La estadística señala a la Comisión de Hacienda como la comisión del Congreso con más iniciativas aprobadas. Y con diferencia: 16 iniciativas. Quince proyectos y una proposición de ley, la reforma de la Ley de Mecenazgo que finalmente no vio la luz al caer con la disolución de las Cortes cuando se tramitaba en el Senado.
Es cierto que seis de las leyes, para la cesión del nuevo Impuesto de residuos a seis comunidades autónomas, fueron tramitadas de una tacada, sin cambios y en apenas un mes. Pero, aun sin estas leyes, la Comisión figuraría entre las más productivas con otros diez proyectos.
Entre ellas, por ejemplo, una Ley contra el fraude fiscal, la creación de dos nuevos impuestos sobre las transacciones financieras (Tasa Tobin) y determinados servicios digitales (Tasa Google), o la regulación del proceso de estabilización de empleo temporal en el sector público. Esta normativa fue aprobada en un decreto-ley (14/2021) que sólo se salvó de la derogación al alcanzar un acuerdo ‘in extremis’ con ERC para enmendarlo y dar garantías a los interinos más veteranos en las pruebas de acceso.
También se ha aprobado una Ley de evaluación de las políticas públicas, las últimas actualizaciones de la directiva sobre obligaciones de información y cooperación fiscal (DAC 6 y DAC 7), una modificación de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación a las asimetrías híbridas, y la indemnización por la cancelación del fallido almacén de gas Castor.
Aprobado por decreto y tramitado luego como proyecto de ley, el pago de 1.350 millones de euros a Caixabank, Bankia y Banco Santander en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo se ‘camufló’ en un decreto (39/2020) con medidas sociales, como desgravaciones fiscales a los beneficiarios del ingreso mínimo vital.
Del lado de las ausencias, la frustrada Ley de Función Pública, a la que la disolución de las Cortes le pilló esperando en la Comisión, pero sobre todo dos compromisos troncales del Gobierno de coalición: la esperada reforma fiscal y la reforma de la financiación autonómica.
En ambos casos, sin suspense alguno ya que la ministra María Jesús Montero ya había anunciado su renuncia a acometer dichos trabajos. Para la reforma fiscal, Hacienda encargó a un grupo de expertos el estudio de los cambios en el sistema tributario. Sus resultados se presentaron en plena crisis de precios, poco después de la invasión rusa de Ucrania, y la ministra justificó entonces posponer la reforma.
Los nuevos impuestos no pasaron por la Comisión
Sí que aprobó un último paquete fiscal, con dos nuevos gravámenes temporales a banca y grandes energéticas, a los que se sumó en fase de enmiendas un nuevo impuesto temporal sobre grandes fortunas y desgravaciones millonarias a producciones audiovisuales. Pero esa ley no se tramitó en Hacienda, sino en la Comisión de Asuntos Económicos.
"En ocasiones la Comisión ha quedado devaluada. No se han cumplido las expectativas"
Ferrán Bel (PDeCAT)
“Es algo inédito en la Comisión, nunca había sucedido”, explica el presidente durante estos años de la Comisión de Hacienda y Función Pública, Eloy Suárez Lamata (PP). Para Ferrán Bel (PDeCAT), la decisión de tramitar estos nuevos gravámenes en una comisión ajena a la de Hacienda resulta “incomprensible”.
“La Comisión en algunos casos ha quedado devaluada y no se han cumplido las expectativas legislativas que teníamos”, apunta el diputado catalán, que espera que en la próxima legislatura la Comisión de Hacienda “recobre protagonismo”. También critica que la creación de los nuevos impuestos haya sido “con una tramitación exprés, sin debate ni análisis suficiente en la ley”.
