España se yergue como uno de los países más atractivos para albergar los centros de datos (CPDs) -los edificios donde vive internet- por reunir condiciones únicas. Las grandes inversiones, anuncios de campus tecnológicos y planes de gigantes digitales convergen para dibujar un paisaje idílico. Sin embargo, bajo la superficie de este boom, afloran interrogantes sobre si el país dispone de la infraestructura real y sólida que este tipo de proyectos requiere. Es innegable que hay una ventana de oportunidad y las condiciones son óptimas, pero también existen obstáculos que podrían limitar al sector: cuellos de botella, escasez de puntos de conexión, estrés hídrico, sostenibilidad energética, falta de ordenación y corsé normativo.
El potencial de crecimiento de España en este sector es enorme, no en vano, el tándem Catalunya-Madrid que ha presentado el Gobierno para albergar una de las gigafactorías de Inteligencia Artificial que la Unión Europea pretende tener operativas entre 2027 y 2028 es una de las candidaturas más sólidas.
La localización privilegiada de la Península Ibérica para la conectividad internacional, con acceso directo a cables de fibra óptica que enlazan con Europa, América y África; una infraestructura energética sólida liderada por fuentes de energía renovables; la disponibilidad de suelo y un entorno regulatorio favorable a la digitalización y la inversión tecnológica son algunas de las principales ventajas competitivas de España.
España atesora conectividad internacional, fuentes de energía renovables, suelo disponible y un entorno favorable a la digitalización
La lista de fortalezas es amplia, pero también hay aspectos que urge solucionar, como el problema de los puntos de conexión, que es la clave de bóveda de cualquier proyecto de centro de datos.
La pieza clave del puzzle
Puede haber suelo disponible, un entorno regulatorio favorable e inversión sin límite, que, sin un punto de conexión a la red eléctrica, un centro de datos no podrá operar, por muy innovador que sea.
Los puntos de conexión son los nudos físicos (y administrativos) que permiten a una instalación conectarse a la red de transporte o de distribución y recibir la potencia eléctrica requiere de forma continua y segura. Estos puntos de conexión son un recurso limitado.
Cada subestación tiene una capacidad máxima y, en muchas zonas del país, buena parte de esa capacidad ya está comprometida por proyectos industriales, energéticos o por otros centros de datos. Obtener un punto de conexión no es automático: requiere autorización administrativa, inversiones en refuerzo de red y plazos que pueden prolongarse durante varios años.
Obtener un punto de conexión no es automático: requiere autorización administrativa, inversiones en refuerzo de red y plazos
Este elemento es clave y estratégico, pues sin un punto de conexión, un centro de datos no puede siquiera arrancar, por muy avanzado que esté el proyecto o mucho capital que lo respalde. Así las cosas, la competencia entre promotores no se está librando solo por el suelo o los clientes, sino por asegurar acceso a la red eléctrica antes que otros.
Este cuello de botella explica por qué muchos proyectos anunciados siguen sin calendario claro de ejecución y por qué la planificación eléctrica se ha convertido en el principal filtro del boom de los centros de datos en España.
Los territorios más atractivos para una demanda creciente
El interés entre operadores globales, hyperscalers y fondos de inversión va en aumento. En España, se espera que la demanda de centros de datos crezca un 90% entre 2024 y 2028, lo que implica un crecimiento anual del 20%.
En los primeros compases del 2025, España alcanzó los 355 MW de potencia instalada y si se mantuviera la tendencia actual, en los próximos cinco años se podría llegar a 2.180 MW. Sin embargo, se augura una posible limitación de potencia en 2030 en torno a los 1.400 MW; cerca de 800 MW de potencia que pondrían en jaque casi 10.000 millones de inversión directa.
Los territorios punteros en este sector son Madrid, Barcelona y Aragón, que representan el 54,8%, el 18,5% y el 10,7% de la oferta nacional. Las tres regiones representan el 84% de la potencia actual y las proyecciones son halagüeñas: Madrid podría alcanzar los 1.105 MW en 2030; Barcelona de 66 a 199 MW; y Aragón podría llegar a los 340 MW. De consumarse, Aragón desplazaría a la Ciudad Condal como segunda en el ranking de regiones con más desarrollo en la industria de los CPDs. Además, se espera un paso al frente de Bilbao y Málaga.
Extremadura emerge con megacentros planeados de hasta 300–500 MW, diseñados bajo criterios de eficiencia energética y energía renovable, mostrando un modelo alternativo fuera de los núcleos tradicionales.La aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria (que incluye el techo de gasto) será el primer gran escollo. Para los presupuestos de 2025, el Gobierno perdió, en julio de 2024, la votación de esta senda de estabilidad presupuestaria. Volvió a presentar una nueva en septiembre, que retiró dos días antes de la votación, para evitar otra derrota.
El reto energético y la importancia del 2026
El primer obstáculo para los proyectos de centros de datos es la fragmentación de la normativa y la falta de ordenación territorial. No existe una política nacional unificada que incluya una planificación detallada y coordine territorios y los distintos actores implicados: energéticos, sostenibles y de suelo industrial.
Se dan situaciones en las que los propios municipios apoyan la instalación de CPDs, pero no pueden garantizar ni mucho menos su conexión eléctrica, un problema estrechamente vinculado con el antecitado sobre puntos de conexión.
En otro orden se sitúa el reto energético. El país se halla en plena transición y es ahora cuando se están integrando los CPDs a la planificación del mismo. Se están adaptando redes de transporte y de la distribución de la energía para responder a las necesidades que implica el despliegue de estas infraestructuras.
Y es que, en ocasiones, la infraestructura energética no está preparada para atender la demanda sostenida de decenas o cientos de megavatios que demanda un CPDs. Además, la tramitación de nuevos puntos de acceso a la red, tanto en transporte como en distribución, puede prolongarse durante años, dilatando los plazos y cercenando la capacidad de escalar el proyecto rápidamente.
España planifica la red de transporte eléctrico en ciclos de seis años. La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico permite modificaciones puntuales, siempre sujetas a condiciones excepcionales y que requieren tiempo, lo que limita la flexibilidad frente a demandas emergentes. El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que data de 2023 y se extiende hasta 2030 (PNIEC 2023-2030), no integra las necesidades futuras del sector de los centros de datos.
El Gobierno, consciente de la ventana de oportunidad, trabaja por varios flancos para mejorar la normativa. Por un lado, ultima un Real Decreto para fijar un marco específico para los centros de datos. El pasado mes de agosto sacó a audiencia e información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. Por otro, en 2026 caduca el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica (2021-2026) y se espera que, este sí, integre las demandas de la industria. Próximamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deberá someter a información pública la Propuesta Inicial de Desarrollo elaborada por Red Eléctrica para el periodo 2025-2030, que servirá de base para la elaboración del Plan de Desarrollo aprobado en última instancia por el Consejo de Ministros.
Estrés hídrico y sostenibilidad
Otro de los retos es el asociado al estrés hídrico que implican las infraestructuras de los centros de datos. España sufre ciclos de sequía cada vez más intensos con motivo del cambio climático, por lo que el uso del agua copa un lugar vital en la agenda política y social. Los proyectos que no logren posicionarse como respetuosos con el medioambiente y aseguren un retorno económico local, se encontrarán con un importante rechazo ciudadano.
La UE pretende que los proyectos estén en sintonía con la Agenda Verde. Para ello, el objetivo es que los CPDs sean climáticamente neutros para 2030, por lo que deberán reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al máximo y compensar cualquier emisión mediante la compra de créditos de carbono.
A fin y efecto de demostrar que el sector respeta la Agenda 2030, ha impulsado una iniciativa de autorregulación mediante el Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutrales.
La Estrategia de Inteligencia Artificial de España (2024) ya contempla una línea específica destinada a generar capacidades de almacenamiento en condiciones de sostenibilidad, apostando por el desarrollo de centros de datos más eficientes y respetuosos con el entorno. Se espera, asimismo, que la planificación hidrológica 2028-2030 implique a todas las demarcaciones hidrográficas.
La Confederación Hidrográfica del Ebro es, por ahora, la única que ha incorporado este elemento en su planificación, y sostiene que el impacto previsto será, en términos generales, “próximo a imperceptible”. No ocurre lo mismo en otras demarcaciones, como la del Tajo, donde este aspecto no aparece reflejado pese a contemplarse grandes instalaciones de centros de procesamiento de datos. Esta disparidad puede complicar la tramitación ambiental de futuros proyectos, sobre todo en aquellos casos en los que sea necesario contar con informes vinculantes de las propias confederaciones hidrográficas.
Retraso en Ciberseguridad
Los centros de datos están considerados infraestructuras críticas, y como tales han de ser protegidos. El Gobierno de España lleva mucho retraso regulatorio en materia de ciberseguridad. Hace más de un año que pasó por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad en primera vuelta (en concreto, el 14 de enero de 2025).
Es en este articulado donde se prevé la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que coordinará la protección, precisamente, de los CPDs.
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En definitiva, el territorio nacional reúne condiciones únicas que lo posicionan como una de las ubicaciones con mayor potencial, capaz de competir con los mercados más consolidados del norte y centro de Europa, el conocido como FLAP-D (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín); pero hay trabajo por delante. Así, el desafío nacional no es solo atraer proyectos, sino planificar y garantizar la infraestructura básica que permite hacerlos realidad. Ante este reto, Madrid, Aragón y otras regiones compiten no solo por atraer inversiones, sino por ofrecer red, potencia y sostenibilidad real a estas grandes instalaciones.