de incógnito ante los bancos, sin revelar su actuación por cuenta de este organismo. Sin llegar a mencionar su contratación, la enmienda aprobada habilita a «solicitar la colaboración de expertos» para la elaboración de estos informes.
Una enmienda de la que el PSOE retiró su firma
Esta enmienda fue planteada a finales de abril por PSOE y Unidas Podemos, junto a una serie de medidas para asegurar la atención presencial en todos los municipios. Por ejemplo, obligaba a las entidades a garantizar un mínimo de dos días de atención presencial, bien en oficinas propias u otros establecimientos abiertos al público, con un horario específico para la atención prioritaria de personas mayores.
Sin embargo, días más tarde el PSOE dio marcha atrás y, sin avisar a su socio, retiró su firma de esta enmienda, al igual que de otras que obligaban a otras entidades financieras, como aseguradoras, empresas de servicios de inversión y gestoras de planes de pensiones.
Desde el PSOE justificaron esta decisión en que su registro respondía a un error propio de las prisas por entregar las enmiendas, ya que no contaban con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos. La nueva enmienda aprobada no incluye el detalle de la atención presencial, más allá de una obligación a asegurar la disponibilidad de canales presenciales y atención personalizada.
Se mantiene el umbral de 20.000 euros
Lo que no ha cambiado en ponencia es el umbral de 20.000 euros en las reclamaciones para distinguir entre resoluciones vinculantes de la autoridad sobre conducta y cláusulas abusivas. A partir del mismo serán no vinculantes.
Tampoco se mueve el Gobierno en la inclusión del cliente potencial, que podrá acogerse al proceso de reclamaciones pese a la propuesta de dejarlo únicamente para los casos en los que los bancos rechazaran el acceso a las cuentas de pago básico. En este punto, el departamento de Calviño pone el ejemplo de los incumplimientos en ofertas vinculantes, que afectaría a personas que todavía no son clientes.
La reforma de la CNMC
Finalmente, el proyecto ha incorporado en sus términos las enmiendas planteadas por el Gobierno, como la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que entre otras cuestiones eleva a 400.000 euros a los directivos por participar en un cártel.
Los cambios también amplían a dos años los plazos de las investigaciones del supervisor, agilizan las concentraciones y permiten la reducción de multas a las empresas investigadas si admiten su responsabilidad.