El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible con 100 metas para 2030, entre las que figura la implantación de una prestación universal por crianza destinada a la totalidad de las familias con hijos.
La iniciativa, que parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy, se presenta como una hoja de ruta para reforzar el Estado del bienestar, con medidas orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad y a aumentar la renta de los hogares con menos ingresos.
El departamento de Bustinduy subraya que la prestación universal por crianza es una de las medidas “más novedosas” del plan.
Acabar con la pobreza infantil severa antes de 2030
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha destacado que esta prestación se incorpora por primera vez a una estrategia estatal y la ha definido como un derecho con capacidad para acabar con la pobreza infantil más severa antes de 2030. El objetivo es que llegue a todas las familias con hijos menores a cargo.
Según el estudio El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil, presentado por UNICEF en noviembre de 2025, una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo reduciría la pobreza infantil en España en 7,1 puntos porcentuales y sacaría de esta situación a más de 530.000 niños y niñas. El informe señala que una ayuda de 100 euros mensuales permitiría reducir la pobreza infantil en 270.000 menores y considera esta cuantía más viable por su coste e impacto.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido de forma reiterada esta prestación. En la presentación del informe de UNICEF, aseguró que existen recursos para implantar de manera gradual una ayuda de 200 euros al mes por hijo a cargo. Rego recordó asimismo que la pobreza infantil tiene un coste cercano a los 65.000 millones de euros y que erradicarla requeriría una inversión de entre 11.000 y 15.000 millones.
Reducir el abandono escolar
Entre los diez hitos principales de la estrategia figura también la reducción en un 10% de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope), con prioridad para las familias monomarentales, las más afectadas por la pobreza. El plan incluye además el objetivo de reducir la brecha salarial de género al 10%, disminuir el peso del empleo a tiempo parcial femenino hasta situarlo en el 55% respecto al masculino y aumentar en un 5% la tasa de actividad de las mujeres.
La hoja de ruta plantea incrementar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a las mujeres con discapacidad. También fija como metas promover la visibilidad y concienciación frente a los delitos y discursos de odio, digitalizar y simplificar el 100% de los trámites de extranjería —manteniendo la atención presencial cuando sea necesaria— y reducir el abandono escolar temprano al 9%, con foco en los colectivos vulnerables.
Vivienda: 5% de vivienda en alquiler social
En materia de vivienda, la estrategia propone triplicar la inversión pública para alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, con una inversión de 7.000 millones de euros en cuatro años, e incorporar al mercado del alquiler hasta el 10% de las viviendas actualmente destinadas a uso turístico. El Gobierno también plantea priorizar el acceso de los jóvenes a la vivienda para reducir la edad de emancipación.
El documento incluye compromisos en transición ecológica, con un impulso a la independencia energética, al aumento de las energías renovables y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, prevé más recursos para hacer frente a emergencias derivadas del cambio climático y apuesta por el turismo verde y de interior y por el fortalecimiento de la economía social y la cohesión territorial.
Según el Ministerio, la nueva estrategia, que sustituye a la vigente entre 2020 y 2025, ha sido elaborada mediante un proceso colaborativo con la participación de ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado. Fuentes del departamento precisan que el documento fija la orientación de las políticas públicas en todas las administraciones, aunque aclaran que, al tratarse de una estrategia, las medidas no cuentan aún con dotación presupuestaria y deberán financiarse en el momento de su aprobación definitiva.