El proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario superó el pasado miércoles su votación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación apoyada por el PP, Ciudadanos, PNV y EH-Bildu. Vox y Esquerra Republicana se abstuvieron.
Sin embargo, su llegada al Pleno del Congreso no será exactamente en las condiciones planteadas por el Gobierno, ya que la norma sufrió a su paso por la Comisión varias modificaciones en contra del criterio de PSOE y Unidas Podemos. Concretamente, cuatro enmiendas de ERC apoyadas por PP, Vox, Cs y Bildu.
Una de ellas obliga a las Administraciones a considerar rebajas fiscales, como la tasa de basuras, en proporción a la cantidad de pérdidas y desperdicio alimentario evitados a través de la donación.
Otra de las enmiendas establece que el informe realizado por el Ministerio de Agricultura sobre el Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio incluya la cuantificación realizada de estas pérdidas.
Esta era una de las reclamaciones de ERC, que aspiraba a establecer como obligación la cuantificación del desperdicio por parte de las administraciones. La enmienda no se ha aprobado (sí un compromiso para hacerlo), pero ahora el informe que elabore el Ministerio sí contendrá estos datos.
Por otro lado, a iniciativa del PNV, se incluye como obligación de la Administración la promoción de nuevos negocios para la canalización de excedentes, su revalorización y el establecimiento de acuerdos con el sector privado para coordinar su gestión.
Las cadenas de súper, obligadas a donar
Anteriormente, los grupos habían modificado el texto en fase de ponencia para evitar que los supermercados más pequeños de las cadenas de alimentación escaparan de la obligación de firmar convenios para prever la donación de excedentes.
En un inicio, el anteproyecto que impulsó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obligaba a llegar a acuerdos o convenios para la donación de excedentes a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados.
El proyecto que llegó a las Cortes lo fijó en 1.300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, umbral que se mantiene tras su paso por la ponencia, pero con un matiz importante: estarán obligados aquellos establecimientos que operen bajo un mismo código de identificación fiscal y superen el citado límite en su conjunto.
Esto atañe a todos los establecimientos de las cadenas de alimentación que antes podían estar exentos de esta obligación de no alcanzar el límite propuesto por el Ministerio. La propuesta procede de una enmienda transaccional planteada a partir de enmiendas de Unidas Podemos y el BNG.
Responsabilidad civil, contratos públicos y empleo social
Otra propuesta en la ponencia incorporada ya al dictamen es eximir a las micorempresas de las obligaciones de contar con un plan de aplicación para la prevención de pérdidas y llegar a acuerdos o convenios para la donación de excedentes.
También hay una propuesta para incorporar medidas para la prevención del desperdicio en la contratación pública, como condición especial de ejecución en los pliegos de contratos de servicios de alimentación de instituciones públicas.
Respecto a la donación, la futura ley eximirá de responsabilidad civil y administrativa a oenegés y entidades sociales por posibles defectos de naturaleza, aspecto, duración o envasado cuando los productos ya estuvieran así y no exista dolo, culpa o negligencia.
Finalmente, se incluirá como obligación a estas entidades encargadas de la distribución de alimentos que vinculen estas donaciones a «la promoción de proyectos que posibiliten empleo e inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad”.