Nueva rebaja fiscal en el Senado. Tras las peluquerías, la dependencia. Tras la rebaja al 10% del IVA aplicado a los servicios de peluquería, barbería y estética, enviada al Congreso por el Senado a propuesta del PP, ahora Junts impulsa en el Senado otra bajada de impuestos selectiva. Esta extiende el IVA superreducido a todos los servicios de dependencia no exentos de tributación.
Estos servicios tributan de manera diferente si están reconocidos o no por la Administración. Si se trata de un servicio concertado o se contrata a través de una prestación pública, por estar reconocida por la Ley de Dependencia, tributan al 4%.
Si el servicio de residencia, centro de día, atención domiciliaria o cualquier otro recurso asistencial se contrata sin estar reconocido por la Administración, el IVA de aplicación es del 10%.
La reforma de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre Valor Añadido que plantea Junts en su proposición de ley acabaría con esta distinción y extendería el tipo del 4% a todos los servicios no exentos de tributación.
Quien espera la prestación tributa más
La formación que lidera Carles Puigdemont expone que hay muchas personas dependientes que aún no han visto reconocida su situación de dependencia para acceder a una prestación o a una plaza pública y concertada.
Y que, por su incapacidad para realizar de manera autónoma actividades de su vida diaria, necesitan contratar servicios de asistencia de forma privada. Un servicio de primera necesidad, esgrime, por lo que defiende un tipo unificado del 4%, con independencia de cómo se financie el servicio.
Además, recuerda los sucesivos intentos de equiparar este tipo durante las últimas legislaturas, todos ellos frustrados antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales.
Una nueva rebaja fiscal
Esta iniciativa sería la segunda rebaja fiscal que impulsa la Cámara Alta. En esta legislatura ya ha tomado en consideración y enviado al Congreso una proposición de ley, esta a propuesta del PP, para rebajar al 10% el IVA a los servicios de peluquería, barbería y estética.
Y lo hizo tras resistir los intentos del Gobierno de descarrilar la iniciativa, ya que trasladó a la Cámara Alta su disconformidad a la tramitación de la iniciativa.
El Ejecutivo alegó la afectación a la recaudación presupuestada, cifrando en 372 millones de euros el impacto sobre la recaudación. El PP trató de salvar esta resistencia postergando su entrada en vigor a 2024, pero dio igual: el Gobierno comunicó su veto al Senado.
El PP levantó el veto
El Gobierno no atendió a esta previsión, al asegurar que las modificaciones tributarias afectan de forma inmediata desde su aprobación, aun no entrando en vigor, por retrasar decisiones que son objeto del gravamen por preverse una fiscalidad más favorable.
También alegó que la normativa de estabilidad presupuestaria ha superado el ciclo presupuestario anual, con una serie de procedimientos y planificación que, esgrime, deben contar con las mismas garantías que la propia Ley de Presupuestos.
Una justificación insuficiente, a juicio del PP, que con su mayoría en la Mesa del Senado decidió no admitir a trámite el escrito de disconformidad y permitir la continuidad de la iniciativa.
Una postura que abre la puerta a la oposición a impulsar nuevas rebajas de impuestos, sorteando el veto del Ejecutivo. Otra cosa es ya superar la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría y controlan los tiempos de tramitación de las iniciativas a través de los plazos para presentar enmiendas.