El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, conocida como ley anti-privatizaciones.
El texto derogaría la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la Sanidad. El propósito es limitar las privatizaciones a situaciones excepcionales, y siempre con una evaluación previa, primando así la gestión pública.
De prosperar, solo permitiría el modelo híbrido (prestación indirecta) en el caso de que no fuera posible la gestión directa por parte de las administraciones o entidades públicas o mediante consorcios constituidos entre varias administraciones o entidades públicas (artículo 5 del texto).
Además, la gestión indirecta debe garantizar siempre la sostenibilidad financiera y la eficiencia; al tiempo que se cumplen requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Si bien es cierto que se ha limado el principal punto de fricción entre el PSOE y Sumar, que era la limitación de las excepciones que permitirían las privatizaciones y la consecuente derogación de la Ley 15/1997, su tramitación parlamentaria se antoja más que complicada.
La Comisión de Sanidad se ha convertido en una suerte de pozo en el cual, ley que llega, ley que encalla. La única excepción, la Agencia Estatal de Salud Pública. En lo que respecta al contenido como tal del anteproyecto sobre antiprivatizaciones, las negociaciones con ERC, Junts y PNV se auguran insalvables por el impacto de la colaboración público-privada en materia sanitaria en Catalunya y País Vasco.