QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para introducir enmiendas al Proyecto de Ley de Derecho de Defensa no solo para suprimir el uso de lenguas cooficiales ante la Justicia, uno de los puntos que más criticó durante su tramitación en el Congreso, sino para reforzar la protección de los profesionales de la abogacía y atajar el intrusismo laboral.
El próximo martes 24 de septiembre está citada la Comisión de Justicia del Senado para emitir el dictamen del Proyecto de Ley de Derecho de Defensa.
El paquete de enmiendas registradas por el Grupo Popular en el Senado incluye una modificación del artículo 14, relativo a las garantías del profesional de la abogacía, que obligaría al Gobierno a aprobar “instrumentos de protección y garantía” en el ejercicio de las funciones del turno de oficio por los profesionales de la abogacía designados para ello por el Colegio correspondiente.
También plantean modificar el artículo 21 para regular el amparo colegial. Los populares pretenden que la normativa recoja que la institución colegial, en garantía del derecho constitucional de defensa, ampare al profesional de la abogacía cuando sea perturbado en el ejercicio de su función.
El procedimiento de la declaración de amparo sería regulado por la institución colegial y su concesión, notificada al órgano, institución, juzgado o tribunal cuya actuación motivó la solicitud. Esto último, con el propósito de que se subsane la situación y, en su caso, se adopten las eventuales responsabilidades disciplinarias.
En este sentido, se añade que los abogados y abogadas son libres e independientes en su actuación ante los Tribunales, Fiscalía y Administraciones Públicas, gozando de todos los derechos inherentes a sus funciones y sin más límite que el manifestado por el defendido y el estricto cumplimiento de las leyes y normas de deontología profesional.
Asimismo, el PP quiere que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en el marco de la ordenación del ejercicio de la profesión, pueda dictar circulares interpretativas del código deontológico que incluirían criterios vinculantes en la resolución de los expedientes sancionadores.
Un nuevo Estatuto
El Grupo Popular en el Senado incluirá en el Proyecto de Ley de Derecho de Defensa que el Gobierno, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la nueva normativa, desarrolle el Estatuto jurídico de la abogacía y la procura del turno de oficio.
Intrusismo laboral
Otra de las enmiendas persigue modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que los Colegios Profesionales tengan la obligación de denunciar de manera inmediata los casos de intrusismo profesional.
La definición de “intrusismo profesional” descansa sobre el artículo 403 del Código Penal, que reza lo siguiente:
“El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses”.
Las penas oscilarían entre los seis meses y los dos años de prisión si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido; o si ejerciere en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.
Obligación de colegiarse
El PP incluiría un nuevo apartado en el articulado de la Ley de Colegios Profesionales para endurecer las sanciones. Proponen que en el supuesto en que una persona ejerza una profesión colegiada sin estar colegiado o mientras se ejecuta una sanción de suspensión, o vulnere una sanción administrativa o judicial de inhabilitación por incompatibilidad o conflicto de intereses; incurra en una falta grave.
Las multas oscilarían entre los 1.500 y 150.000 euros y la inhabilitación de uno a cinco años y afectaría tanto a profesionales como a empresas.
Lo esperado y algo más
El Partido Popular comparte algunas de las aristas que el Gobierno plasmó en el Proyecto de Ley de Derecho de Defensa. Sin embargo, la inclusión de artículos para garantizar el uso de lenguas cooficiales ante la Justicia inclinó la balanza hacia la abstención en la votación del dictamen en la Comisión de Justicia.
Como era de esperar, los de Alberto Núñez Feijóo se valdrán de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para, vía enmienda, suprimir los artículos que recogían tal derecho, y harán lo propio con el derecho a intérprete y/o traductor.
Por último, aprovecharán también para eliminar el servicio de asistencia jurídica a las personas privadas de libertad, esto es, reos; algo que sí que incluía la propuesta del Gobierno.
De igual forma, levantarían la exención a los sindicatos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones en el ámbito concursal. El proyecto de ley recogía que sus actuaciones gozarían del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciesen un interés colectivo en defensa de las personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social, y los populares lo eliminarán vía enmienda.
No obstante, los socialistas esperan que la mayoría del Congreso revierta todos estos cambios; aunque la experiencia ha demostrado que no siempre es así. Buen ejemplo de ello es la Ley de Enseñanzas Artísticas, que recibió el visto bueno definitivo de la Cámara Baja con algunos retoques del Senado, como el reconocimiento de nuevas disciplinas y la creación del Consejo de Estudiantes.
