La futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario no parte de cero. Entre someter el proyecto a un nuevo proceso de audiencia pública y enviar ya una propuesta al Congreso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elegido lo segundo.
El proyecto llegó la semana pasada a la Cámara Baja desde el Consejo de Ministros sin tener que ser examinada de nuevo y recabar unos nuevos informes. Pero, para ello, el Gobierno ha tenido que remitirlo en los mismos términos (o prácticamente los mismos, apenas un par de apreciaciones de carácter técnico) que como llegó la pasada legislatura.
Esta vía agiliza la tramitación, pero deja fuera todas las aportaciones realizadas por el Congreso. Era de esperar que el Gobierno dejara fuera aquellos cambios incorporados pese al rechazo. No fueron pocos. Por ejemplo, para recoger la doble potencia estacional en cooperativas agrarias o la extensión del IVA al 0% en todas las donaciones.
Pero es que el Ministerio también pactó varias enmiendas para sacar adelante la norma, que había llegado al Congreso sin el aval de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que presentó enmiendas por separado.
El proyecto de ley, que cayó después en el Senado con la disolución anticipada de las Cortes, fue aprobada por el Congreso con los votos de PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Coalición Canaria, Compromís, Teruel Existe, PRC y Foro Asturias. Vox, ERC, Junts y BNG se abstuvieron. Ningún grupo votó en contra.
Objetivos concretos de reducción de residuos
Se fijaba una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y de los consumidores en 2030 respecto a 2020, y del 20% de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con las metas marcadas en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Otra enmienda habilitaba al Gobierno a establecer reglamentariamente objetivos específicos, pero para ello debía contemplar incentivos a determinados operadores y sectores de la cadena de producción y suministro.
Más supermercados obligados a donar
El proyecto de ley que llega al Congreso fija un umbral de 1.300 metros cuadrados la superficie útil de exposición y venta al público a partir del cual los supermercados no están obligados a suscribir convenios para la donación de excedentes.
La ponencia de la Comisión de Agricultura matizó que estarían obligados aquellos establecimientos que operasen bajo un mismo código de identificación fiscal y superasen el citado límite en su conjunto, incluyendo así a los supermercados más pequeños de una cadena que, de lo contrario, habrían estado exentos.
Micropymes, exentas de la donación y el plan de pérdidas
Las microempresas quedaron exentas de las obligaciones fijadas en la ley sobre la suscripción de acuerdos o convenios para la donación de excedentes y contar con un plan de aplicación para la prevención de pérdidas.
Prevención del desperdicio en la contratación pública
Otra obligación a las administraciones era la de incluir en los pliegos de contratación de servicios de alimentación prácticas adecuadas desde el punto de vista del desperdicio alimentario y el cumplimiento de la ley como condición especial de ejecución.
Sin responsabilidad civil por defectos en la donación
La ley eximía de responsabilidad civil y administrativa a oenegés y entidades sociales por posibles defectos de naturaleza, aspecto, duración o envasado cuando los productos ya estuvieran así y no existiera dolo, culpa o negligencia.
Promoción de empleo social
Se obligaba a las entidades sociales afectadas por la ley vincular las donaciones de alimentos a “la promoción de proyectos que posibiliten empleo e inserción socio laboral de personas en situación de vulnerabilidad”.
Reducción de la tasa de basuras
Se contempló como obligación a las administraciones públicas estudiar medidas fiscales, como la reducción en la tasa de basuras en proporción a la cantidad de pérdidas y desperdicio alimentario evitados a través de la donación (enmienda introducida en contra del criterio del Gobierno).
Cuantificación y planes específicos autonómicos
El informe realizado por el Ministerio de Agricultura sobre el Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio debía incluir la cuantificación realizada de estas pérdidas (Enmienda introducida en contra del criterio del Gobierno).
Otra enmienda preveía que las comunidades autónomas se dotaran de planes específicos de inspección y control de las pérdidas y el desperdicio.
Doble potencia eléctrica
La ley incluía también una disposición para posibilitar a las cooperativas agrarias la contratación de acceso a las redes de transporte y distribución con dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad.
La regulación preveía que los precios del término de potencia no experimentaran ningún incremento respecto a las tarifas de aplicación (enmienda introducida en contra del criterio del Gobierno).
IVA al 0% para todas las donaciones
Otra disposición aprobada la pasada legislatura emplazaba al Gobierno a aprobar los mecanismos necesarios para asegurar la exención del IVA a todas las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos.
Los bancos de alimentos reclamaban que, al igual que las donaciones de supermercados no están sujetas a IVA, tampoco estuvieran obligadas las donaciones de particulares, al igual que las compras de las propias organizaciones sin ánimo de lucro con dinero en metálico donado (enmienda introducida en contra del criterio del Gobierno).