QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
“Punto por punto”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se anduvo con rodeos este martes en la presentación de su programa electoral: El Plan de calidad institucional presentado en Cádiz el pasado enero formaría parte de sus compromisos como presidente del Gobierno en caso de ser investido tras las elecciones del próximo 23 de julio.
El plan se concibe como respuesta a la forma en la que el Gobierno y los grupos que lo respaldan han tramitado muchos de sus proyectos. Contiene medidas como la renuncia a enmiendas “intrusas”, ajenas al objeto material de la norma, o el compromiso de no bloquear ningún decreto que se tramite como proyecto de ley en sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Las propuestas se recogen en el propio programa electoral, dentro de una batería de medidas dirigidas a “fortalecer el poder legislativo”. Estas son las medidas que afectarían al funcionamiento de las Cortes Generales o a la actividad legislativa del Gobierno:
Uso del decreto-ley
Compromiso de limitar el uso del decreto-ley y de no incluir en ellos medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata. En ese caso estas medidas se tramitarán en las Cortes dentro de un proyecto de ley. En cada decreto ley, reza el Plan de calidad institucional, “deberá fundamentarse debidamente la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva”
Bloqueo en la tramitación de leyes
Compromiso de no bloquear la tramitación de los proyectos de ley que se deriven de un decreto-ley, obligando a motivar las prórrogas de enmienda. En el Plan de calidad el PP avanzaba mecanismos que impidieran este bloqueo.
Para avalar la convalidación en el Congreso de cada decreto, la oposición ha exigido poder enmendarlo. Esto requiere tramitarlo como proyecto. Sin embargo, la práctica totalidad de los que se tramitaron como proyecto se quedaron sin ver sus enmiendas registradas. O, si llegaron a registrarse, muchas acabaron en un cajón, a la espera de la convocatoria de su ponencia.
Promete no bloquear decretos que se tramiten como proyecto de ley y reforzar las mayorías para aprobar prórrogas de plazo
El bloqueo de las iniciativas legislativas es un clásico de la tramitación parlamentaria. En cada reunión la Mesa del Congreso decide si finaliza el plazo para registrar enmiendas o lo prorroga una semana más. En un primer momento, la prórroga se justifica como medida de cortesía para dar tiempo a trabajar las enmiendas. En la práctica, su abuso impide que las iniciativas avancen. Algunas admitidas a trámite al iniciarse la legislatura no han salido de la Mesa.
Hace cinco años, el PSOE impulsó una reforma del Reglamento del Congreso para limitar las prórrogas de estos plazos en una Mesa que controlaban PP y Cs. La propuesta establecía que, a partir del primer mes, únicamente fuera posible aumentar el plazo con la mayoría absoluta de toda la Cámara, y no de la Mesa. La reforma no acabó prosperando.
En su programa el PP lleva ahora una propuesta en este sentido, al avanzar que reforzará las mayorías necesarias para la aprobación por la Mesa del Congreso de las ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas.
Adiós a las “enmiendas intrusas”
El PP promete una reforma de los Reglamentos del Congreso y Senado para excluir de forma expresa la posibilidad de introducir “enmiendas intrusas”. Se trata de enmiendas que no guarden una conexión de homogeneidad con el objeto material de la norma en tramitación.
Una oficina dirigida por parlamentarios con Letrados de las Cortes prestará apoyo técnico para asegurar la calidad normativa y podrá evaluar ‘ex post’ las leyes
Estas enmiendas son otro clásico, especialmente en esta legislatura en la que el respeto por la coherencia normativa se ha antojado, en palabras de más de un diputado, un animal mitológico. Los ministerios en no pocas ocasiones han aprovechado para colar vía enmienda reformas completamente ajenas al contenido, y así evitar los plazos de una tramitación ordinaria.
Todo ello pese a que, tal y como recuerda el PP en su propio programa de Gobierno, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que este tipo de enmiendas no eran admisibles.
Oficina de Calidad Legislativa
Los ‘populares’ avanzan la creación de una oficina con el fin de asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación. Pese a que el programa electoral se queda ahí, en el Plan de calidad institucional detallaron que la oficina estaría dirigida por parlamentarios y compuesta por Letrados de Cortes, además de expertos en la materia de los proyectos que así lo requieran.
Sus funciones, concretaba en enero el PP, serían prestar apoyo técnico a las decisiones de la Mesa, absteniéndose de hacer juicios políticos, y formular propuestas técnicas sobre proposiciones de ley y las iniciativas que procedan durante el resto de la tramitación. También estará facultada para el seguimiento y evaluación ‘ex post’ de las leyes, con el análisis del cumplimiento de sus fines y su impacto social.
Reforma de la Ley del Gobierno: planificación y rendición de cuentas
El PP plantea reformar la Ley 50/1997 del Gobierno para mejorar la planificación y tramitación normativa, así como la rendición de cuentas ante el Congreso.
Entre otras medidas, prevén la comparecencia anual de la persona titular del Ministerio de Presidencia para dar cuenta del Plan Anual Normativo, así como cada vez que haya una propuesta normativa del Gobierno no incluida en él y también medidas para planificar y controlar adecuadamente la trasposición en plazo de directivas europeas.
Plantea que los Letrados remitan un informe sobre la técnica jurídica de cada proposición de ley que se registre y que, una vez se tomen en consideración, se pronuncien los organismos consultivos
También quiere regular la obligación del Gobierno de informar de forma periódica y pública sobre el cumplimiento de los mandatos emanados de las mociones y proposiciones no de ley aprobadas, y regular de forma específica la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, y que así deje de ser una iniciativa discrecional del Ejecutivo.
Consejo de Estado e informes técnicos en proposiciones de ley
Otra reforma es la de establecer reglamentariamente un mecanismo para la solicitud de informes al Consejo de Estado sobre proyectos de ley que se remitan al Congreso sin que el Gobierno haya recabado su dictamen.
Para las proposiciones de ley, la propuesta del PP es que los Letrados de las Cortes Generales remitan un informe escrito a los grupos parlamentarios antes de su toma en consideración. Este informe se limitará a aspectos de técnica jurídica y a su compatibilidad con las normas europeas y del bloque de constitucionalidad.
La reforma de los Reglamentos del Congreso y del Senado también servirá para fijar la necesidad de contar con informes técnicos en las proposiciones de ley que sean tomadas en consideración, solicitándose informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el resto de organismos del Estado que hubieran sido preceptivos en caso de tratarse de un proyecto de ley. De tratarse de una ley orgánica o de una ley procesal la tramitación se vería interrumpida de no contar con los informes preceptivos.
La huella legislativa consistirá en una ficha pública que detalle quién intermedió en la tramitación, quién enmendó y qué votó cada grupo
Durante esta legislatura el PP ha criticado el uso de la proposición de ley por parte de PSOE y Unidas Podemos para acortar los tiempos de tramitación de iniciativas como los nuevos gravámenes a banca y energéticas o la derogación en el Código Penal del delito de sedición.
Regulación de los lobbies y la huella legislativa
La esperada regulación de los lobbies puede ser una realidad la próxima legislatura. El PP avanza una normativa sobre los grupos de interés y la huella legislativa, en línea de la proposición de ley ya registrada por este grupo y las enmiendas a la modificación del Reglamento que se tramitó.
Cada iniciativa legislativa contará con una ficha pública en la que se detalle quién intermedió o negoció durante la tramitación, quién enmendó y quién votó y dejando constancia real de los procesos de influencia sobre cada texto legislativo.
Expertos y buzones de participación
Para asegurar la comparecencia de expertos e interesados en la tramitación de iniciativas legislativas el PP quiere regular su participación a través de audiencias en Comisión, debidamente fundamentadas.
También plantea abrir cauces de participación telemática en Congreso y Senado para posibilitar a asociaciones y personas interesadas la presentación de propuestas relativas a iniciativas legislativas que se estén tramitando. Estas propuestas serán de conocimiento de todos los grupos parlamentarios antes del cierre del correspondiente plazo de enmiendas.
Llama a reforzar el papel del Senado y estudiar cómo puede fiscalizar la distribución y ejecución de fondos públicos
En una reforma de la Ley del Gobierno el PP quiere limitar los supuestos de eliminación del trámite de audiencia pública en la tramitación de proyectos de ley.
El coste de cada norma
Otra exigencia será la de incluir en las memorias económicas de las iniciativas el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos. Actualmente las memorias se limitan a realizar una estimación del impacto presupuestario.
Simplificación administrativa
Con el fin de reducir la normativa existente el PP propone cumplir con el principio de ‘una nueva norma, tres eliminadas’, y así asegurar que cada nueva ley o norma reemplaza a varias existentes. Cada año se aprobará un decreto de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria.
El papel del Senado
En su programa, el PP promete promover que decisiones de carácter claramente territorial sean objeto de deliberación y aprobación por parte del Senado.
El Plan de calidad institucional va más lejos y reserva un apartado a medidas para fortalecer el papel de esta Cámara, incluyendo también el debate sobre propuestas que afecten a la distribución de competencias entre órganos centrales y autonómicos.
“El Senado puede y debe ser una verdadera herramienta de control y seguimiento de las políticas públicas”, estableció entonces el PP en este plan, en el que plantea analizar nuevas atribuciones que permitan fiscalizar la distribución de fondos públicos para competencias territoriales.
Con tal fin, propone una ley de indicadores de gestión con los que medir en términos homogéneos para todas las comunidades y ayuntamientos la eficacia y eficiencia de los fondos públicos para esas políticas públicas.
También llama a fortalecer el papel del Senado como única cámara a la que se otorga la competencia exclusiva para celebrar debates conjuntos entre el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y los grupos parlamentarios. Con el fin de mejorar la utilidad y el atractivo de los debates de la Comisión General de Comunidades Autónomas propone la posibilidad de presentar resoluciones y someterlas a votación.
