Los Presupuestos que Sumar presenta al PSOE: reforma fiscal de 27.000 millones, permisos de cuidados y mucha, mucha vivienda

Los de Yolanda Díaz proponen limitar las ayudas autonómicas a las comunidades que sí apliquen la Ley de Vivienda, prorrogar las ayudas al transporte, facilitar la compra de vehículos eléctricos, extender la salud bucodental en la Sanidad Pública y una nueva política industrial con más protagonismo del Estado

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presenta las propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest urtasun y la ministra de Juventud e Infancia, sira Rego, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid | Jesús Hellín / Europa Press

Más que una propuesta presupuestaria, Sumar presentó ayer en Madrid un programa de legislatura. Con muchas, la mayoría, medidas no pactadas en el acuerdo coalición con su socio de Gobierno, el PSOE, con el que inicia a partir de ahora una negociación para llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025.

La propuesta, ya trasladada al PSOE, una amplia batería de medidas fiscales para elevar la recaudación en 27.000 millones, una nueva estrategia industrial y, destacando sobre todas ellas, un plan para aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible y limitar cualquier tipo de uso que no sea el residencial.

Vivienda: Sin la Ley no hay fondos

Cláusula ‘antiespeculación’. Prohibición de la compra de vivienda en zonas tensionadas si no es para utilizarla como vivienda habitual o alquilarla a una renta asequible.

Ayudas sólo para quien aplica la ley. Condicionar los fondos de vivienda dirigidos a CCAA a la aplicación de las medidas recogidas en la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler.

Más oferta. Sumar plantea dedicar un 1% del PIB anual a aumentar el parque de vivienda pública en alquiler asequible para alcanzar el objetivo pactado por la coalición del 20% de todo el parque, y para ello propone un fondo estatal de 40.000 millones con cargo a fondos europeos con el fin de construir 500.000 viviendas para alquiler asequible de entre 400 y 600 euros; extender el derecho de tanteo y retracto para compra pública de vivienda; ampliar el mínimo del 40% de edificabilidad a vivienda protegida y movilización de vivienda vacía.

Garantías a inquilinos. Extensión de los derechos de la Ley de Vivienda a contratos de temporada y por habitaciones; prohibición por ley de repercutir el IBI a los inquilinos; tope de precios del 30% de la renta en zonas tensionadas; establecer el contrato indefinido como contrato por defecto; régimen sancionador en la Ley de Vivienda; y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas.

No hay deducción si no hay alquiler asequible. Límite a las deducciones en IRPF por alquiler de vivienda cuando superen los precios de referencia del índice de precios.

Alquiler turístico sin rentabilidad. Apoyo a administraciones locales para cerrar pisos turísticos ilegales y endurecer su fiscalidad (21% de IVA, fin a la deducibilidad de rendimientos y más IRPF en períodos de no ocupación). Exigir más información a las plataformas donde se anuncian.

Reforma fiscal de 27.000 millones adicionales

Tapar ‘agujeros’ en Sociedades. Revisión y reducción de deducciones, límite de cuatro años la compensación de pérdidas o deducción no aplicadas y fin del régimen de consolidación de grupos empresariales y del beneficio fiscal por doble imposición internacional a beneficios repatriados.

Permanentes y sin recortes. Permanencia íntegra de los gravámenes a banca y energéticas, sin los incentivos planteados por Economía y PNV para cada una de las figuras, respectivamente.

La privada, con IVA. Fin a la exención del IVA en la educación privada y los seguros sanitarios privados.

Más IRPF a rentas de capital. Subida a partir del segundo tramo en los tipos aplicados a las rentas de capital –el máximo, sobre rentas de más de 200.000 euros, pasa del 26% al 33%) y nuevo tramo para rentas del trabajo a partir de 150.000 euros.

Rebaja ‘social’ del IVA. Aplicación de IVA reducido del 10% a consumos vitales en la factura de la luz (y tipo reducido en el Impuesto Especial sobre la Electricidad), servicios veterinarios y peluquerías, y tipo súperreducido a pañales y productos sin gluten.

A partir del millón, a pagar. Rebaja del mínimo exento en el Impuesto sobre Grandes Fortunas –ahora sólo afecta a patrimonios de tres millones– y en ese cálculo sólo tener en cuenta la cuota efectivamente pagada en Patrimonio.

Ahora las herencias. Replicar el modelo seguido para el Impuesto sobre Sucesiones con un nuevo Impuesto sobre Grandes Herencias para evitar su bonificación por las comunidades.

Impuesto inteligente en el súper. Nuevo gravamen al sector alimentario para empresas que facturen más de 100 millones que sólo se aplicaría si los márgenes han aumentado en los últimos cinco años (0,6% sobre la cifra de negocio y 1,2% si el margen, pese a la bajada de costes, hubiera crecido aún más en el último año).

¿Tasa Lamborghini? Nuevo gravamen aplicado sobre aviones privados, yates, coches de lujo y otros bienes suntuarios.

Uso residencial o recargo fiscal. Subida de impuestos generalizada contra cualquier uso no residencial de la vivienda: IVA al 21%, fin de ventajas fiscales en IRPF y Sociedades y gravamen especial para las Socimi.

Coto a ventajas fiscales de socimis y sicavs. Tope de concentración de capital por un mismo accionista y máximo temporal de permanencia para plsusvalías cuatro años en las sicavs; rebaja de la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

IBI progresivo. Establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo y aumentar la recaudación en 2.000 millones, aplicarlo sobre el patrimonio de la Iglesia Católica y al resto de confesiones que no se dedique a culto (o con alto valor histórico) y equiparar las bonificaciones de familia numerosa a todas las familias.

Impuesto especial al queroseno y aumento de la fiscalidad aplicada al tabaco tradicional.

Músculo contra el fraude. Doblar los efectivos de la Agencia Tributaria para equiparar su plantilla a la media europea, y enfocar su actuación y la de la Intervención General hacia la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales de grandes empresas y patrimonios, autorizando y aumentando la responsabilidad a los 8.000 técnicos de Hacienda.

Nueva política industrial: el Estado, protagonista

Enmiendas a la Ley de Industria. Sumar quiere llevar a la negociación presupuestaria las medidas que desea incluir en la esperada Ley de Industria, entre ellas condicionar cualquier apoyo al sector privado a objetivos a medio y largo plazo:

Reestructuración de la SEPI y los fondos de apoyo en una nueva agencia industrial pública y un banco público de inversión para aumentar la participación en sectores estratégicos y desarrollar proyectos industriales.

Plan de ayudas a industria electrointensiva.

Ayudas y subvenciones para movilidad ‘limpia’

Un año más. Prórroga durante 2025 de las subvenciones al transporte público en los mismos términos –gratuidad en desplazamientos recurrentes en cercanías y media distancia y reducción del 50% de los abonos de transporte urbano–.

Compra accesible. Programa público de ‘leasing’ para el alquiler con derecho a compra de vehículos eléctricos –100 euros/mes vehículos urbanos y 150/mes vehículos familiares– para facilitar su acceso a rentas medias y bajas.

Ayudas de hasta 500 euros para financiar el 50% de la compra de bicicletas.

Poner límites. Restricciones a los megacruceros, fin de las campañas turísticas de destinos masificados y reducción de vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media.

Cuidados, sanidad pública y cultura

Es directiva y hay riesgo de multa. Aprobación urgente del permiso parental de cuidados hasta los ocho años, para retribuir al menos cuatro semanas por hijo/a.

Hasta las 20 semanas. Extensión de los permisos de nacimiento.

Con un cheque debajo del brazo. Prestación universal por crianza de 200 euros mensuales hasta los 18 años, con implantación progresiva. 

Más recursos para la acogida. Aumento presupuestario para afrontar la política de acogida y protección a menores migrantes, en colaboración con las CCAAs

Subida del IPREM. Incremento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples en un 5% para compensar la subida de precios. 

Extender las ventajas de las familias numerosas a las familias monomarentales.

La pública cubre el dentista. Ampliación de las prestaciones sanitarias para la inclusión de servicios de salud bucodental y ayudas directas para la compra de gafas y lentillas.

Refuerzo del Plan de Salud Mental 2025-2027 y dotación presupuestaria para el Plan de Acción de Prevención del Suicidio.

Plan de equipamientos culturales y más inversión para producciones cinematográficas.

Fiscalidad adaptada al trabajo cultural. Tratamiento especial de rentas irregulares en IRPF; revisión de las deducciones para incluir gastos específicos y sistema de cotización y prestaciones específico para los artistas, teniendo en cuenta la intermitencia.

Financiación autonómica y local: reestructuración de deuda y flexibilidad

Reforma ya, pero hasta entonces… Hasta la aprobación de una reforma que actualice el actual sistema de firnanciación autonómica Sumar propone un mecanismo de reestructuración de deuda que corrija la infrafinanciación de estas administraciones y establecer los correspondientes acuerdos de compensación.

La factura de la infrafinanciación. Sumar quiere que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcule los déficits de financiación de cada comunidad –tanto por el recorte de transferencias a partir de la crisis financiera como insuficiencias específicas en términos de ingresos por habitante ajustado– y su impacto en la deuda.

Suavizar la regla de gasto municipal. En municipalismo plantea aumentar hasta el 2,5% del PIB la participación en los ingresos generales del Estado (unos 8.500 millones más), flexibilizar la regla de gasto y una reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para establecer escalas según el valar catastral, elevando su recaudación en unos 2.000 millones).

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