QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Proyecto de ley de Derecho de Defensa continúa inexorable su avance hacia el BOE. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó un dictamen que ya ha sido remitido al Senado. Demócrata entrevista al diputado del PSOE y ponente de la ley, Joaquín Martínez, quien asegura que el texto consagra el principio de la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita.
Para ello, se ha abordado la accesibilidad para todas las personas, mayores, menores y con discapacidad; se han planteado nuevas fórmulas de comunicación; se ha profundizado en la digitalización; controlado el desembarco de la Inteligencia Artificial; amparado a empresas y mejorado las condiciones de los profesionales.
Blindaje del derecho de defensa y accesibilidad
Pregunta: Es una ley que, grosso modo, viene a blindar el Derecho de Defensa. ¿Cómo se ha conseguido esto en el texto, sobre todo y específicamente, centrándonos en las personas con menos recursos para poder acceder a estos servicios?
Respuesta: La Ley de Derecho de Defensa lo que viene es a consagrar el principio de la tutela judicial efectiva que ya recogía la Constitución en el artículo 24 y la asistencia jurídica gratuita, en el artículo 119. En definitiva, es una ley que está pensada para la ciudadanía, para que todos y todas tengan derecho a una defensa y se establecen los mecanismos adecuados para que se puedan defender en los tribunales.
Se han incorporado cuestiones como las referentes a la discapacidad, en aras a que no sea una barrera para acceder a la justicia. Se han incorporado cuestiones como la utilización de las lenguas oficiales, para que todo el mundo pueda defender en su lengua su derecho a la defensa. Y se ha regulado en parte la asistencia jurídica gratuita, aunque vendrá una ley de asistencia jurídica gratuita porque la vigente data de 1996.
«Vendrá una ley de asistencia jurídica gratuita».
P: Se hace especial hincapié en la accesibilidad. Se han incorporado unos nuevos formatos de comunicación, como el braille o lenguaje de signos. ¿Todo esto va a conllevar una serie de cambios para readaptar la estructura de la Justicia?
R: Claro. De lo que se trata es que la administración de Justicia se adecúe a todo el mundo, incluso los profesionales, también si tienen alguna discapacidad. Que no haya impedimentos. Cuando sea necesario, se utilizarán los medios adecuados para que se pueda ejercer esa defensa.
Nuevo lenguaje
P: Se habla también de utilizar un lenguaje más sencillo. ¿Se va a pedir a jueces y magistrados que adapten el lenguaje para evitar la falta de entendimiento?
R: Es verdad que los que somos juristas, al igual como ocurre en otras profesiones, a lo mejor utilizamos términos que no son los propios de la ciudadanía, pero lo que se está recogiendo es el principio, precisamente, de que los garantes de la Justicia tienen que adecuar su lenguaje para que puedan ser entendidos.
Si una persona no entiende el lenguaje que le hablan, difícilmente puede ejercer su derecho de defensa correctamente. Lo que se trata es de adecuar la justicia a la realidad social de este país, a la realidad de nuestra ciudadanía.
«Si una persona no entiende el lenguaje que le hablan, difícilmente puede ejercer su derecho de defensa correctamente».
Digitalización
P: Se va a profundizar en la digitalización. ¿Cómo se puede evitar que, por ejemplo, los mayores puedan quedar excluidos y sortear esta suerte de brecha digital?
R: Se ha recogido, sobre todo pensando en los profesionales del derecho, que se puedan tener acceso a esos medios electrónicos. De hecho, la modernización de la justicia del siglo XXI implica desde hace mucho tiempo el estar trabajando en el papel cero.
Esta ley está pensada para la ciudadanía, pero la ciudadanía necesita para defender sus postulados a los profesionales del derecho y, por lo tanto, no va a haber ninguna brecha en ese sentido, como podríamos encontrarnos en la vida cotidiana, en el acceso a otras cuestiones.
En eso tenemos la tranquilidad de que va a servir para mejorar la Justicia, para agilizar los procedimientos y, por lo tanto, para tener una Justicia más efectiva y garantista.
Menores, mayores y personas con discapacidad
P: ¿Y cómo se va a garantizar esta información fluida, por ejemplo, con los menores? ¿Va a haber algún tipo de tutelaje?
R: La actuación a la hora de defender sus derechos, según la edad que tengan, será a través de sus representantes legales o, si tienen cualquier tipo de protección, a través de sus protectores. Lo que sí se ha dicho en todo momento es que para intentar garantizar que se respetan los derechos de los menores, como se recogían otras leyes, pueda intervenir el Ministerio Fiscal.
De lo que se trata, ya digo es de un principio de adecuación del lenguaje para que todos y todas puedan entender qué es lo que están ejerciendo y qué es lo que están demandando.
P: Hay un matiz que se introdujo en el articulado y tiene que ver precisamente con las personas con discapacidad. Se establece un régimen especial para la presencialidad y la videoconferencia.
R: Es un apartado más que lo que intenta es garantizar la accesibilidad precisamente a la justicia en los casos concretos. Al final, es una ley generalista que luego tendrá que ser aplicada por parte de los tribunales y en este caso concreto, establecida esta enmienda, consideramos que aportaba más contenido, sobre todo, en la protección del derecho de defensa del justiciable o de la persona que accede a la justicia.
Financiación
P: Se va a requerir de un proceso de digitalización. ¿Esta ley lleva incorporada ya esta parte de financiación o se va a requerir de otras iniciativas?
R: Estamos trabajando en el Real Decreto 623. La ley orgánica que venga de ese Real Decreto que tendrá que venir habla del tema de digitalización y de modernización de la Justicia. Esta cuestión se viene aplicando desde hace mucho tiempo.
Aquí, en esta ley, lo que se recogen son los principios generales del derecho de defensa, los medios, de cómo se puede relacionar la ciudadanía con la Justicia. Una de ellas es a través de los medios electrónicos, pero no se necesita memoria [económica] al respecto porque desde el Ministerio de Justicia y desde el Gobierno de España se ha intentado conseguir Fondos Europeos.
Hay una partida muy importante sobre eso y estamos trabajando sobre la reforma de la Justicia y que sea una Justicia del siglo XXI. Ya no solo en esta ley. Es un paquete de leyes que estamos tramitando en el Congreso, como puede ser la ley de eficiencia procesal o la derivada del Real Decreto 623, que son los que van a recoger estas posibilidades y estas reformas en temas digitales.
Inteligencia Artificial
P: Hablando de cuestiones digitales, esta ley plantea el desembarco de la Inteligencia Artificial.
R: Bueno, más que plantear el desembarco en sí, plantea los controles que hay que tener frente a la Inteligencia Artificial y se introduce la posibilidad de que el ciudadano pueda conocer los algoritmos que son los que se utilizan a la hora de designar a los profesionales que le pudieran tocar a la hora de defender.
O sea, que sí que es una ley pionera en Europa en cuanto al derecho de defensa, pero con respecto a la Inteligencia Artificial, ya vamos dando pasos que seguiremos viendo en la mayoría de las leyes.
En este caso, se precisa la cautela de, si no es el humano el que decide la asignación de un profesional sino que es un algoritmo o la Inteligencia Artificial, que se sepa cuáles son los criterios que fija ese algoritmo a la hora de hacer esa asignación para también tener una mejor defensa de cara a los tribunales.
Asistencia a empresas
P: Este derecho de defensa se hace extensible a las empresas. Se han hecho modificaciones en la ley Concursal. ¿Cuáles son, o en qué situaciones, tiene que estar una empresa para que pueda acceder a este derecho de asistencia jurídica gratuita?
R: Se recoge en dos aspectos. En el ámbito concursal para las microempresas que cumplan unas determinadas características y a las personas físicas, que no se recogía en la ley de asistencia jurídica gratuita del año 1996. Y también en el ámbito penal para las empresas que estén en insolvencia y que necesitan acceder a un profesional de oficio y que puedan tener esa garantía jurídica. Seguiremos avanzando a través de esa ley de asistencia jurídica gratuita porque la idea es reformar el servicio para tener una mayor calidad y actualizar los baremos.
Los tres supuestos La ley de Derecho de Defensa reforma la ley de Asistencia jurídica gratuita (LAJG) para que se garantice el derecho de defensa a empresas insolventes o en proceso de declararse como tal, a las que se encuentren en concurso de acreedores y a las que no presenten actividad económica durante el último ejercicio (las denominadas empresas durmientes).
Lenguas cooficiales
P: Con respecto al uso de lenguas cooficiales, ¿cómo va a ser el proceso de adaptación en la Justicia?
R: La implementación es la que tenemos hoy en día en los tribunales. Cualquier ciudadano que habla una lengua oficial o incluso que habla una lengua de otro país, tiene derecho a poder acceder a la Justicia y que se puedan defender sus derechos, a la necesidad de intérprete, solicitarlo y que en todo momento tenga que estar garantizado su derecho.
Al final, la justicia tiene que ser efectiva e igualitaria y, por lo tanto, nosotros tenemos que facilitar como Gobierno y como país todos los instrumentos que sean necesarios para que una persona pueda ejercer su derecho a defensa. Y uno de ellos es la utilización de las lenguas, por supuesto.
Condiciones laborales
P: Por último, se ha aprovechado para mejorar las condiciones de los abogados. En concreto, en lo relativo a la conciliación.
R: Sí, se recoge la posibilidad en conciliación familiar, ya se recoge expresamente que se puedan pedir permisos, que se suspendan procedimientos tanto por maternidad como paternidad, incluso por enfermedades o fallecimientos de personas cercanas. Porque es necesario conciliar la vida también de los profesionales del derecho, que hasta la fecha, no tenían esas posibilidades.
Hace poco hubo una reforma importante con respecto a los días que eran hábiles incluso en Navidad para intentar conciliar la vida familiar de los letrados y las letradas, de los profesionales de justicia… Y aquí hemos querido avanzar.
También hemos recogido la posibilidad de que se regulen en el futuro las funciones propias de los profesionales de oficio que nos vienen demandando.
La verdad es que echamos de menos el voto del Partido Popular, que siempre se queda al margen de los avances sociales importantes en este país. Algunas veces recurre las leyes ante el Tribunal Constitucional y la mayoría las vota en contra. No entendemos cómo una ley como esta, que es la Ley de Derecho a la Defensa, que es la reivindicada por el sector de la abogacía, que ha intervenido en su redacción un comité de expertos, que se han incorporado una gran parte de las enmiendas del Partido Popular, sigue votando en contra.
Esperamos que en lo que queda de tramitación de la ley no cometa el mismo error y tengamos pronto la unanimidad de toda la Cámara.
P: ¿Se espera, en lo que queda de tramitación, algún cambio más?
R: La vida siempre está sujeta a cambios, pero creo que la ley sale muy reforzada y muy completa del Congreso. La mayoría de las enmiendas que se han presentado por los grupos parlamentarios, con voluntad, las hemos aceptado. Han quedado muy pocas enmiendas a día de hoy para Pleno. No veo ningún impedimento para que las fuerzas políticas puedan seguir colaborando.
Puedes ver en este enlace la entrevista completa de Adrián Lardiez a Joaquín Martínez, diputado del PSOE y ponente de la ley de Derecho de Defensa.
