QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha registrado una enmienda al Proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil en sintonía con una alegación del Consejo Fiscal para que el personal investigador del organismo no pueda ser requerido por los órganos judiciales para realizar peritajes sobre casos que investigue o haya investigado.
El apartado 2 del artículo 27 del actual redactado abre la puerta a que, previa solicitud por parte de órganos judiciales, la Autoridad pudiera realizar informes. El organismo puede presentar alegaciones, pero será el tribunal el que adopte la decisión definitiva.
Artículo 27. Participación de personas adscritas a la Autoridad en procesos judiciales. 2. En el caso de solicitudes de informes periciales de la Autoridad por órganos judiciales, se aplicará lo previsto en el artículo 17.3 de esta ley, en cuanto a la posibilidad de que la Autoridad haga las alegaciones que considere oportunas, en los términos previstos en dicho precepto, con carácter previo a la realización del informe. A la vista de éstas, corresponderá al órgano judicial adoptar una decisión definitiva sobre la solicitud de informe pericial realizada.
El Grupo Popular considera que este punto viola uno de los elementos nucleares de la ley: la autonomía de la Autoridad. Por ello, proponen que la norma recoja expresamente que el personal investigador no pueda “ser requerido por los órganos judiciales para emitir informes periciales sobre accidentes o incidentes sobre los que investigue o haya investigado”.
Alegan que, si bien se ha de respetar lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Española sobre colaboración con la justicia, también se debe preservar la independencia de la investigación técnica. Además, recalcan en la justificación de la enmienda que “no debe vulnerarse el principio básico de que la finalidad de la investigación de la Autoridad no es atribuir culpabilidades”.
Artículo 118 de la Constitución. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto
Los populares hacen suya una alegación del Consejo Fiscal, que expuso que el perito judicial no debería participar por varios motivos. El primero, que difícilmente podría emitir una pericia al estar la mayor parte de los supuestos de accidentes o incidentes que investiga sujetos a una investigación técnica previa. En segundo lugar, el Consejo Fiscal cree que su pericial sería contraria al desarrollo independiente de su función. Por último, recuerdan que los informes de la Autoridad tienen un carácter técnico bien diferenciado y con fines distintos a las investigaciones judiciales.
Por el momento, no ha habido conversaciones entre socialistas y populares sobre este asunto, pero el Grupo Popular asegura a Demócrata que su intención es negociar durante la ponencia en el seno de la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que atesora competencia legislativa plena.
Sugerencias al Gobierno
Otra de las enmiendas registradas por el Partido Popular modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 31 con el objetivo de dotar a la Autoridad de una nueva función, la de proponer iniciativas y acciones para mejorar la seguridad.
Así, plantean que en la Memoria anual que deberá realizar el ente, incluyan propuestas al Ejecutivo y a las Cortes Generales, ya sean iniciativas, acciones o regulaciones, para mejorar la seguridad de los modos de transporte ferroviario, marítimo y de aviación civil.
Cabe recordar que en el artículo 12 del Proyecto de ley ya establece la posibilidad de trasladar recomendaciones a las instituciones. No obstante, se recalca que “no serán vinculantes”, un extremo que Unidas Podemos pretende cambiar mediante una enmienda para que todas las sugerencias sean vinculantes y, por tanto, deban ser absorbidas por las administraciones.
