El choque entre PSOE y Sumar en el seno del Gobierno a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha escalado en el Congreso. Tres formaciones –PP, Podemos y el propio Sumar—han registrado esta semana proposiciones de ley para acompasar los límites de tributación a su última actualización, hasta los 16.575 euros.
Las tres modifican la Ley 35/2006 que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Pero, pese a que el objetivo declarado es común, evitar la tributación de un perceptor de ingresos equivalentes por esta cantidad, ninguna de las propuestas coincide en cómo llevar a cabo esta operación.
La propuesta del PP
Los ‘populares’ han registrado sendas proposiciones de ley en Congreso y Senado, cámara esta última que controlan con mayoría absoluta.
La fórmula elegida es la empleada por el Ministerio de Hacienda en la anterior subida, modificar el umbral fijado a la hora de estar obligado a presentar la declaración (art.96, relativo a la obligación de declarar).
La norma contempla que sólo será obligatorio declarar ingresos íntegros procedentes del trabajo a partir de 22.000 euros al año, pero se rebaja a 15.876 euros (el SMI anterior a la última subida) cuando se den determinados supuestos.
Por ejemplo, cuando exista más de un pagador que suponga una cantidad relevante (a partir de 1.500 euros, computando todos los pagadores que no sean el principal), se perciban pensiones compensatorias o los rendimientos del trabajo estén sujetos a tipo fijo de retención.
El PP propone sustituir la cantidad citada por la equivalente al SMI, lo que evitaría actualizaciones periódicas para acompasar cada subida.
Además, los de Alberto Núñez Feijóo aprovechan para introducir modificaciones en el artículo que regula los límites en la obligación de declarar. Y lo hacen en la línea que estableció Hacienda en el decreto-ley ómnibus que derogó el Congreso, irónicamente, por el voto en contra del PP a su convalidación.
Estos cambios no fueron recuperados posteriormente en el segundo decreto-ley que la Cámara convalidó esta semana. Concretamente, elevan de 22.000 a 24.000 euros el umbral a partir del cual deben declararse rendimientos íntegros del trabajo.
También el umbral para computar rentas percibidas de segundos y terceros pagadores y estar sometido al límite de 24.000 euros y no del SMI, que pasaría de 1.500 a 2.500 euros.
La propuesta de Sumar
Los de Yolanda Díaz atacan esta problemática modificando el art. 20, que regula la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Dejan intacto el umbral sobre la obligación de declarar pero amplían la reducción para asegurar que una persona con ingresos íntegros iguales o inferiores al SMI minoran todo rendimiento neto sujeto a tributación íntegramente.
E incluso amplían el margen para asegurar que una persona con ingresos derivados del trabajo de hasta 5.000 euros por encima del SMI vean detraídas sus rentas en la declaración del IRPF.
Desde esta formación explican que, con su propuesta, no habría retenciones ni se pagaría IRPF en cualquiera de los casos.
La propuesta de Podemos
Los de Ione Belarra huyen de cualquier técnica fiscal para evitar la tributación del SMI. Prevén una nueva disposición para asegurar explícitamente que “en ningún caso se practicarán retenciones por rendimientos del trabajo de aquellos trabajadores que perciban, en cómputo anual, el Salario Mínimo Interprofesional”.
No lo aplica ni en la obligación de declarar ni en una deducción, sino en la normativa aplicable a las retenciones.
Lo hacen a través de un nuevo apartado 99.12, que regula la obligación de practica pagos a cuenta, y que prevé como deuda tributaria las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados.
¿Qué futuro le esperan a las iniciativas?
El escenario más plausible es que PSOE y Sumar alcancen un acuerdo que ponga fin al choque en el Gobierno, y que no haga necesario completar la tramitación parlamentaria de ninguna de las propuestas.
En un escenario atípico en la legislatura, es el socio minoritario, Sumar, el que goza de una posición ventajosa. Cuenta con números suficientes para aprobar la reforma –sólo el PSOE se opone—y los socialistas no pueden hacer nada para frenarla.
Una vez la Mesa califique las iniciativas, el Gobierno tendrá un mes para pronunciarse. La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de vetar de la tramitación toda iniciativa que suponga un aumento de crédito presupuestario o minoración del mismo.
Sin embargo, necesita mayoría en la Mesa del Congreso para hacer valer este veto. La mayoría del PP en la Mesa del Senado, por ejemplo, ha rechazado admitir los vetos del Ejecutivo por considerar que se extralimitan de la capacidad que le otorga la Carta Magna.
En el Congreso, la ausencia de un diputado del PSOE impidió refrendar los vetos de Hacienda al proyecto de Ley sobre derechos de emisión de CO2 –lo que permitió a PP, Junts y ERC suspender la aplicación del impuesto energético–.
Sin ir más lejos, en un ejemplo análogo, Sumar decidió rebelarse y levantar los vetos dictados por Hacienda en la tramitación del paquete fiscal, al constatar que afectaban a enmiendas propias.
PP y Sumar, en definitiva, podrían impedir su veto.
Esa mayoría también podría evitar el intento del PSOE de bloquear las propuestas en plazo de enmiendas, como sucede con la mayoría de proposiciones de ley, y también la activación de los diferentes órganos para avanzar con la tramitación.
En todo caso, llegar a ese punto supondría que los socios habrían renunciado a resolver sus discrepancias con un acuerdo.
No sería, eso sí, la primera vez desde que el PSOE gobierna en coalición. Apenas unos meses antes de convocar elecciones, en la pasada legislatura, aprobó sin su socio Unidas Podemos, pero con el PP, la reforma de la Ley del sí es sí.