No será en el Congreso donde se dirima la batalla por los intereses de demora. O al menos no en el proyecto de ley sobre cooperación de la administración fiscal. La propuesta del PP para impedir su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando los abone la Agencia Tributaria ha sido vetada por el Gobierno.
En virtud de la potestad reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución para vetar cualquier iniciativa que suponga aumento de gasto o disminución de ingresos presupuestarios, el Ministerio de Hacienda comunicó al Congreso su disconformidad para tramitar esta enmienda. Calcula un recorte en los ingresos de 56 millones de euros.
Pese a que las enmiendas se registraron el pasado 8 de marzo, el veto fue comunicado el martes por la noche, a menos de 24 horas de la sesión de ponencia convocada para empezar a discutir las enmiendas a esta trasposición de la directiva conocida como DAC 7.
PSOE y Unidas Podemos aprobaron la exclusión
Conocido el veto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el popular Eloy Suárez Lamata, convocó una reunión de la Mesa de la Comisión para decidir sobre este veto. El criterio de la Secretaría General del Congreso, según informan fuentes parlamentarias, es someter a votación de la Mesa la decisión de vetar o no las enmiendas.
Basándose en cinco sentencias del Tribunal Constitucional sobre el alcance de los vetos del Gobierno para sus informes, el letrado considera que no basta con que el Ejecutivo prevea una reducción de ingresos, sino que debe acreditarlo.
El PSOE y Unidas Podemos controlan todas las mesas de comisión salvo las presididas por otra formación ‘amiga’, como la de Industria (ERC) o Agricultura (PNV). Hicieron valer su mayoría: 3 a 2.
Sin embargo, los diputados del bloque del Gobierno aprobaron la exclusión de la enmienda pese al criterio negativo del letrado de la Comisión, Manuel Fernández-Fontecha, que advirtió de su disconformidad con el veto.
Antecedentes contrarios al veto
No era la primera vez. Recordó el criterio ya planteado en dos informes emitidos en junio y septiembre de 2022, tras el veto del Gobierno a enmiendas durante la tramitación de otra iniciativa, un proyecto de ley para modificar la Ley de Impuestos Especiales y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Basándose en cinco sentencias del Tribunal Constitucional sobre el alcance de los vetos del Gobierno para sus informes, el letrado considera que no basta con que el Ejecutivo prevea una reducción de ingresos, sino que debe acreditarlo. Y entiende que únicamente pueden vetarse enmiendas que afecten a un Presupuesto en vigor, no futuros.
Aunque en esta ocasión el letrado alegó que no había podido elaborar un informe, recordó estos argumentos para justificar su oposición al último veto. En el escrito remitido al Congreso, el Gobierno especificó las dos partidas presupuestarias afectadas.
Si no tributaban, ¿cómo podían estar presupuestados?
Sin embargo, el portavoz del PP en la Comisión, Gabriel Elorriaga, pone en duda esta afectación y que se presupuestaran estos ingresos, ya que hasta enero la doctrina del Tribunal Supremo era, precisamente, que estos intereses de demora fruto de un litigio con la Agencia Tributaria estuvieran fuera del alcance del IRPF.
Un criterio modificado el pasado mes de enero, cuando el Alto Tribunal fijó que los intereses abonados por la Agencia Tributaria sí tienen consideración de ganancia patrimonial y, por tanto, están sujetos y no exentos a tributar.
La ley se aprueba este miércoles
La enmienda, en todo caso, está ya fuera de la tramitación. Y la iniciativa, lista ya para su último examen en el Congreso antes de ser aprobada y enviada al Senado el próximo miércoles 29 por la Comisión de Hacienda.
La norma ya incorpora las propuestas del PSOE y Unidas Podemos para simplificar en el Congreso la corrección de errores en el pago de impuestos y obligar a las empresas a detallar quién es su titular real.
Además, el Ministerio de Hacienda ha aprovechado la tramitación de la norma para habilitar a la Agencia Tributaria para exigir la información contable en el marco de una comprobación limitada.