QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
No se ha aprobado aún calendario de sesiones el Congreso para celebrar plenos, casi tres meses después de su constitución a mediados de agosto, y esta semana recibirá, previsiblemente, la primera proposición de ley impulsada desde el Senado.
Se trata de la rebaja del IVA aplicado a los servicios de peluquería, barbería y estética del 21% actual al 10%, iniciativa propuesta por el PP y que esta semana se somete a su toma en consideración en la Cámara Alta.
La mayoría absoluta del PP en el Senado garantiza el resultado favorable en la votación, aunque está por ver el contenido final de la propuesta.
Una de las particularidades de la tramitación legislativa en la Cámara Alta es que, una vez registrada, se abre un plazo de 15 días para que otros grupos parlamentarios puedan presentar iniciativas que aborden sustancialmente el mismo objeto o materia.
En este caso, Vox ha presentado una propuesta complementaria que mantiene la rebaja del IVA a las peluquerías, pero también exime del IVA a los servicios funerarios y aplica un tipo súperreducido del 4% a pañales infantiles y geriátricos, y a biberones y leches de fórmula.
De prosperar estas nuevas rebajas, aumentaría el impacto presupuestario de la iniciativa, que ahora mismo, sólo con la rebaja que plantea el PP, supondría una reducción de ingresos de 372 millones de euros.
Esta es la estimación realizada por el Ministerio de Hacienda y que la Secretaría de Relaciones con las Cortes trasladó a la Cámara Alta, al comunicar la disconformidad del Ejecutivo a la tramitación de la proposición de ley.
Previendo el veto del Gobierno, los ‘populares’ habían diferido la entrada en vigor de la iniciativa hasta 2024, con el fin de no colisionar con los Presupuestos en vigor, atendiendo a la doctrina constitucional que cuestionaba estos vetos cuando se referían a cuentas públicas aún no aprobadas por las Cortes Generales.
Sin embargo, el Gobierno no atendió a esta previsión, al asegurar que las modificaciones tributarias afectan de forma inmediata desde su aprobación, aun no entrando en vigor, por retrasar decisiones que son objeto del gravamen por preverse una fiscalidad más favorable.
También alegó el Gobierno que la normativa de estabilidad presupuestaria ha superado el ciclo presupuestario anual, con una serie de procedimientos y planificación que, esgrime, deben contar con las mismas garantías que la propia Ley de Presupuestos.
Una justificación insuficiente, a juicio del PP, que decidió en la Mesa del Senado no admitir a trámite el escrito de disconformidad y permitir la continuidad de la iniciativa.
