QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anticipó hace unos días que se está trabajando en un Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Su propósito sería trasladar a todos los comedores escolares los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implicará, entre otras cosas, la regulación de un consumo mínimo de frutas y verduras y la prohibición de bebidas azucaradas en las comidas.
Independientemente de la titularidad del centro, ya sea público, concertado o privado, los comedores deberán garantizar un suministro diario de frutas y verduras frescas; y deberán diseñar un menú que ofrezca carne y pescado de calidad y aumente la cantidad de legumbres. Por el contrario, se prohibirá el consumo de bebidas azucaradas.
No es el primer cerco que esta cartera ministerial impone a este tipo de bebidas. Cabe recordar que el Gobierno está perfilando otro Real Decreto, heredado del ministro anterior, Alberto Garzón, que prohibiría los anuncios y promociones de alimentos y bebidas con exceso de sodio, azúcares o grasas. El objetivo sería atajar la obesidad infantil.
El Real Decreto, según abundó Bustinduy, apostará por los circuitos cortos de producción y por los alimentos de cercanía para acceder así a productos más sostenibles, de calidad y que fomenten las economías locales.
Los datos crudos
El ministro anunció sus intenciones durante la presentación del estudio completo de ALADINO (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad), elaborado por el ministerio a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Según la investigación, uno de los principales retos que proyecta es la urgencia de atajar la desigualdad, ya que se apunta a que aquellas niñas y aquellos niños que pertenecen a familias de rentas más bajas tienen más problemas de exceso de peso porque consumen más bebidas azucaradas y menos frutas y verduras a diario.
Según los datos recogidos de 2023 en la población entre seis y nueve años, solo un tercio de las familias considera que la comida que se sirve en sus centros escolares es de calidad.
El exceso de peso entre la población infantil se ha reducido en un 4,5% a nivel general, registrándose así la mayor caída registrada en la serie histórica, pero continúa afectando a más de un tercio de los alumnos y las alumnas. Así, un 36,1% sigue teniendo un exceso de peso (20,2% sobrepeso, y 15,9% obesidad).
Esta situación es especialmente preocupante en las familias que ingresan menos de 18.000 euros al año, donde el exceso de peso infantil afecta a casi la mitad (46,7%) de las niñas y los niños que forman parte de estas familias, frente al 29,2% registrado en quienes pertenecen a familias con ingresos superiores a 30.000 euros.
A este respecto, el estudio refleja que el sobrepeso y la obesidad aumenta de forma progresiva en hogares con dificultades para llegar a fin de mes y cuando alguno de los progenitores no tiene un trabajo remunerado.
Como causas de esta situación, los datos obtenidos ilustran que, en las familias que ingresan menos de 18.000 euros, el alumnado tiene un menor consumo diario de frutas y verduras que el perteneciente a familias que ingresan más de 30.000 euros (36,4% vs. 53,6% y 19,2% vs. 29,3%, respectivamente).
También, este alumnado es el que desayuna menos veces a diario algo más que una bebida (un 61% frente a un 78%). Por el contrario, la población infantil de familias con rentas inferiores multiplica por ocho el consumo de bebidas azucaradas, concretamente el 7,8% las bebe más de tres días a la semana frente al 0,9%.
