QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde antes incluso que comenzaran las protestas de agricultores y ganaderos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apostó por reforzar la aplicación de la Ley de la cadena alimentaria, y no acometer una reforma.
Pese a que desde el ministerio no se cierran en banda a ninguna medida, esos fueron los términos empleados tanto por el ministro como por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó hace dos semanas en el Congreso la intención del Ejecutivo de “reforzar” la norma.
La concreción de estas intenciones fue anunciada por Planas el jueves: más coordinación con comunidades autónomas y organizaciones profesionales, actualización de los planes de inspección y una nueva agencia estatal para controlar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria.
Agencia Estatal de Información y Control
Esta última medida supone elevar a agencia estatal la actual Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), hasta ahora un organismo autónomo. El objetivo, subrayan desde el ministerio, es dotar a esta entidad de más medios para incrementar sus tareas de control e inspección.
La AICA tiene su origen en la Ley de la cadena (Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria). Esta norma incluyó en una de sus disposiciones la creación de la agencia, en sustitución de la Agencia para el Aceite de Oliva, para controlar el cumplimiento efectivo de la ley.
Exige norma con rango de ley
La conversión en agencia estatal exige la aprobación de una norma con rango de ley. Agricultura no ha aclarado aún cómo hacerlo, pero sí ha planteado la posibilidad de hacerlo a través de un proyecto, o bien acelerar los tiempos con una enmienda a un proyecto en tramitación.
El Congreso ya tramita un proyecto del ministerio, el de medidas para la prevención del desperdicio alimentario. Otra posibilidad es que la enmienda se registre al proyecto derivado del decreto-ley con la prórroga de medidas contra la crisis de precios.
Según la Ley 28/2006 de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, que regula estas entidades, la propuesta de creación de una agencia debe acompañarse de un proyecto de estatuto y memoria, en la que precisar el objeto de la agencia y los objetivos perseguidos con su creación.
De organismo autónomo a agencia estatal
Con el cambio, la AICA dejará de ser un organismo autónomo para convertirse en una agencia estatal, una entidad con una mayor capacidad de decisión sobre los recursos asignados y autonomía en la ordenación y provisión de puestos de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos.
Estos objetivos deberán ser fijados por el ministerio, que establecerá un marco de evaluación y control por medio de indicadores, pero sin interferir en la gestión ordinaria de las agencias.
Las funciones de su dirección estratégica y los mecanismos de evaluación y control de resultados y actividad deberán recogerse en un contrato de gestión, junto a las previsiones máximas de plantilla de personal, recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar.
Presidente, director y órgano de control
Cada agencia estatal consta de un órgano de gobierno –un presidente y un consejo rector nombrados a propuesta del ministerio al que está adscrita la agencia–, un órgano ejecutivo –el director– y otro de control, encargado de informar al Consejo rector sobre la ejecución del contrato de gestión y de la gestión económico-financiera.
Además, como nueva agencia estatal, deberá remitir cada año a las Cortes Generales un informe general de la actividad realizada para informar del grado de cumplimiento de sus objetivos.
La regulación de estas agencias data de 2006 y se justificó en la necesidad de dotar mayor nivel de autonomía y flexibilidad en la gestión a los organismos autónomos. Permitió, además, incorporar algunas características recogidas ahora a partir de la reciente reforma de la función pública: la inclusión de la categoría de personal directivo y la vinculación de la parte variable de las retribuciones a la productividad y al cumplimiento de objetivos.
Refuerzo del control y la inspección
En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confían en que el cambio suponga un refuerzo de las labores de control e inspección encomendadas hasta ahora a la AICA.
El plan del Ejecutivo pasa también por actualizar los planes de inspección de oficio, una vez que Gobierno, comunidades autónomas y organizaciones agrarias identifiquen qué sectores son prioritarios.
Además de emplazar a las organizaciones profesionales a participar en la denuncia de infracciones en la cadena alimentaria, Agricultura también recuerda las responsabilidades que tienen las comunidades autónomas en las labores de inspección, con las que espera reforzar la coordinación.
Sanciones acumuladas
Otra de las medidas previstas es la publicación de las sanciones acumuladas por cada operador por infracciones graves y muy graves. La Ley de la cadena alimentaria prevé la publicación de las sanciones, que desde 2023 se publican con carácter trimestral de forma individual.
Sin embargo, las cuantías de las sanciones generan recelo entre los operadores afectados, por lo que el ministerio plantea visualizar el volumen total de las sanciones impuestos.
Por el momento no se plantea modificar la cuantía de las multas –sería necesario una modificación legal– aunque en estos momentos Agricultura no cierra la puerta a ninguna medida.
La horquilla de las sanciones es muy elevada, oscilando el castigo por infracciones graves entre los 3.001 euros y los 100.000 euros, y las muy graves hasta el millón de euros.
Acuerdos comerciales
Otra cuestión es la reorganización de la inspección en frontera para mejorar la eficiencia de los controles a la importación. A nivel europeo, Agricultura pedirá a la Comisión medidas para mejorar la coordinación de las aduanas nacionales.
La postura de España será defender el principio de reciprocidad (‘cláusulas espejo’) en la utilización de productos fitosanitarios para que, si está prohibido el uso de un producto en la Unión Europea no se autorice la importación de alimentos en los que se hayan usado. Planas ya se ha mostrado anteriormente a favor de la introducción de estas cláusulas, lamentando, eso sí, carecer de una mayoría cualificada para poder llevarlo a cabo.
Además, el Gobierno aplicará de forma preventiva un límite cero en los casos en los que la Unión Europea no haya establecido un límite máximo de residuos para sustancias no autorizadas.
Cuaderno digital voluntario, no obligatorio
La modificación más relevante e inmediata para los productores es la voluntariedad del cuaderno digital, una herramienta que el ministro defendió hace apenas tres semanas como una revolución para el sector y cuya puesta en marcha no quería aplazar de nuevo.
La voluntariedad irá acompañada, eso sí, de una serie de incentivos para favorecer su uso. El ministerio ya trabaja en la definición de estas medidas.
Simplificación administrativa
Además, el Gobierno ha comprometido a los productores una simplificación de la carga administrativa en la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) a través de propuestas para las que espera la autorización de la Comisión Europea en el Consejo de Agricultura y Pesca previsto para el día 26.
Es el caso de la eliminación de incluir una foto georreferenciada en las declaraciones para acceder a ayudas o la recuperación del régimen simplificado para explotaciones que perciben menos de 5.000 euros en ayudas.
A nivel europeo, España defenderá en el próximo Consejo europeo varias propuestas de simplificación sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) de la PAC, como la derogación de la rotación de cultivos y superficies no productivas en los cultivos de regadíos o la eliminación de la retroactividad en el cómputo de años de rotación.
