QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El martes a las 10:45 horas la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible debatirá y votará el informe de ponencia del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. La iniciativa fue uno de los daños colaterales del terremoto Cerdán, puesto que el Gobierno se vio obligado a posponerlo hasta en dos ocasiones ante el riesgo de decaer, una amenaza que aún perdura por el rechazo de Podemos, que no tiene representación en la Comisión, pero sus votos serán clave cuando llegue a Pleno. Por lo pronto, el Ejecutivo no espera reveses importantes, aunque hay varias enmiendas que podrían incorporarse al texto. Muchas son las preguntas y Demócrata aporta respuestas.
¿Cómo llega el texto?
La norma llega muy trabajada. Durante la ponencia se han incorporado unas 140 modificaciones (más de un centenar de transaccionales y 35 enmiendas en sus términos).
Precisamente por llegar a la Comisión muy negociado, el PSOE ha solicitado a sus socios habituales que retiren sus enmiendas al proyecto de ley. Y si bien algunos grupos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se dan por satisfechos y han retirado todas sus enmiendas relativas a la invasión competencial, mantienen todas las relacionadas con el resto de asuntos.
La Comisión deberá evaluar unas 400 enmiendas vivas.
¿Cómo se ha solventado la invasión de competencias autonómicas?
Era una de las principales preocupaciones de los aliados del Gobierno. Para salvar el escollo, durante la ponencia se introdujeron disposiciones adicionales y otras modificaciones para evitar la invasión competencial.
Fuentes de EH Bildu consultadas por Demócrata señalan su particular preocupación a este respecto, pero al igual que ERC, consideran que las referencias a los territorios históricos, citando en concreto el País Vasco, han mejorado notablemente el modelo de gobernanza. “Nuestras aspiraciones se han visto cubiertas y entendemos que no tiene riesgo de invasión competencial ni de centralizar la gobernanza”, abundan desde la izquierda abertzale.
¿Qué enmiendas podrían prosperar?
Uno de los temas a los que los socios del Gobierno dan más importante es al fomento de las electrolineras, con especial atención a la carga ultrarrápida. Esperan que se introduzcan enmiendas para acelerar los trámites administrativos necesarios para el establecimiento de las estaciones de recarga cuya instalación esté pendiente en el territorio nacional. Asimismo, en el marco de este proceso, el Ejecutivo promoverá legalmente la diferenciación de las licitaciones específicas para electrolineras de aquellas destinadas a instalar estaciones de repostaje de combustibles fósiles. También esperan aprovechar las zonas infrautilizadas de las áreas de descanso, de servicio o peajes en desuso
De igual forma, cobran fuerza enmiendas de ERC relativas a la electrificación de puertos, a la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica e incluso la aprobación de coeficientes reductores para conductores profesionales.
Fuentes de ERC consultadas por Demócrata admiten que, aunque se han integrado ya muchas modificaciones que solicitaban, tienen enmiendas importantes sobre las que no pierden la esperanza, incluso de cara a la votación en Pleno, ya que las mantendrán vivas si no prosperan en Comisión, o incluso durante su tramitación en el Senado.
“Hasta el último momento podemos transacciona. Nosotros no perdemos la esperanza”, apuntan a este periódico desde el Grupo Republicano.
Entonces, ¿qué esperar de la Comisión?
Ningún socio habitual se opondrá al Proyecto de Ley, por lo que superará la votación de conjunto. La clave está en las enmiendas que puedan incorporarse. Así las cosas, según ha podido analizar Demócrata de conversaciones con los ponentes de la iniciativa, las cuestiones que más papeletas tienen son:
- Referencia a los objetivos vinculantes de mitigación.
- Electrificación de puertos.
- Plan de despliegue de puntos de recarga.
- Aumento de ambición en los planes de movilidad al trabajo.
Falta de ambición
No es un secreto que el Proyecto de Ley no termina de entusiasmar a las organizaciones ecologistas, ni sacia las demandas de algunos grupos como ERC, EH Bildu o el propio socio minoritario del Ejecutivo, Sumar.
Consideran que hay muchas luces, pero también sombras. Admiten que se han conseguido cuestiones interesantes como la inclusión específica de objetivos vinculantes de mitigación para el sector, el aumento de ambición en los planes de movilidad a los centros de trabajo, el mandato de revisar las etiquetas medioambientales de la DGT, concreciones en el impulso de la electrificación de los puertos, mejoras en el fondo estatal que se crea, o el mandato de hacer un plan de despliegue de puntos de recarga.
Por el contrario, ven asignaturas pendientes porque no se ha avanzado en la propuesta de creación de un Fondo de carbono, una definición más detallada del destino del dinero recaudado por los derechos de emisión o las mejoras propuestas sobre la interoperabilidad y la intermodalidad.
Puntos clave y ejes de la norma
Una de las últimas novedades del proyecto de ley es la retirada del texto por parte del PSOE de una enmienda transaccionada junto con Junts que incluyeron durante la ponencia relacionada con la financiación con dinero público a la organización del Mobile World Congress de Barcelona. Sumar y ERC advirtieron que lo rechazaban de plano y los socialistas, finalmente, la suprimieron.
El PSOE se cierra en banda a cualquier cambio sustancial en lo relativo a planes de movilidad. Así las cosas, se exigirán únicamente a empresas con más de 500 trabajadores y a los dos años de entrar en vigor.
Una de las claves está relacionada con el autobús. Los socios consiguieron suprimir la puerta abierta a la liberalización de rutas y al coste adicional que suponía para las Comunidades Autónomas asumir servicios que quedaran fuera del futuro mapa concesional. También se prevé la comercialización de un único billete combinando línea regular y transporte discrecional cuando no exista una línea que cubra ese trayecto.
El cabotaje pierde mucha fuerza, al renunciar Sumar y Bildu a su enmienda.
Se prevé una definición específica para las estaciones de recarga ultrarrápida y se reconoce como figura estratégica para la electrificación del transporte y el suministro eléctrico portuario. Además, se exime de autorizaciones las infraestructuras eléctricas para suministrar energía a puntos de recarga cuando no requieran evaluación de impacto ambiental ni declaración de utilidad pública y se prevén trabajos para la señalización de electrolineras.
El proyecto de ley contempla una futura regulación para suprimir los trayectos de avión toda vez que exista una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas y no afecte a conexiones internacionales.
De igual forma, se estudiarán las conexiones con países europeos atendiendo, fundamentalmente, a aquellos en horario nocturno.
La iniciativa también prevé impulsar las autopistas ferroviarias y un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para favorecer el trasvase de mercancías a este modo durante un mínimo de cinco años.
¿Y más allá?
Los morados son la nota discordante. En Comisión no tienen representación, ya que la voz del Grupo Mixto es Néstor Rego, del BNG; pero ya anticipan batalla cuando el proyecto de ley aterrice en el hemiciclo.
Podemos no ha cambiado de opinión y junto a PP, Vox y UPN suman 175, lo que bloquearía el proyecto. El precio de los de Ione Belarra para tornar su voto en afirmativo es detener las ampliaciones previstas del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.
¿Hay margen para negociar? Poco. Fuentes del Gobierno consultadas por Demócrata admiten que Podemos es uno de los huesos más duros actualmente a la hora de negociar -junto con Junts-, no ya en Movilidad Sostenible, sino en cualquier asunto. Lamentan que parten siempre de una posición de máximos.
Otros grupos del bloque de investidura aquejan, en sintonía con el Ejecutivo, que Podemos se haya acastillado en el ‘no a todo’. “Ellos creen que les da rédito, pero se están pasando de rosca”, apuntan fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Voces del grupo Sumar se mueven en la misma tónica e incluso ironizan: “Esperemos que podamos poder aprobar ya la ley y acabar con ella, a ver si Podemos nos deja”.
En el plano concreto, Podemos registró 63 enmiendas y la ponencia integró varias de ellas. El principal obstáculo sigue siendo político, pues desde hace meses, en concreto desde que el terremoto Cerdán sacudió el panorama político, se han negado a negociar sistemáticamente.
