A última hora, y con una enmienda ‘in voce’, el Congreso ha modificado la Ley General de Subvenciones y permitir la participación de empresas morosas en licitaciones de fondos públicos, incluso en procedimientos ya en marcha. Las empresas podrán solicitar los fondos y después acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago (60 días), e incluso contar con hasta un 10% de sus facturas fuera de plazo sobre el total de sus pagos a proveedores.
La enmienda también permite, por otro lado, que industrias excluidas de fondos públicos por incumplir los plazos legales que marca la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad puedan acceder a la línea de ayudas de 450 millones de euros para compensar el encarecimiento del gas natural, aprobada a finales de 2022. Estas empresas tendrán seis meses para acreditar su cumplimiento.
Ambas reformas se han introducido en una enmienda al proyecto de ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que este jueves se ha examinado ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La enmienda, a la que ha tenido acceso Demócrata, ha sido registrada con la firma de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, PNV y PDeCAT.
A esta sesión de Comisión el Gobierno ha llegado con varias reformas ajenas al contenido de la ley. Alguna, como el acceso de empresas morosas a fondos públicos, planteada a los grupos en la noche del miércoles.
El PP duda de su constitucionalidad
Sin embargo, al ser ‘in voce’, requería el plácet de todos los grupos, aval al que el PP se ha resistido en un principio por cuestionar su viabilidad. Y es que la propuesta altera el régimen de procedimientos que ya se han iniciado.
Varios diputados ‘populares’ han trasladado sus dudas por una medida que podía perjudicar a otras empresas cumplidoras, o no beneficiar a otras que, asumiendo que no cumplían las condiciones, no han solicitado los fondos.
El receso previo a las votaciones se ha alargado hasta casi una hora por las dudas sobre la constitucionalidad de la medida, y consultas de los diputados del PSOE con los equipos técnicos de los ministerios implicados.
El PSOE plantea retirarla en una corrección si no es viable
El compromiso trasladado por el PSOE a la oposición ha sido que, de confirmar estas dudas durante esta semana, la enmienda sería anulada en el Pleno del Congreso como una corrección técnica.
Los ‘populares’ han aceptado la inclusión de la enmienda en las votaciones, pero con la condición de poder votarlas por separado. De hecho, han apoyado la parte que flexibiliza las condiciones de acceso a los fondos públicos, pero han votado en contra de la disposición transitoria que permite la flexibilización en procedimientos ya iniciados.
Bastará con cumplir en el 90% de las facturas
En el caso de la Ley General de Subvenciones, la enmienda aprobada flexibiliza el acceso de las empresas que incumplen los plazos legales de morosidad (60 días) al posponer la acreditación de su cumplimiento hasta una vez se ha iniciado la convocatoria, y además permite el acceso a las ayudas a empresas morosas.
A partir de la reforma, se entenderá cumplido el requisito exigido respecto a la morosidad cuando la empresa esté al día en el 90% de sus facturas pagadas sobre el total de sus pagos a proveedores. O lo que es lo mismo, podrán acceder a ayudas públicas empresas con hasta el 10% de sus facturas fuera de plazo (más de 60 días).
Prohibición de la Ley ‘Crea y crece’
La prohibición de acceso a fondos públicos para empresas morosas fue introducida en la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, la conocida como ‘Crea y crece’, aprobada en septiembre del año pasado.
Esta ley modificó la Ley General de Subvenciones para impedir que una empresa incumplidora de los plazos de morosidad (60 días) pudiera ser beneficiaria de subvenciones de más de 30.000 euros. Para acreditar su cumplimiento se contemplaba la presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas o, para las empresas que no pudieran hacerlo, una certificación emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
La reforma aplaza la acreditación a partir de que se notifique la propuesta de resolución provisional a quien se proponga como beneficiario, o al requerimiento previo a la propuesta de resolución definitiva, en un plazo de 10 días.
Sin embargo, en caso de no obtener a tiempo la certificación, bastará aportar el justificante de haber solicitado esta acreditación, debiendo de presentar la misma una vez se obtenga, antes de la resolución de la concesión.
Con una nueva disposición transitoria, la reforma permitirá que esta medida se aplique a los procedimientos de concesión de subvenciones pendientes de resolución, sin necesidad de cambiar las bases reguladoras de la concesión.
Ayudas a la industria
En el caso de las ayudas a las industrias gasintensivas, la enmienda contempla otra disposición transitoria para permitir que industrias que no cumplan los plazos legales de pago puedan acceder a esta línea de ayudas, dotada con 450 millones de euros.
Los requisitos para el cumplimiento de los plazos máximos de pago serán exigibles a los seis meses del cobro de la subvención. En caso de incumplir el plazo, la empresa beneficiaria deberá reintegrar toda la subvención recibida.