Pese a ser una preocupación generalizada, el recorrido legislativo para asegurar el acceso a servicios financieros, especialmente en las zonas más despobladas del país, ha sido escaso. El avance más serio de la pasada legislatura fueron las enmiendas de PSOE, Unidas Podemos y ERC para que la banca garantizara en cada municipio un mínimo de dos días de atención presencial a la semana, ya fuera en oficinas propias o en otros establecimientos abiertos al público.
Registradas al proyecto de ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, las enmiendas fueron retiradas poco después por orden del Ministerio de Asuntos Económicos. No llegaron a incluirse en el dictamen aprobado por el Congreso que, finalmente, decayó con la disolución anticipada de las Cortes.
La convocatoria electoral también dio al traste con otra proposición de ley impulsada por Junts en el Senado, que llegó ser tomada en consideración por la Cámara Alta, y que acabó la legislatura esperando a ser debatida por la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
Derecho a acceder a servicios bancarios
La propuesta ha sido rescatada ahora por Junts, que en esta legislatura juega un papel mucho más importante, al situarse como socio imprescindible de la mayoría de la investidura.
Con la proposición de ley, registrada en ambas cámaras, los de Carles Puigdemont buscan reconocer el derecho a acceder a los servicios bancarios a través de un cajero automático de proximidad, con independencia del municipio de residencia.
Cada cajero debe, como mínimo, facilitar la retirada e ingreso de dinero en efectivo, permitir el pago de recibos y tributos, consultar movimientos y saldos, la obtención de extractos y la realización de transferencias. Todo ello en condiciones de accesibilidad universal, de forma continuada las 24 horas del día y todos los días del año.
Adjudicación voluntaria u obligada
Para hacer efectivo este derecho, Junts desarrolla un mecanismo de adjudicación, a partir de un listado de municipios en riesgo de exclusión financiera elaborado por el Banco de España y las propuestas de servicio que realicen las entidades financieras. Estas asumirían los gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento, sin posibilidad de repercutir este coste a los usuarios.
En el caso de que haya municipios sin propuesta, Junts plantea también un procedimiento de instalación obligatoria, tras requerimiento del Ministerio de Economía. Este determinaría la asignación de cajeros en función de la cuota de mercado a nivel provincial, computada a partir del volumen de depósitos, préstamos y anticipos, y la proximidad con otros cajeros propios.
Rechazar el requerimiento de la instalación o no confirmar en los plazos previstos estaría tipificado como infracción grave, a efectos de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que prevé para este tipo de infracciones una multa de hasta 5 millones de euros.
Licitación del contrato a cargo de un fondo de garantía
En el caso de que no pueda efectuarse la instalación a través de la vía obligatoria, o así lo prefiera el ayuntamiento, la proposición de ley contempla la instalación a través de ejecución subsidiaria.
Se prevé para ello la licitación de contratos para la adquisición, instalación, funcionamiento y mantenimiento continuo de los servicios de cajero automático, pero en esta ocasión los gastos derivados de estos contratos y los derivados de su ejecución estarían cubiertos con un fondo de garantía.
Este fondo estaría dotado de aportaciones de las entidades financieras, en función de su implantación provincial, y tendría una dotación inicial calculada a partir del número de cajeros a instalar.
En todo caso, cada cajero instalado a través de esta vía de ejecución subsidiaria quedaría asignado a una entidad financiera de referencia por parte de la comunidad autónoma, en función del criterio de proximidad en relación a su propia red.
Esta entidad deberá supervisar el funcionamiento del cajero, su mantenimiento y operatividad continuada, garantizando la provisión de efectivo y su conexión con los servicios corporativos de su entidad necesarios para la prestación del servicio.
Cláusula de escape: cajeros móviles
Las obligaciones previstas en la ley no serán de aplicación a bancos de inversión ni entidades financieras cuya ficha no haya sido otorgada por el Banco de España.
Además, la norma prevé una cláusula de escape, ya que permite a las entidades cumplir con las obligación de cajero automático de forma reducida, atendiendo a la ubicación de los municipios y los gastos derivados de instalación y mantenimiento.
En estos casos, que la ley no llega a definir, sí se prevé la posibilidad de cumplir con las obligaciones a través de un servicio de cajeros móviles, que presten, eso sí, servicios durante un mínimo de tres días semanales y en el horario de apertura aplicado a los clientes.
¿Qué dice el programa de PSOE y Sumar?
PSOE y Sumar han recogido los problemas de exclusión financiera en su programa de coalición de Gobierno, si bien la concreción de las medidas es escasa. Contemplan un plan, en coordinación con el Banco de España, dirigido a paliar las consecuencias derivadas del cierre de oficinas y cajeros en territorios de menor población.
Hasta ahora, la estrategia del Gobierno para avanzar en la inclusión financiera en estos municipios se ha basado en compromisos voluntarios por parte de las entidades y los acuerdos alcanzados con estas a través de la empresa pública Correos.
Esta empresa pública se encargaría, a través de convenios con las entidades financieras, de facilitar las retiradas de efectivo y los ingresos en sus puntos de atención y los servicios de carteros rurales.
Derecho a retirar efectivo, no al servicio de cajero
De hecho, el PSOE ya planteó esta estrategia en sus enmiendas a la fallida proposición de ley que presentó Junts en la pasada legislatura y que ahora recupera. En ella propuso cambiar su nombre –Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera– por el de ‘Ley de garantía del servicio de retirada en efectivo’.
Con sus enmiendas, la fuerza mayoritaria del Gobierno planteaba que este derecho pudiera garantizarse a través de oficinas de Correos y carteros rurales en aquellos municipios de menos de 500 habitantes. Y que en aquellos más grandes pudiera hacerse en una oficina bancaria permanente o cajero automático, pero también a través de un agente financiero o una oficina móvil, de una periodicidad mínima de un día a la semana.