QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La precaria mayoría en el Congreso no es el único reto con el que tendrá que lidiar un posible Gobierno del PSOE y Sumar. El 23-J consagró, cuatro años después, la vuelta de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
Los ‘populares’ podrán darle la vuelta a las iniciativas legislativas del Ejecutivo y obligarle a reforzar sus mayorías en el Congreso para revertir los cambios, o incluso vetar sus propuestas. El veto del Senado devuelve la iniciativa a la Cámara Baja. Para poder levantar el veto y aprobar la norma es necesario contar con mayoría absoluta. De lo contrario, la Constitución dicta que debe esperarse dos meses desde la interposición del veto para aprobarla en una nueva votación, en la cual ya sí es suficiente con mayoría simple.
Lo que el Congreso no podrá levantar con ninguna mayoría es el posible veto a la senda de estabilidad presupuestaria: los objetivos de déficit, deuda y gasto para los diferentes niveles de la Administración (también comunidades autónomas y entidades locales) que el Gobierno envía a la Comisión Europea en el marco de la tutela fiscal comunitaria.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, una vez los objetivos son aprobados por el Consejo de Ministros, deben someterse a votación en el Congreso y el Senado y lograr el visto bueno de ambas cámaras. De lo contrario, la ley establece que el Ejecutivo deberá remitir un nuevo acuerdo que se someterá con el mismo procedimiento.
El PP ya tumbó a Sánchez sus objetivos en el Senado
No es la primera vez que Sánchez gobierna con un Senado controlado por el PP. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la Cámara Alta le tumbó en diciembre de 2018 la senda de déficit que había proyectado para aprobar unos nuevos Presupuestos.
Por entonces, el PSOE y Unidos Podemos ya habían impulsado una proposición de ley para acabar con el derecho a veto del Senado. La reforma modificaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que, en caso de que el Senado rechazara los objetivos, estos volvieran a votarse en el Congreso y pudieran aprobarse con mayoría simple.
Pese a solicitar su tramitación por la vía de urgencia y en lectura única, la reforma acabó atascada en la Mesa del Congreso, controlada entonces por PP y Ciudadanos. No dejaron finalizar el plazo para presentar enmiendas.
Para sortear el bloqueo, el PSOE ‘coló’ la reforma como enmienda en otra iniciativa que ya estuviera fuera del control de la Mesa, una norma con medidas contra la violencia machista. Sin embargo, la reforma no llegó lejos. La Mesa del Congreso, presidida entonces por Ana Pastor, decidió vetar la enmienda por no guardar la relación con la ley enmendada.
‘Congelada’ desde 2020 y finalmente caducada
Apenas unas semanas después de echar a andar el Gobierno de coalición, en enero de 2020, el PSOE retomó la reforma. La urgencia, sin embargo, ya no apretaba. El PSOE había pasado a ser la primera fuerza en el Senado y podía aprobar los objetivos con el visto bueno de sus socios en ambas cámaras.
El Pleno del Congreso aprobó en febrero su toma en consideración y cuatro meses después rechazó sendas enmiendas a la totalidad de PP y Vox con texto alternativo. Sin embargo, las enmiendas parciales ya estaban registradas desde abril. La ponencia llegó a constituirse, pero la proposición de ley acabó como tantas iniciativas legislativas de la Comisión de Hacienda. Postergada hasta su caducidad por la disolución anticipada de las Cortes.
Además de no necesitar la reforma por el cambio de mayorías en el Senado, las reglas fiscales europeas se encontraban suspendidas como consecuencia de la pandemia de Covid-19 primero, y después por la invasión rusa de Ucrania.
Estos objetivos, por tanto, han pasado estos años a ser tasas de referencia y, en lugar de votarlos, el Congreso únicamente ha votado si permitía la aplicación de la cláusula de salvaguarda por apreciar la situación de excepcionalidad que justifica su aplicación. Sin el PP, por cierto, que se abstuvo en las votaciones pese a requerirse mayoría absoluta para la suspensión de las reglas fiscales.
¿Una nueva reforma esta legislatura?
La vuelta de la mayoría ‘popular’ en el Senado abre la puerta a que en el PSOE resuciten la reforma. En su momento justificaban que no era lógico que la ley contemplara unas condiciones de aprobación más restrictivas que las previstas para los propios Presupuestos Generales del Estado, y que el propio Consejo de Estado había cuestionado esta exigencia durante la tramitación de la ley.
En todo caso, tanto desde el Ministerio de Hacienda, en funciones desde la celebración de las elecciones, como desde el PSOE rechazan que se haya planteado esta cuestión. Las miradas están puestas en la construcción de una mayoría parlamentaria para, primero, reeditar la presidencia del Congreso y el control de la Mesa el próximo 17 de agosto, y después investir al ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez.
En el departamento que dirige María Jesús Montero recuerdan que, aunque tenga capacidad de veto, a los ‘populares’ también les debe interesar contar con objetivos de déficit, deuda y gasto, teniendo en cuenta todos los gobiernos autonómicos y locales en los que están al mando.
La antesala de unos nuevos Presupuestos
En todo caso, subrayan que estando en funciones en el Ministerio no se contempla la fijación de nuevos objetivos, ni tampoco el techo de gasto, cuestiones que posponen para el momento de elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Los llamados objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se incluyen en un acuerdo que es conocido comúnmente como techo de gasto, ya que en él se incluye el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio. Esta es la razón por la que se encuadra como un proceso previo para la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
En esta ocasión, el Gobierno sí deberá ceñirse a objetivos de déficit y de deuda. Superada la pandemia de Covid-19 y la crisis de precios, las reglas fiscales volverán a aplicarse, sin haber siquiera acordado su reforma. Esta es, de hecho, una de las tareas encomendadas a la presidencia española de la Unión Europea durante el segundo semestre del año.
