El Gobierno quiere elevar a rango de ley los compromisos de la banca para comprobar la efectividad de sus medidas contra la exclusión financiera. Concretamente, las de remitir información para tener un ‘mapa’ de los servicios bancarios y la demanda de los mismos.
Esta obligación se contempla en el proyecto de ley que regula la creación de la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, remitido al Congreso el pasado noviembre y que aún espera en trámite de presentación de enmiendas.
La norma incluye una disposición para modificar la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y obligar a las entidades de asegurar «la disponibilidad de canales presenciales» en la prestación de sus servicios «atendiendo al principio de prestación personalizada».
Este principio deberá considerar la edad y situación de discapacidad de la persona usuaria del servicio, su nivel de competencias digitales y las características de la zona en la que reside.
Entre las obligaciones de información, las entidades deberán detallar la frecuencia de las operaciones de ingreso y retirada de efectivo de su clientela por edad y distribución territorial, la distribución territorial de sus cajeros automáticos y de sus clientes por edad, las características de su red de oficinas, o los canales de venta y distribución de productos y servicios presenciales que no sean oficinas.
Esta información deberá ser enviada al Banco de España para la publicación de un informe semestral con la evolución de estos indicadores y un análisis de las posibles causas de su comportamiento, y estará a disposición de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Compromiso voluntario
Actualmente, las entidades están adheridas, a través de sus patronales, a una serie de compromisos recogidos en un protocolo, actualizado por última vez en febrero de 2022. En él se recoge el seguimiento de los compromisos a través de un observatorio impulsado por estas mismas patronales.
En septiembre del año pasado, estas organizaciones dieron cuenta de los primeros resultados del protocolo actualizado. Entre las medidas incluidas estaba la ampliación de los horarios de atención presencial para servicios de caja a, como mínimo, de 9 a 14 horas.
Los resultados revelaron que casi un 20% de oficinas no prestaban todavía este horario de servicio de caja (prestado por el 81% de oficinas, con la atención de más de seis millones de clientes mayores de 65 años).
En octubre, las patronales bancarias acordaron, a instancias del Gobierno, actualizar el protocolo para asegurar la prestación de servicios presenciales en todos los municipios, ya fuera a través de oficina, cajero, oficina móvil, carteros rurales o acuerdos para retirar efectivos en locales municipales o comercios.
El acuerdo, cuyo contenido aún no está incorporado en el citado protocolo, prevé que no sean sólo las organizaciones bancarias, sino también un «experto independiente», el encargado de realizar un seguimiento continuado de las medidas, para lo cual prevé un estudio anual.
Ley de garantía del servicio de cajero automático
Precisamente, el Congreso tramita en estos momentos una iniciativa legislativa procedente del Senado para obligar a las entidades financieras a instalar cajeros automáticos y evitar que haya municipios sin este servicio.
La norma, en todo caso, permite a las entidades cumplir con oficinas móviles siempre que se garantice un servicio mínimo de tres días semanales, atendiendo a la ubicación del municipio y del coste de la instalación y mantenimiento del cajero.
La proposición de ley aguarda a la espera de que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital convoque a su ponencia, ya que tiene registradas sus enmiendas.
Eso sí, la obligación de reinstalar cajeros no parece que vaya a tener mucho recorrido: los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, proponen las oficinas móviles o acuerdos con la empresa pública Correos para garantizar la retirada de efectivo.