La Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, cuya génesis es la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) registrada el 3 de diciembre del 2019 por el sindicato SATSE, continúa su tramitación en la comisión de Sanidad. El pasado marzo superó la toma en consideración. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registró una enmienda a la totalidad con texto alternativo que fue rechazada, pero éstos no se dan por vencidos. El objetivo del Grupo Republicano es que los Presupuestos Generales del Estado garanticen financiación, motivo por el cual, han vuelto a registrarla para impactar en el trámite en la comisión de Sanidad, que tiene competencia legislativa plena.
La propuesta de ERC no pretende, ni mucho menos, tumbar el articulado. Tampoco trastoca las ratios fijadas por los profesionales. La formación independentista, al igual que la ILP original, fija en seis el máximo de pacientes por cada enfermera en unidades de hospitalización, pudiéndose asignar hasta ocho en función de las condiciones de los pacientes, de las características de la unidad y de la franja horaria de trabajo.
En unidades de cuidados intensivos y otras áreas de cuidados críticos, el máximo será de dos pacientes. Cuando se trate exclusivamente de unidades coronarias, este número podría aumentarse de forma excepcional hasta tres; mismo tope que las unidades de reanimación postquirúrgicas.
En cuanto a las áreas quirúrgicas, serán tres por cada quirófano con la salvedad de aquellos casos en que se establezcan las condiciones de seguridad para reducir el número de enfermeras.
En Atención Primaria, la asignación de población por cada enfermera no deberá superar los 1.500 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad en función dela tasa e indicadores de complejidad tales como la edad, la cronicidad, la pluripatología y otras.
Financiación
La principal diferencia entre ambos articulados, más allá de “mejoras técnicas” y otras modificaciones, radica en la financiación. El Grupo Republicano propone una nueva disposición adicional sobre Financiación de las obligaciones derivadas de la presente ley:
“Anualmente, los Presupuestos Generales del Estado consignarán los créditos necesarios, en forma de transferencias directas a las Administraciones Públicas competentes en materia de sanidad y salud pública, para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Título II de la presente Ley”.