El PSOE pretende modificar la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco, así como otras similares que ensalcen el franquismo o concurran en menosprecio y humillación hacia las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura. Además, se espera un próximo refuerzo del reconocimiento a las víctimas vía Real Decreto.
El Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de los Diputados a principios de septiembre una proposición de ley que, de concretarse, añadiría una nueva Disposición adicional quinta, de Disolución de asociaciones, a la Ley reguladora del Derecho de Asociación.
El texto establecería que, con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, así como de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra de España, o del franquismo.
La propuesta recoge que será causa de disolución de las asociaciones la realización de actividades que constituyan apología del franquismo.
La extinción se ejecutaría mediante resolución judicial. En los procesos abiertos, el órgano judicial competente, de oficio o a instancia de parte, podría acordar la suspensión provisional de la asociación hasta que se dicte sentencia firme. Correspondería al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos.
Los socialistas argumentan que la iniciativa es el resultado de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ya que insta a hacer frente a las organizaciones que difundan discursos de incitación al odio y a la violencia en espacios públicos.
Entre las medidas que recoge dicha normativa figura la Disposición adicional séptima, que precisamente, daba un plazo de un año -desde la entrada en vigor de la ley- para que el Gobierno modificara la Ley de Derecho de Asociación para justificar la disolución de este tipo de organizaciones.
Si bien el artículo 22 de la Constitución proclama en amplios términos el derecho de asociación, el Grupo Socialista entiende que el proceso de memoria impulsado mediante la ley del 2022 limita a las asociaciones, pues estas no pueden ser ajenas a los “procesos memorialistas”.
Reparación
En sintonía, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha lanzado una Consulta pública previa para urdir un Proyecto de Real Decreto sobre la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a quienes padecieron la persecución o violencia durante la Guerra de España y la posterior Dictadura.
El plazo para remitir las propuestas concluye el 24 de septiembre.
La Ley de Memoria promueve la reparación moral y la recuperación de la memoria de personal, familiar y colectiva de las víctimas, y según el Ejecutivo, su entrada en vigor en 2022 puso de manifiesto la necesidad de una nueva regulación para la declaración de reconocimiento y reparación.
Para ello, el proyecto de Real Decreto pretende actualizar el procedimiento para quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la posterior dictadura. Esta nueva regulación incrementaría la seguridad jurídica, unificaría la aplicación y mejoraría la coordinación entre las distintas administraciones.