La agenda legislativa de Trabajo: reducción de jornada, despido, participación en las empresas, algoritmos y nuevo Estatuto

La ministra avanza que en las próximas semanas convocará una comisión de expertos para iniciar los trabajos de actualización del Estatuto de los Trabajadores y someterlo después a la negociación con sindicatos y patronal

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Si la pasada legislatura fue la de los ERTE, la de la Ley Rider y el teletrabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere que esta sea la de la reducción de jornada y la reforma del despido. Estos son los dos grandes asuntos que prevé su agenda legislativa, que viene marcada desde el acuerdo de Gobierno por varios hitos.

Estas son las reformas que la titular de Trabajo y Economía Social expuso este lunes en su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, a la que acudió para exponer las líneas generales de su mandato al frente del Ministerio esta legislatura.

Reducción de la jornada sin rebaja salarial

Objetivo prioritario de legislatura. El acuerdo de Gobierno prevé la reducción de 40 horas a 38,5 horas este año, con vistas a lograr una jornada laboral de 37,5 horas en 2025. Todo sin reducción salarial y a través del diálogo social. Pero la rebaja se realizará con o sin acuerdo, ha avisado la vicepresidenta.

Esta reforma irá acompañada de cambios en el control del registro horario.

Trabajo recuerda que la duración legal de la jornada permanece en las 40 horas desde 1983, hace ya 40 años, y justifica su reducción para facilitar la conciliación de la vida personal con el trabajo y un reparto “más equilibrado” con el tiempo de cuidados, formación, ocio o participación social. También para mejorar la productividad .

Actualización del Estatuto de los Trabajadores

La vicepresidenta ha anunciado que en las próximas semanas convocará una comisión de expertos para iniciar los trabajos de actualización del Estatuto de los Trabajadores, una norma que data de 1980 y que espera renovar en “un Estatuto del siglo XXI”.

El objetivo, ha dicho Díaz, es poner el trabajo en el centro de la regulación jurídica y garantizar un conjunto de derechos mínimos comunes de las condiciones laborales y de protección social, ante las transformaciones en el mundo del trabajo y la dispersión jurídica de actividades productivas y no productivas.