El PSOE ha retirado su firma de las enmiendas con las que pretendía exigir al sector financiero (banca, pero también aseguradoras, empresas de servicios de inversión y gestoras de planes de pensiones) un mínimo de atención presencial. También de la enmienda que habilitaba al Banco de España a realizar inspecciones ‘sorpresa’ en las entidades, haciéndose pasar por cliente, o encargarlas a un tercero.
Según han confirmado a Demócrata fuentes de esta formación, el principal grupo de Gobierno de coalición ha solicitado en el Congreso retirar su firma a cinco de las enmiendas registradas al proyecto de ley por el que se crea la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero.
El PSOE pidió la retirada de su firma el pasado 30 de marzo, apenas nueve días después de registrarse las propuestas. Las enmiendas fueron registradas conjuntamente con su socio de coalición, Unidas Podemos, por lo que seguirán ‘vivas’ durante la tramitación de este proyecto de ley.
Sin embargo, el ‘desmarque’ del PSOE a estas enmiendas pone muy difícil su continuidad, ante la posibilidad de que ahora sean rechazadas por el grupo mayoritario de la Cámara.
El portavoz del PSOE ante la Comisión de Asuntos Económicos, Pedro Casares, ha explicado a Demócrata que el registro de las enmiendas junto con Unidas Podemos responde a un error, justificado por las prisas a la hora de presentar las propuestas.
En conversación telefónica desde Washington (Estados Unidos), donde asiste esta semana a un foro parlamentario organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el diputado del PSOE explica que aceptaron las enmiendas por error, sin contar con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos.
Desde el Ministerio que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño han declinado realizar valoraciones sobre la retirada de la firma y se remiten al Grupo Parlamentario Socialista.
En todo caso, Casares justifica la retirada de la firma en que las exigencias planteadas para las entidades financieras en las enmiendas ya están recogidas en los protocolos firmados por las entidades, y por tanto no ve necesidad de fijarlos de forma estructural por ley.
Concretamente, la enmienda planteaba exigir a los bancos garantizar atención presencial al menos dos días a la semana en todos los municipios, con un mínimo de 6 horas de atención al público cada uno de los días, bien en oficinas propias o en otros establecimientos abiertos.
También se contemplaba la necesidad de contar con un ‘gestor del mayor’, con formación y cualificación específica para la asistencia de personas mayores, con mínimo de atención preferente durante al menos tres horas diarias los días de servicio.
Por otro lado, el PSOE también rechaza extender estas medidas al resto del sector financiero. Las enmiendas también planteaban incluir estas exigencias al sector asegurador, las empresas de servicios de inversión y las gestoras de fondos con planes de pensiones. Casares esgrime que el problema de la atención presencial se ciñe a los servicios bancarios y, por tanto, el resto de garantías no serían necesarias.
La renuncia del PSOE a defender estas propuestas no fue comunicada a su socio de coalición, Unidas Podemos, con quien registró las enmiendas, ni tampoco a Esquerra Republicana (ERC), con quien adquirió un compromiso para incluir en este proyecto medidas sobre la atención presencial de la banca.
Es más, ERC registró enmiendas sobre la atención presencial del sector financiero exactamente en los mismos términos que PSOE y Unidas Podemos.
Estas enmiendas, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, habían sido pactadas también con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).
Tanto el portavoz de Unidas Podemos ante la Comisión de Asuntos Económicos, Txema Guijarro, como el de ERC, Joan Capdevila, desconocían la decisión del PSOE de retirar su firma y se han enterado esta semana en Washington, en la misma cumbre a la que han asistido con Casares.