El PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para cubrir en el sistema de seguros agrarios combinados cualquier amenaza sobre los ingresos de las explotaciones que escape al control del productor.
Un ‘seguro de estabilización de los ingresos’ que hasta su puesta en marcha se complementaría con líneas anuales de ayudas para explotaciones de sectores en crisis cuya continuidad se vea amenazada. Para sectores temporalmente afectados, el PP también propone la rebaja del IVA al tipo mínimo permitido aplicado a la energía y las materias primas que consuman las producciones.
La iniciativa reforma la Ley 87/1987 de seguros agrarios combinados para flexibilizar esta cobertura y estabilizar los ingresos de agricultores y ganaderos. Actualmente la norma contempla como riesgos las “variaciones anormales de agentes naturales”, pero la propuesta del PP habilita la cobertura de “los riesgos para los ingresos relacionados sobre los que el productor carezca de control”.
En su propuesta, los ‘populares’ defienden el seguro agrario combinado como “la herramienta más eficaz y adecuada para garantizar a los productores la posibilidad de reponerse tras un siniestro y la continuidad en su actividad”, pero consideran la necesidad de incorporar en ellos “los nuevos riesgos derivados de la variabilidad de los mercados” y así garantizar sus coberturas.
La medida, añaden, es consistente con el Reglamento europeo 2021/2115 que contempla el establecimiento de instrumentos de estabilización de ingresos en los planes de seguros como instrumento de gestión del riesgo.
Línea de ayudas transitoria a sectores en crisis
Hasta desarrollar este ‘seguro de estabilización de los ingresos’, el PP busca asegurar anualmente líneas de ayudas dirigidas a explotaciones de sectores en crisis cuya sostenibilidad y continuidad se vea amenazada, tanto por estar sometidos a costes elevados como por “ingresos percibidos muy inferiores a los costes normales de producción”.
El PP quiere que cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determine, con el acuerdo de las comunidades autónomas, los ámbitos y sectores “afectados por serias dificultades de mercado” y establezca las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales ‘de minimis’ (subvenciones de menos de 200.000 euros compatibles con el mercado europeo y que, por tanto, no requieren ser notificadas a la Comisión Europea).
Asimismo, propone asegurar la cobertura de sequía hidrológica en superficies de regadío en 2025, dentro del Plan de Seguros Agrarios Combinados.
La proposición de ley tiene origen en las propuestas recabadas por los ‘populares’ el pasado marzo en el Congreso, y que reunieron a asociaciones y patronales de toda la cadena agroalimentaria.
Fin a la prohibición de las quemas
Otra de las reformas planteadas es la de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para acabar con la prohibición establecida con carácter general de la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrícola o silvícola. Esta prohibición ya fue enmendada meses después de su aprobación para eximir a las pequeñas y microexplotaciones agrarias.
El PP esgrime que el tratamiento establecido para estos residuos supone un procedimiento diferente al establecido en la ley para el resto de residuos, por lo que defiende aplicar la jerarquía de residuos y admitir su posible eliminación como última opción cuando no hay otra posibilidad para su tratamiento.
Mercados de emisiones, reservas estratégicas y posición negociadora
Por otro lado, el PP también propone facilitar el acceso de las explotaciones a los mercados de derechos de emisión de CO2, con el fin de proporcionar una vía adicional de ingresos cuando estas producciones reduzcan su huella de carbono.
La proposición también obliga al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a reforzar el seguimiento de los mercados, con el fin de identificar amenazas, facilitar medidas correctoras, evaluar el impacto de los riesgos y anticipar la búsqueda de nuevos mercados en los que redirigir exportaciones.
Otra propuesta es la de promover la constitución de reservas estratégicas de alimentos básicos que garanticen la seguridad alimentaria en el país, medida que la proposición llama a estudiar con el fin de hacer frente a los problemas en los mercados agroalimentarios.
Finalmente, propone una serie de medidas para fortalecer la posición negociadora de los productores en la cadena agroalimentaria, como el fomento de la transparencia de los mercados, de las cooperativas y organizaciones de productores, apoyo a la venta directa y a productos ligados a las actividades agrícolas y ganaderas y de productos transformados y medidas contra el desperdicio alimentario en las primeras fases de la cadena de suministro.