El Congreso asistirá hoy martes a un nuevo intento por regular la garantía de servicios financieros en todo el territorio. En esta ocasión, una proposición de ley enviada el pasado junio por el Parlament de Catalunya.
La propuesta busca reconocer el derecho a acceder a los servicios bancarios a través de un cajero automático de proximidad, con independencia del municipio de residencia; fija un mínimo de operaciones disponibles y desarrolla un mecanismo de adjudicación entre las entidades para la instalación de cajeros.
Así, se prevé un proceso de instalación voluntaria de cajeros por parte de las entidades y, en caso de que no haya propuestas para municipios o barrios declarados en riesgo de exclusión financiera, un procedimiento de instalación obligatoria.
Instalación voluntaria, obligatoria o subsidiaria
La asignación de cajeros se realizaría en función de la cuota de mercado a nivel provincial, computada a partir del volumen de depósitos, préstamos y anticipos, y la proximidad con otros cajeros propios. Y el rechazo estaría tipificado como infracción grave, a efectos de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que prevé para este tipo de infracciones una multa de hasta 5 millones de euros.
Otra vía prevista es la instalación a través de ejecución subsidiaria, con la licitación de contratos para poner en marcha los cajeros, con la cobertura de todos los gastos por parte de un fondo de garantía a partir de las aportaciones de las propias entidades.
La norma prevé una cláusula de escape, ya que permite a las entidades la posibilidad de cumplir las obligaciones de la ley con un servicio de cajeros móviles, atendiendo a la ubicación de los municipios y los gastos derivados de instalación y mantenimiento. En estos casos, que la ley no llega a definir, la norma exige este servicio un mínimo de tres días semanales y en el horario de apertura aplicado a los clientes.
Una propuesta debatida la pasada legislatura
El Congreso ya tramitó esta iniciativa la pasada legislatura, impulsada por Junts en el Senado. La propuesta llegó a la Cámara Baja en mayo de 2022, pocas semanas antes de su aprobación por parte del Parlament, y ahora ha sido rescatada por el grupo liderado por Miriam Nogueras.
De hecho, al adelantarse a la proposición del Parlament que debatirá el Congreso este martes, la iniciativa de Junts no recoge cambios aprobados por la Cámara catalana. Es el caso de la extensión de las obligaciones de instalación de cajeros a barrios en riesgo de exclusión bancaria, y no sólo a municipios desatendidos.
Tras ser tomada en consideración por el Senado, el Congreso cerró el plazo para registrar enmiendas a finales de septiembre, coincidiendo con el proceso de negociación del Gobierno con las entidades financieras para asegurar la atención presencial de la banca en todos los municipios.
Tanto el PSOE como el PP plantearon entonces con sus enmiendas la posibilidad de que las entidades pudieran llegar a acuerdos con Correos o prestar los servicios a través de oficinas móviles para cumplir con las exigencias de la ley, suprimiendo toda disposición sobre la instalación obligatoria de cajeros. El PSOE, de hecho, rebautizaba la iniciativa para que, en lugar de reconocerse el derecho a contar con un cajero, el derecho fuese acceder al dinero en efectivo.
La vía del Gobierno: negociar, no legislar
Pocos días después, las patronales bancarias acordaron una serie de pasos para asegurar la atención presencial, pese al imparable proceso de cierre de oficinas y cajeros, en aquellos municipios sin acceso a servicios financieros.
Para los municipios de más de 500 habitantes, el compromiso es ofrecer el servicio a través de una oficina, un cajero, pero también con oficinas móviles o agentes financieros. Y en los municipios más pequeños, el compromiso de la banca pasa por garantizar el acceso a dinero efectivo a través de acuerdos con terceros, ayuntamientos o comercios, o incluso a través de carteros rurales.
El acuerdo responde a la estrategia llevada a cabo por el Gobierno en los últimos años de tratar de pactar las medidas con las entidades en lugar de establecer obligaciones legales. Una línea similar a la del código de buenas prácticas, cuyas condiciones –pactadas con las entidades– son de obligado cumplimiento, pero su adhesión es voluntaria.
En su comparecencia esta misma semana en el Congreso, el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendía esta vía como un modelo efectivo, asegurando que apenas quedaban ya municipios sin ningún tipo de servicio financiero. Y subrayaba que no existía una solución única para acabar con la exclusión, sino que esta debía responder a las especificidades y necesidades de cada población.
Según los datos del Observatorio de Inclusión Financiera, entidad impulsada por la banca para hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las propias entidades, de los 243 municipios de más de 500 habitantes que a finales de 2021 no tenía ningún tipo de acceso presencial a servicios bancarios –ni oficina, cajero, ni agente u oficina de Correos–, a 30 de septiembre ya sólo quedaban 85 localidades en esta situación.