María Jesús Montero no hizo alusiones a la reforma fiscal ni a ningún cambio tributario concreto no anunciado hasta entonces, pero ya lo hizo su socio por ella.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, el portavoz económico y fiscal de Sumar, Carlos Martín Urriza, puso encima de la mesa una batería de propuestas fiscales de cara a la negociación de los próximos Presupuestos y a lo largo de investidura.
La ministra rehuyó la invitación del diputado y evitó pronunciarse en su réplica. Acababa de informar a la Cámara de que los contactos con los grupos para aprobar unos nuevos Presupuestos ya habían empezado, pero no esperaba que la Comisión se convirtiera en una mesa de negociación.
A la salida, preguntada por los medios de comunicación, justificó su silencio en que no conocía ninguna de estas propuestas y que, por tanto, prefería no entrar a valorarlas. Desde Sumar, no obstante, aseguran que el equipo de la ministra está perfectamente al tanto de las mismas.
Gravamen ‘inteligente’ sobre márgenes abusivos en la alimentación
Con el aumento de precios de los productos de alimentación en el punto de mira, Sumar plantea un nuevo gravamen para actuar sobre los márgenes abusivos en la industria alimentaria.
Tomando como referencia los gravámenes a banca y energéticas, propone otra prestación pública no tributaria que gravaría la facturación de los grandes operadores producción y distribución alimentaria, pero sólamente a aquellos que hayan aumentado su margen de beneficios (beneficios sobre ventas) respecto al que tenían antes de la pandemia.
A partir de los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, Sumar plantea un tipo del 0,6% sobre la facturación de estas empresas cuando registren en 2024 un margen superior al de 2019. Y que si el margen en 2024 es superior al de 2023, esto es, ha seguido aumentando, el tipo del gravamen se duplique hasta el 1,2%.
El gravamen tendría así un efecto corrector sobre el funcionamiento del mercado, ya que el tipo se reduciría cuando los operadores decidieran limitar sus márgenes (a través de mejoras salariales de sus trabajadores, nuevas inversiones, o una reducción de los precios) y dejaría de aplicarse en el caso de que estos márgenes volvieran a los niveles registrados antes de pandemia.
Impuesto de Solidaridad sobre Grandes Herencias y Donaciones
Sumar propone replicar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la fórmula que ha permitido gravar las grandes fortunas pese a las bonificaciones de las comunidades autónomas en el Impuesto sobre Patrimonio.
Tras la creación de un Impuesto de Solidaridad sobre Grandes Fortunas para gravar grandes patrimonios exentos gracias a estas bonificaciones, ahora Sumar plantea un nuevo impuesto para recaudar las grandes herencias y donaciones.
El impuesto sólo se aplicaría, a partir de un determinado umbral, como complemento al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por lo que Hacienda pasaría a recaudar aquella tributación a la que las comunidades han renunciado con sus bonificaciones.
Una lógica que, al igual que con Patrimonio, permitiría frenar la carrera fiscal a la baja entre las comunidades al asegurar una tributación mínima global en todos los territorios. Madrid, por ejemplo, ya ha recuperado el Impuesto sobre Patrimonio para que la recaudación se quede en la Comunidad, y no en la Administración General del Estado.
Ventajas fiscales de vivienda condicionadas al precio de alquiler
En materia de vivienda, Sumar quiere aprovechar toda la batería de ventajas fiscales previstas en el sistema tributario para actuar sobre el precio del alquiler, y por ello propone condicionarlos a que particulares y empresas ofrezcan precios asequibles.
Martín Urriza planteó a la titular de Hacienda que los beneficios fiscales a propietarios de vivienda en IRPF y el Impuesto sobre Sociedades sólo estuvieran disponibles cuando la renta de alquiler fuese inferior al precio de referencia registrado en el índice de precios.Otro planteamiento, este trasladado por la diputada Gala Pin (En Comú) a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es la de impedir el acceso de los grandes tenedores de vivienda a cualquier bonificación fiscal si no dedican, al menos, un 25% de sus propiedades al alquiler social.
El condicionamiento de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades a las socimis, EDAV (entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas), sociedades y fondos de inversión inmobiliaria era una de las propuestas lanzadas por Sumar en su programa electoral para el 23-J. También en el IRPF para propietarios particulares.
En los últimos Presupuestos Generales del Estado el beneficio fiscal en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual estaba cuantificado en 716 millones de euros, con una previsión de más de dos millones de beneficiarios.
En el caso de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria), su tributación al tipo 0% en Sociedades estaba presupuestado en 105 millones, beneficiando a 127 sociedades.
Fin a la exención del IVA a la Universidad privada
Otra de las propuestas trasladadas al socio mayoritario es el fin de la exención del IVA a los servicios universitarios prestados por entidades privadas, una pretensión planteada en la elaboración de anteriores presupuestos.
De hecho, en el propio debate de investidura Yolanda Díaz afeó a Pedro Sánchez su resistencia a acabar con las exenciones del IVA a la educación privada, no sólo la universitaria, y también a la sanidad privada.
IVA del 10% en peluquerías y servicios veterinarios
Sumar defiende la aplicación de un IVA reducido del 10% a los servicios de peluquerías y veterinarios, dos actividades para las cuales tanto Congreso como Senado han solicitado una rebaja fiscal.
Es más, la Cámara Alta llegó a aprobar una enmienda durante la tramitación de la última ley antifraude para aplicar esta rebaja a los servicios de peluquería, pero la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop, anuló la votación.
Hacienda se opone a estas rebajas. Hace apenas unos meses trató de vetar una proposición de ley del PP en el Senado que impulsaba esta rebaja. Cuantificaba la reducción del IVA al 10% en 372 millones al año. La iniciativa fue tomada en consideración y enviada al Congreso el pasado noviembre.
IVA del 4% para pañales y productos sin gluten
Los últimos Presupuestos Generales del Estado contemplaron la rebaja del 10% al 4% de los productos de higiene femenina (tampones, compresas, copas y braguitas menstruales). La rebaja se aplicó también a preservativos y anticonceptivos no medicinales pero se dejó fuera a los pañales.
Sumar quiere que las próximas cuentas públicas contemplen esta rebaja y también se extienda a los productos sin gluten, atendiendo al mayor precio que suelen registrar este tipo de productos.