Era la niña bonita de la legislatura, la promesa estrella del Gobierno de coalición. Acabó convertida en un culebrón. Y su aprobación salvó por unos pocos días la disolución de las Cortes. Si el Senado hubiera aprobado tan solo una enmienda y la hubiera devuelto al Congreso, la Ley de Vivienda no habría llegado al Boletín Oficial del Estado.
Pero fue aprobada y publicada el pasado 25 de mayo. Casi cinco meses después, el acceso a la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza en España. Los precios no ceden y la situación, lejos de mejorar, se recrudece. ¿Falta de eficacia de las medidas aprobadas? ¿Problemas en la forma de aplicación?
«La ley no se está aplicando en ningún sitio. Depende de las comunidades autónomas y la mayoría son del PP», critica la PAH
En su discurso de investidura, el candidato ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo criticó ante el Congreso que los altos precios del alquiler demostraban el fracaso de las políticas de intervención propugnadas en la norma. A día de hoy, la única regulación aplicada a los precios es el tope de revalorización anual de los contratos –dentro de las medidas aplicadas de urgencia contra la inflación–, hasta la adopción de un índice que module las subidas y no se vinculen al IPC. En 2023 está fijado en el 2%.
«La ley no se está aplicando en ningún sitio»
Sin embargo, de la regulación de precios contemplada en la Ley de Vivienda no hay rastro. “La ley no se está aplicando en ningún sitio”, resume Paco Morote, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “La inmensa mayoría de medidas dependen de las comunidades autónomas. Y la mayoría son del PP, que ya dijo que no las iba a aplicar”.
Cataluña ha pedido la declaración de zona tensionada de 140 municipios, pero Transportes aún no lo ha autorizado. Pospone la intervención a tener un índice de precios
La ley entró en vigor dos días antes de las elecciones autonómicas y municipales, tras las cuales el poder territorial de los ‘populares’ ha aumentado. Además de mantener comunidades como Madrid o Murcia, el PP se hizo con los gobiernos de Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, La Rioja, Aragón y Cantabria. Y ninguno de ellos piensa aplicar la intervención de precios.
Sí hay una comunidad que ha mostrado su voluntad de intervenir las rentas. Cataluña ha solicitado ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la declaración como zona tensionada de 140 municipios.
A la espera de un índice de precios estatal
¿Cuál es el problema entonces? El Ministerio pospone esta intervención hasta tener listo un índice de precios estatal.
Transportes ya presentó en junio de 2020, con José Luis Ábalos como ministro, un índice de precios de referencia. Desde el Ministerio aseguran ahora que no se trataba de un índice de precios de referencia (pese a que se presentó como tal, a partir de datos tributarios y catastrales de 11,2 millones de bienes inmuebles), sino una “encuesta” que no está actualizada.
«Tenemos la sensación de que no hay voluntad de aplicar de forma inmediata la contención de precios», lamentan en la Generalitat
No hay ninguna fecha prevista para su puesta en marcha. Sí una mesa de trabajo con el Colegio de Registradores y la petición a las comunidades autónomas de información sobre sus índices de precios, como el que elaboró en su día Cataluña a partir de los contratos depositados, y que sirvió de referencia para intervenir los precios durante más de un año hasta la paralización de la ley autonómica por el Tribunal Constitucional.
Por eso, desde la Generalitat no entienden por qué, si la propia ley prevé la utilización de índices territorializados, y en Cataluña tienen uno que ya ha llegado a aplicarse, no sea posible recurrir a él hasta contar con uno estatal. De hecho, creen que es una forma de dilatar la entrada en vigor de la norma. “Nuestra percepción es que, si no es el índice, es otra cosa”, comentan desde Barcelona.
Dudas de la voluntad de aplicar la ley
Porque, además del índice, la declaración de zona tensionada no puede aplicarse hasta que el Ministerio de Transportes no publique la memoria justificativa que acompaña la solicitud y que la Generalitat entregó durante el verano al Gobierno central. Este documento debe recoger el alcance de la regulación propuesta e indicadores estadísticos que motiven la intervención.
La respuesta de Transportes es que la solicitud de la Generalitat está en proceso pero que aún faltaba documentación por cumplimentar, tanto por la administración autonómica como por la central, para su resolución. En la Generalitat aseguran no haber recibido ningún requerimiento formal de documentación y retan al Gobierno a aclarar qué falta para la publicación de su memoria.
Transportes asegura que falta documentación por entregar y que el índice de precios que presentó hace tres años con Ábalos como ministro no es válido
“Tenemos la sensación de que no hay voluntad de aplicar de forma inmediata la contención de precios. No sabemos si porque su voluntad es tener el índice homogéneo y no el nuestro, o porque directamente no quieren aplicarlo”, lamentan.
Aplicar la regulación, aun sin índice
El Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinas de Cataluña) también clama por la espera y no entiende que pueda aplicarse la regulación de precios con el índice catalán o incluso sin índice, ya que esto permitiría frenar las subidas en la renovación de contratos.
El índice de precios permite definir el precio máximo de los nuevos alquileres o incluso bajar el de los ya alquilados si son propiedad de grandes tenedores. Pero, aun sin este índice, sí es posible aplicar una contención de precios cuando los contratos expiran y el propietario plantea nuevas subidas.
Hasta el 30 de junio existía una prórroga obligatoria de 6 meses para evitar este tipo de situaciones, dentro del paquete de medidas aprobadas contra la inflación. Con esta cláusula vencida, desde esta organización aseguran que hay familias que se enfrentan a subidas de un 30% o hasta un 50% en la renta de su alquiler en los nuevos contratos.
El Sindicato de Inquilinos pide usar el índice catalán o al menos ‘congelar’ los precios para evitar que los nuevos contratos que se firmen no supongan subidas de precio
En esta organización claman porque las dos grandes victorias que supuso la Ley de Vivienda en materia de alquiler, la regulación de precios y que el inquilino no asumiera los costes de gestión, no se están cumpliendo. “Estamos viendo que inmobiliarias y arrendadores utilizan conceptos de forma encubierta para saltarse la ley”, explican desde el sindicato.
Estos conceptos pueden ser a través de un contrato de asesoramiento o el cobro de la reserva del piso con cuantías que acaban siendo los honorarios prohibidos en la ley. Otra vía de escape para no cumplir la ley, critican, es el de los contratos de temporada, que se quedaron fuera del perímetro de regulación propuesto en la normativa.
Temor a una avalancha de desahucios
¿Y en materia de desahucios? Pese a que la ley ya estaba en vigor cuando se aprobó la última prórroga de las medidas de protección social contra la crisis, los colectivos por el derecho a la vivienda exigieron prorrogar la suspensión de procedimientos, algo a lo que el Gobierno accedió.
La Ley de Vivienda no incluye la prohibición de los desahucios sin alternativa pero sí contempla una serie de procedimientos e instrumentos de mediación para ganar tiempo en la ejecución y dar margen a los servicios sociales para encontrar una solución habitacional. Pero estos instrumentos, apunta la PAH, aún no han sido desarrollados por las comunidades autónomas.
La PAH cree que las comunidades no llegarán a tiempo el 1 de enero para ofrecer alternativa habitacional para los procedimientos de ejecución suspendidos
Desde esta plataforma alertan del riesgo de que, si no hay una nueva prórroga, el próximo 1 de enero desencadene una avalancha de cientos de miles de ejecuciones. “Las comunidades autónomas, sobre todo las del PP, van a seguir sin haber desarrollado nada. Pero es que aunque quisieran, tampoco disponen de parque público suficiente. No pueden encontrar vivienda alternativa”, lamenta Morote.
La PAH pide una nueva ley
La frustración ha llevado a la PAH a exigir una nueva legislación que garantice el derecho disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tal y como reza el artículo 47 de la Constitución. Pero sobre la base de una Ley General que fije unos derechos mínimos, al igual que ocurre en la sanidad o en la educación, que todas las comunidades han de cumplir.
Morote quiere que esta legislación se haga conforme al artículo 149.1.Primero de la Carta Magna, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. “Lo que hay es una ley que no sirve. Y ya lo advertimos”, resume.