En plena carrera hacia la cita electoral del próximo 28 de mayo, el Ministerio de Asuntos Económicos quiere aprobar este mismo mes en el Congreso y enviar al Senado el proyecto de ley para la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero.
Es más, ya tiene fijado un calendario para ello y así lo ha transmitido al resto de grupos de la comisión competente: ponencia el día 9 de mayo, Comisión el día 11 y aprobación por el Congreso en el Pleno de la semana siguiente, el día 18.
Estas son las fechas trasladadas por el PSOE en la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos del pasado martes, antes siquiera de haber iniciado la ronda de reuniones con los grupos para debatir sus propuestas, al menos con la gran mayoría.
La osadía no parece que vaya costarle caro. Tras la ronda de reuniones convocada por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, y a falta de aterrizar en el papel parte de las propuestas, en la oposición celebran los avances logrados.
Rediseño absoluto de la tasa
La tasa que pagan las entidades para financiar esta entidad, principal queja de las entidades y del Banco de España primero, y de grupos como PP, Ciudadanos, PNV o PDeCAT después, ha sido totalmente rediseñada, según apuntan varias fuentes parlamentarias a los que el Gobierno ha presentado su propuesta.
La cuantía fija de 250 euros por reclamación derivada –independientemente de si después la entidad gana o pierde el caso– desaparece, para calcularse en relación a los gastos que genere a la entidad. Además, se pondera en el reparto de entidades un 40% en función del total de reclamaciones recibidas y un 60% el volumen de reclamaciones perdidas, castigando así a las entidades con peores prácticas.
Una sola jurisdicción
También se da solución a uno de los riesgos advertidos por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Asociación Española de Banca (AEB): la doble jurisdicción civil/contencioso-administrativa para resolver las resoluciones de carácter no vinculante y vinculante, respectivamente.
La patronal y la CNMV llegaron incluso a advertir del riesgo de inconstitucionalidad. Conscientes del riesgo de que la norma pudiera acabar naufragando años después en los tribunales –la banca lo ha hecho saber así en el propio Congreso a diputados de la Comisión–, el Ejecutivo ha preferido no correr riesgos.
Todas las resoluciones, en caso de recurrirse, tendrán cauce en la jurisdicción civil, aunque en el caso de las resoluciones vinculantes se prevé un procedimiento por escrito y no con vista, que será potestativa.
En este punto, varios de los diputados consultados destacan el papel que juega el equipo del ‘número dos’ de Calviño, abogados del Estado como la subsecretaria de Economía, Amparo López Senovilla, o el secretario general técnico. En el Ministerio analizan también el acceso al recurso de casación para unificación de doctrina en el Tribunal Supremo.
Las grandes empresas no podrán acudir a la autoridad
Otro aspecto que se estudia es la paralización de los procedimientos una vez se plantee reclamación. El PP o el PDeCAT habían alertado de situaciones en las que, simplemente para paralizar un procedimiento por impago, se recurriera a la Autoridad. A falta de articular una solución, el compromiso de Economía es atender a esta cuestión, confirman ambos grupos.
Desde Ciudadanos, además, celebran la limitación del ámbito subjetivo de la ley, ya que la definición de cliente que contempla el proyecto da cabida a cualquier empresa, incluidas grandes corporaciones. La idea ahora es limitarlo a particulares y pymes, excluyendo a grandes empresas.
También existe un compromiso para facilitar el acceso a las cuentas de pago básicas y atajar cualquier complicación derivada de la documentación requerida para poder abrirla en una entidad cuando el interesado no cuenta con DNI o NIE.
Cliente potencial y umbral de resolución vinculante
Lo que no cambiará, o al menos así lo ha trasladado el Gobierno a los grupos esta semana, es el umbral de 20.000 euros para las resoluciones vinculantes de la autoridad sobre conducta y cláusulas abusivas –a partir del mismo, serían no vinculantes–.
Pese a que en la oposición esgrimían los cálculos del Banco de España acerca de que el 90% de reclamaciones no alcanza los 1.000 euros, en Economía replican que esto no es así en el sector asegurador, con un importe medio en la reclamación muy superior.
Tampoco se mueve el Gobierno en la inclusión del cliente potencial, que podrá acogerse al proceso de reclamaciones pese a la propuesta de dejarlo únicamente para los casos en los que los bancos rechazaran el acceso a las cuentas de pago básico. En este punto, el departamento de Calviño pone el ejemplo de los incumplimientos en ofertas vinculantes, que afectaría a personas que todavía no son clientes.
El papel del ‘número dos’ de Calviño
Pese a estos últimos puntos, y con la debida reserva por no tener el texto definitivo y comprobar el resto de acuerdos, en Ciudadanos y PDeCAT avanzan su voto positivo a la norma. Ven resueltas sus principales dudas tras la reunión con el secretario de Estado. Un sentir parecido en las filas ‘populares’, que no descartan apoyar la norma a la que, como mínimo, se abstendrán.
Todos ellos destacan la voluntad de García Andrés por escuchar propuestas, llegar a acuerdos y, como mínimo, justificar debidamente el rechazo a las alternativas de la oposición.
A ellos es más que probable que se una el PNV: el Gobierno ha ‘comprado’ buena parte de sus propuestas para la tasa y la doble vía judicial.
La atención presencial, en el aire
Más fríos se muestran desde ERC, que esperan seguir negociando con el Gobierno y avanzar más en cuestiones sobre la atención presencial que había pactado en un primer momento con los socios de Gobierno para retirar su enmienda a la totalidad.
Estas cuestiones quedan por el momento en el aire, una vez que el PSOE retiró la firma de sus enmiendas con Unidas Podemos para exigir a las entidades al menos dos días de atención presencial, bien en establecimientos propios o a través de otros.
No es la única enmienda afectada por el ‘arrepentimiento’ del PSOE, que excusó el movimiento en las prisas a la hora de dar el visto bueno a las enmiendas, ya que no contaban con el visto bueno de Asuntos Económicos. También cayó otra para propiciar inspecciones sorpresa por parte del Banco de España, haciéndose pasar por cliente en las entidades.