El Gobierno ha recuperado su intención de regular la titularidad de la gestión de los servicios de Salud. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que se ha sacado a Consulta Pública previa el Proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo sería limitar las privatizaciones y mejorar los procedimientos de transparencia y control de los contratos.
La pasada legislatura el Consejo de Ministros aprobó la denominada ley Darias, llamada así por la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias. El texto tenía un propósito similar. Llegó al Congreso y fue tomado en consideración, pero quedó paralizado al calor de sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas por discrepancias entre el PSOE y su socio de Gobierno, Unidas Podemos, precisamente en el punto que la nueva propuesta pretende regular: las privatizaciones.
La principal diferencia de aquella ley de equidad sanitaria con el Proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud radica en que éste último únicamente percutiría sobre la titularidad de la gestión.
Del documento elaborado por el ministerio para la Consulta Pública no se desprende que se vayan a prohibir las privatizaciones sanitarias, sino a limitar y a controlar. A pesar de que Mónica García ha anunciado se dará un “portazo” a la ley 15/1997 elaborada por el Gobierno de José María Aznar, normativa que avala las privatizaciones, el documento habla de “limitación”, no de prohibición.
Del primer documento no se desprende que se vayan a prohibir las privatizaciones sanitarias, sino a limitar y a controlar.
Los objetivos de la nueva ley de gestión sanitaria serían limitar la gestión de los servicios públicos por parte de entes privados; mejorar la transparencia y el control de los modelos de gestión privada ya existentes; facilitar la reversión de la gestión privada hacia la gestión pública; y establecer que las prácticas de gestión pública se alineen con los objetivos de salud de la sociedad.
Los problemas de la gestión privada
Según el Ministerio de Sanidad, la gestión de servicios sanitarios públicos por parte de empresas privadas, en sus distintas formas, ha supuesto la entrada en juego de lógicas relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales.
Además, considera que los modelos de relación contractual abundan en problemas como la pérdida de la capacidad de control por parte de las administraciones públicas, la creación de sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa ha copado parte significativa del mercado de la gestión privada de centros sanitarios públicos, la incapacidad de las administraciones públicas de revertir decisiones de privatización tomadas por gobiernos previos y, por último, falta de transparencia en la liquidación de los pagos por parte de las administraciones a las empresas prestatarias de los servicios contratados.
Para lidiar con todos estos problemas, la cartera de Mónica García plantea establecer la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios; así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito y bajo qué condiciones.
Se pretende, de igual forma, introducir en el marco legislativo elementos relacionados con la integridad de la gestión del SNS y la prevención del fraude; y dar respuesta a la necesidad de reforzar normativamente diferentes aspectos relacionados con las garantías, el control y el seguimiento en materia de contratación en el SNS, aspectos que han tomado especial relevancia tras algunos casos de irregularidades ocurridos en los últimos años.
Cuestión de ambición
Socialistas y morados no lograron desencallar la entonces ley de equidad sanitaria por sus discrepancias con respecto a las privatizaciones. Mientras los primeros pretendían limitarlas, los segundos consideraban que no se habían de permitir y, además, lamentaban que tales limitaciones apenas tendrían impacto porque eran demasiado laxas. La última propuesta realizada por Unidas Podemos fue derogar la ley 15/1997 de Aznar para evitar futuras privatizaciones, pero no hubo respuesta.
Dado que la nueva iniciativa de gestión sanitaria aún se encuentra en fase de Consulta Pública previa se desconocen los detalles. Sin embargo, por la redacción del documento, Mónica García parece optar por “limitar” las privatizaciones y no “prohibirlas”, como sí querían los morados. La clave, por tanto, radicará en los márgenes que dibuje finalmente el proyecto de ley.