QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV y BNG (Grupo Mixto) registraron este miércoles una iniciativa conjunta para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados ya desde el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, agendado para los días 26 y 27 de septiembre. Se trata de una Proposición de reforma del Reglamento de la Cámara Baja que los partidos firmantes esperan aprobar por el procedimiento especial de lectura única en un Pleno que se celebrará la semana del 20 de septiembre.
La previsión de los socialistas es que la Mesa califique la Proposición de reforma la semana próxima y se agende un pleno para la siguiente. Al no haber aún calendario de sesiones disponible, la Mesa podría convocar una de forma extraordinaria.
La previsión de los socialistas es que la Mesa califique la Proposición de reforma la semana próxima y se agende un pleno para la siguiente.
La propuesta se tramitará por el procedimiento especial de lectura única en el Pleno de la Cámara, lo que supone que, una vez tomada en consideración, que solo podrían presentarse enmiendas a la totalidad. Este último punto es clave, puesto que, de no ser por lectura única, el articulado tendría pasar por comisión y designar la ponencia que elaborase el dictamen, y estas aún no están conformadas.
Al proceder a su aprobación por lectura única, el debate quedaría sujeto a las normas establecidas en el artículo 150 del Reglamento, por lo que no cabe la presentación de enmiendas parciales que lo dilaten.
Hablado y escrito
La proposición consta de un Artículo único que añade y/o modifica varios puntos del Reglamento. En primer lugar, se añade un apartado nuevo 3 al artículo 6, de tal manera que los diputados y diputadas tendrán derecho a “usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”.
Se modificará el apartado 1 del artículo 60, relativo a los medios personales y materiales, para garantizar que el Congreso disponga servicios de traducción e interpretación de las lenguas cooficiales.
La reforma también percute sobre el apartado 2 del artículo 70 para avalar que los oradores puedan pronunciar el discurso en cualquier lengua cooficial; un derecho que no solo se aplicará para las intervenciones desde la tribuna. Y es que, se modificará de igual forma el apartado 1 del artículo 92 para permitir que puedan presentarse escritos en el Registro redactados en cualquier lengua cooficial. En este sentido, el texto contempla un periodo de transición que no podrá ser superior a seis meses para implementar de forma integral la presentación de documentos y escritos. Durante ese periodo, los diputados y diputadas que presenten sus escritos en cualquier lengua cooficial habrán de acompañarlos con una traducción.
Se contempla un periodo de transición de seis meses para hacer efectivo el derecho a registrar escritos en cualquier lengua cooficial.
El Diario de Sesiones recogerá las intervenciones íntegras que se hubieran realizado en lenguas cooficiales (artículo 96), también en las sesiones secretas en las que se levanta Acta taquigráfica.
Asimismo, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicará las iniciativas presentadas tanto en castellano como en la lengua cooficial correspondiente.
Contratación urgente y revisión a la vista
Conscientes de que el paraguas jurídico ha de complementarse con recursos técnicos, fuentes socialistas admiten que se tendrá que contratar personal y disponer medios a corto plazo y, conforme avance el tiempo, establecer una estructura más fija. Con todo, se comprometen a que la Cámara dispondrá desde la próxima sesión de investidura de los servicios precisos de traducción e interpretación para que éstas puedan realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales.
En consecuencia, a fin y efecto de agilizar los trámites administrativos, los contratos de urgencia para traductores se pagarían con el fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. La cifra ascendería a 108,24 millones de euros, según los últimos datos publicados por el propio Congreso con fecha de marzo del 2022.
El sistema será muy parecido al del Senado. La Cámara Alta tiene contratados unos 25 intérpretes que realizan todas las labores del proceso de traducción. Estos suelen ubicarse en las cabinas de la Sala Europa y, desde ahí, traducen al castellano. Quienes lo deseen, bien sean senadores o prensa, pueden solicitar unos auriculares en los que escucharán la traducción en tiempo real. Asimismo, ayudan a las taquígrafas, puesto que estas no toman nota de las intervenciones que no sean en castellano, sino que son los propios intérpretes los que les facilitan la traducción para incorporarla. También traducen los documentos escritos registrados.
Por último, la iniciativa incluye una Disposición Adicional por la cual los partidos firmantes se comprometen a acometer una revisión del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género.
