Adoptar medidas para frenar la escalada en los precios de los alimentos es una de las reclamaciones políticas en los últimos años. La vía fiscal fue planteada por vez primera por Podemos, tras anunciar Pedro Sánchez dos nuevos gravámenes a energéticas y banca en el Debate sobre el estado de la nación.
Los ‘morados’ propusieron entonces un recargo en el Impuesto sobre Sociedades a los grandes supermercados, a los que atribuían la responsabilidad de encarecer los precios por su poder de mercado. Ni esta, ni cualquier medida de intervención en los precios, fueron aceptadas.
El impuesto no llegó a ser más que una idea, pero la propuesta tiene ahora continuidad por parte de Sumar con una naturaleza distinta. No se aplicaría sobre los beneficios de las cadenas, tampoco sólo a estas empresas y su gradualidad no dependería de su tamaño. Es más, su objetivo no es siquiera recaudar, sino que precisamente el escenario ideal pasaría por no recaudar ni un céntimo.
Gravamen, no impuesto
Para evitar cualquier incompatibilidad en la normativa tributaria, Sumar propone la figura de la prestación patrimonial pública no tributaria utilizada para los gravámenes a banca y energéticas –estas dos figuras se convertirán precisamente en impuestos tras el acuerdo del Gobierno con el PNV–.
Otra de las ventajas de estas figuras es la de su simplicidad normativa, lo que imposibilita que los operadores puedan aplicar fórmulas de ingeniería fiscal para rebajar su cuota, salvo que se contemplen en ellos exenciones o incentivos como el que se prepara ahora para el energético.
Y, al igual que en los gravámenes a banca y energéticas, la recaudación se dirigiría a financiar ayudas públicas para aliviar las consecuencias del encarecimiento de los precios de los alimentos en hogares vulnerables.
Empresas de toda la cadena que facturen más de 100 millones
Estarían sujeto al gravamen todas las empresas que integran la cadena de producción y distribución, incluidas las de transporte frigorífico de alimentos, que hayan facturado más de 100 millones de euros en el último año en España.
Pese al foco puesto en las cadenas de distribución, Sumar advierte de que el mayor ensanchamiento de los márgenes empresariales se están registrando en otras fases de la cadena, en intermediarios anteriores a la venta de los alimentos en los supermercados.
La situación es especialmente intensa en el comercio mayorista de materias primas agrarias y animales vivos. Entre 2019 (antes de la pandemia) y 2023 este subsector ha aumentado su margen empresarial (resultado bruto sobre ventas) en 15 puntos, frente al aumento de casi medio punto en el comercio minorista de alimentos o el descenso de un punto en el mayorista.
Es decir, hay subsectores en los que las empresas no han aumentado sus márgenes, sino que incluso lo han estrechado respecto a antes de la pandemia y otros en los que se ha disparado.
Sumar destaca que el proceso inflacionista responde al traslado de costes energéticos y de materias primas a los precios. Pero que, una vez estos han caído, se observa cierta rigidez a la hora de ajustar el descenso en los precios. Un comportamiento propio de un mercado poco competitivo, alega, que justifica la introducción de este gravamen, ya que creen que permitiría penalizar y corregir estos «comportamientos abusivos y anticompetitivos».
Sólo se activaría si los márgenes han aumentado
La propuesta supondría, al igual que en los gravámenes a energéticas y banca, aplicar un tipo reducido sobre el importe neto de la cifra de negocios, pero en esta ocasión de forma gradual: tres niveles en función del comportamiento de su margen empresarial.
Y sólo se aplicaría si el margen empresarial ha aumentado entre 2024 y 2019, por lo que las empresas que no han salido beneficiadas durante la crisis quedarían exentas.
En el caso de que el margen empresarial de 2024 sí fuese superior al de cinco años antes, el gravamen se activaría y el tipo a aplicar sobre su cifra de negocio sería del 0,6%.
Y si el margen fuese superior, pero en lugar de reducirse en el último año con la bajada de costes de energía, sino que hubiera seguido creciendo, el tipo se multiplicaría por dos hasta el 1,2%.
Corregir abusos, no recaudar
Este diseño, esgrimen desde Sumar, permitiría castigar «comportamientos abusivos» de las empresas de manera gradual y beneficiaría al funcionamiento del mercado al suponer un incentivo a los comportamientos competitivos.
Su finalidad es precisamente esa: corregir abusos de mercado al reconducir la desviación de los márgenes y, por ende, el encarecimiento de los alimentos.
Aseguran que, lejos de una vocación recaudatoria, precisamente el escenario ideal sería que el gravamen no llegara a activarse en la medida que los operadores estarían ajustando sus márgenes.
La propuesta de Sumar es que el impuesto comience a devengar en 2024 y que exista un pago a cuenta en febrero de 2025 y la liquidación definitiva del gravamen en julio de ese año.