Pocos meses antes del estallido de la pandemia de covid-19, el Sindicato de Enfermería (Satse) entregaba el más de medio millón de firmas necesario para tramitar su proposición de ley “para asegurar la seguridad del paciente”, por la que exigen garantizar un número máximo de pacientes por enfermera. A finales de 2020, la iniciativa legislativa popular (ILP) del Satse, con más de 300 votos a favor y solo 10 en contra, superaba el debate de toma en consideración en el Pleno y entraba en fase de presentación de enmiendas. Más de dos años después, ahí sigue, bloqueada.
La iniciativa legislativa popular (ILP)La Constitución Española, en su artículo 87.3, otorga a la ciudadanía el derecho de presentar proposiciones de ley a las Cortes. El requisito principal es lograr acreditar un apoyo de al menos 500.000 firmas de electores, como establece la ley orgánica que regula la ILP. No todas las materias son susceptibles de modificación vía ILP. Entre otras quedan excluidas las propias de leyes orgánicas, las de naturaleza tributaria, las de carácter internacional o los indultos.
El de ratios de enfermería es uno de los 43 textos que en estos momentos acumulan más de un año de ampliaciones del plazo de enmiendas, según los datos de las más de 5.000 peticiones de prórrogas registradas recopiladas por Demócrata. El análisis de este medio de las actas de acuerdos de la Mesa del Congreso permite conocer en detalle qué grupos son los que, semana a semana, han ido estirando los tiempos para registrar enmiendas de cada iniciativa legislativa en lo que va de legislatura.
En el caso de la ILP de los profesionales de la enfermería, los grupos llevan pedidas 90 ampliaciones y se ha extendido el plazo 82 veces. Ya en otoño de 2021, el Satse denunciaba la situación en la que se encontraba su proposición, y apuntaba al Partido Popular y al PNV como responsables. En efecto, el del PP y el vasco eran los grupos firmantes de la mayoría de las solicitudes de prórroga hasta esas fechas.
