El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, en contra del criterio del Gobierno, una enmienda del PP para eximir de IVA los bienes entregados en donación a entidades sin ánimo de lucro definidas en la Ley de incentivos fiscales al mecenazgo.
La enmienda se ha aprobado, pese al voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, al contar con el apoyo del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PDeCAT, Junts y Foro Asturias. El PNV se ha abstenido.
La enmienda modifica el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que este jueves se examina a sus últimas votaciones en el Congreso antes de ser enviada al Senado.
Se trata de una nueva disposición final que mandata al Gobierno a establecer “en el menor tiempo posible” un mecanismo para la aplicación inmediata del tipo del 0% a todas las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos, definidas de acuerdo con la citada Ley 49/2002.
La enmienda es similar a la ya aprobada en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Sin embargo, varias organizaciones han alertado de que la exención sólo es de aplicación a donaciones de las grandes superficies, pero no a las donaciones particulares.
Según explican a ‘Demócrata’ fuentes del PP, esta enmienda debería permitir la exención del IVA para aquellas donaciones en metálico que vayan destinadas a compra de alimentos y la compra de alimentos por parte de los bancos de alimentos a través de las donaciones en metálico.
Más derrotas del Gobierno
La ampliación de la exención del IVA a las donaciones no es la única enmienda aprobada por el Congreso en las votaciones finales del proyecto de ley de prevención del desperdicio alimentario.
Pese a la intención del PSOE de aprobar la iniciativa sin más cambios, la Cámara Baja ha aprobado otras dos enmiendas de la oposición, las dos con el voto en contra de las formaciones que integran el Gobierno de coalición.
Doble potencia eléctrica
Una de ellas, impulsada por el PDeCAT, regula la posibilidad de contar con dos potencias diferentes a lo largo del año para el sector agroindustrial en sus contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica.
Concretamente, establece una serie de condiciones particulares de aplicación a los contratos de acceso para las cooperativas agrarias. En ellos, los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, así como la normativa comunitaria de aplicación.
PDeCAT justifica en su enmienda que muchas empresas agrarias concentran su recolección en un corto período de tiempo con necesidades energéticas muy elevadas en comparación con el resto del año, y que la medida permitiría optimizar y racionalizar la eficiencia energética de estas compañías.
El Supremo también apremia
No es la primera vez que esta regulación se ha aprobado, ya que se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y en la Ley de la cadena alimentaria aprobada en esta legislatura. Sin embargo, la disposición aún no ha sido desarrollada por el Gobierno.
Hace poco más de un mes, a finales de marzo, el Tribunal Supremo condenó al Ejecutivo, a raíz de una denuncia de la organización agraria Unión de Uniones, a desarrollar en el plazo de seis meses este desarrollo reglamentario y permitir la disponibilidad de dos potencias diferentes, en función de la necesidad de suministro.