El último real decreto anticrisis del Gobierno pasó el visto bueno del Congreso hace más de un mes, el pasado 24 de enero. Una amplia mayoría del hemiciclo facilitó su aprobación (175 síes, 164 abstenciones y únicamente siete noes). Medidas como la supresión del IVA en los alimentos con tipo superreducido del 4% y la rebaja de otros productos como el aceite de oliva y la pasta, que pasaron del 10% al 5%, suscitaron un enorme concierto, aunque no faltaron las voces críticas.
Todos los socios habituales del Gobierno, sin excepción, denunciaron que Moncloa aprovechó el sexto paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania para, a modo de caballo de Troya, eliminar los informes preceptivos de impacto medioambiental requeridos para los macroproyectos de energías renovables. Ahora, aquellos ecos discordantes, presionan para dar marcha atrás. Según ha podido confirmar Demócrata, Más País registrará este jueves dos enmiendas para suprimir los artículos 22 y 23 del real decreto y recuperar la obligatoriedad de analizar y estudiar el impacto medioambiental de macroproyectos de energías renovables.
En el borrador de las enmiendas de Más País- Verdes Equo al que ha tenido acceso este diario, el partido liderado por Íñigo Errejón justifica que “la crisis climática nos obliga a acelerar la descarbonización de nuestras economías empezando por nuestros sistemas de producción de electricidad donde los costes de producción mediante energías renovables ya son menores que los que usan combustibles fósiles”. En consecuencia, es necesario un despliegue “ágil de las energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, por todo el territorio español para producir electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el precio de la electricidad para favorecer la electrificación”.
No obstante, precisan que el cambio climático es solo un aspecto de la crisis ecológica, habiendo otras como la crisis del suelo, la contaminación y la crisis de biodiversidad. Es por ello por lo que, si bien las renovables “son imprescindibles”, no ha de obviarse que “pueden tener impactos locales sobre la biodiversidad que deben ser evaluados y, eventualmente, corregidos”. “Existe margen para una implantación de las renovables respetuosa o que incluso fomente en ocasiones la biodiversidad local reduciendo la presencia humana en determinadas zonas y, por este motivo, que los proyectos renovables estén obligados a someterse a una evaluación rigurosa de su impacto ambiental es fundamental para una mayor contribución local y global a resolver la crisis ecológica”, sostiene el documento.
En definitiva, Más País esgrime que es urgente y necesario el despliegue renovable, pero siempre deberán ejecutarse de forma respetuosa con el territorio y sus habitantes. “Esto implica no solo una mayor planificación general y una agilización prioritaria de los proyectos con un mayor retorno y consenso social en el territorio, sino también abrir e incluso mejorar los canales de participación pública y local por parte de los habitantes para que puedan contribuir a una mejor localización y una implantación más respetuosa de los proyectos renovables”. Para ello, exigen la supresión de los artículos 22 y 23 del último decreto anticrisis.
“Por si acaso”
Según fuentes de Moncloa, el Ministerio de Transición Ecológica no tiene intención alguna de dar marcha atrás. El PSOE se abrió a tramitar el real decreto como proyecto de ley, posibilitando que otras formaciones presenten enmiendas y trabajen mayorías para introducir sus modificaciones. Sin embargo, la Mesa continúa ampliando el plazo de enmiendas. La última prórroga se acometió este mismo martes, emplazando a las formaciones al próximo 7 de marzo. Partidos como el BNG han remitido un escrito motivado a la Mesa del Congreso para pedir que no se amplíe más el plazo.
Y es que, entre los socios habituales, se ha propagado el rumor de que, al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, el Grupo Socialista dilatará los plazos sine die. Fuentes de Más País confiesan que debatieron a nivel interno si registrar enmiendas porque “luego nunca cierran el plazo” y quedan en la nada más absoluta. “Lleva pasando desde los reales decretos de la covid. Dicen que los tramitan como proyecto de ley, pero no recuerdo ninguno que se haya modificado. La sensación generalizada entre los partidos y las asociaciones es que no sirve de nada presentar enmiendas”, añaden las mismas fuentes; pero en esta ocasión, los socialistas tendrán más dificultades para esquivar el debate ya que hasta su socio de Gobierno, Unidas Podemos, percute en este sentido.
Los morados, en concreto Juantxo López de Uralde, está ultimando sus modificaciones, que registrarán en los próximos días. Pedirán, únicamente, la supresión de los dos artículos antecitados. A Más País y Unidas Podemos habría que sumarle las maniobras del resto de aliados, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, Compromís, BNG y CUP que, junto con Íñigo Errejón, registraron a principios de febrero una proposición no de ley urgiendo al Ejecutivo a retirar los artículos en cuestión.
Desde Más País aseguran a Demócrata que su objetivo es presentar un plan más elaborado y con más tiempo de trabajo para acelerar el proceso de las renovables, incidiendo, entre otras cosas, en la ampliación de plantillas para aprobar los proyectos. Sin embargo, lo urgente es recuperar la obligatoriedad de los informes de impacto medioambiental. Un objetivo compartido con ERC, Bildu, Compromís, BNG y CUP y que plasmaron en su PNL.
En la exposición de motivos de la misma, criticaban que el paquete de medidas anticrisis sirvió para deslizar dos artículos “que todos los grupos que impulsamos esta iniciativa consideramos negativos y contrarios a los objetivos de transición ecológica y energética que deben guiar todas las actuaciones de los gobiernos y administraciones”. A su juicio, los puntos 22 y 23 avalan que los grandes proyectos energéticos renovables no necesiten las evaluaciones y garantías que hasta ahora ofrecían los procedimientos de evaluación medioambientales.
“Las exigencias sobre el impacto ambiental, así como de sus derivadas sociales y económicas, quedarán tan relajadas, serán tan laxas, que prácticamente las grandes corporaciones no tendrán que cumplir con los mínimos estándares medioambientales exigidos”, apunta la proposición no de ley. Asimismo, “se impide que asociaciones, colectivos e incluso las administraciones locales puedan presentar alegaciones a estos proyectos, negando así la posibilidad de que las zonas afectadas y sus ciudadanos y ciudadanas puedan tener herramientas para proteger sus entornos y modelos de vida”. Los socios comparten con los socialistas la necesidad de impulsar, acelerar y ampliar la transición energética. Abogan por las fuentes renovables, pero consideran que debe hacerse desde una perspectiva “justa con la ciudadanía” y “respetuosa con el medio ambiente”.
“Más agilidad no está reñido con la protección ambiental”
Opinión diametralmente opuesta tiene la ministra de Transición Ecológica. Teresa Ribera fue preguntada al respecto por Néstor Rego, del BNG, en la última sesión de control. Fue taxativa: “No eliminamos nada. Se mantiene el rigor medioambiental”, aseguró. Expuso que no se tramitará ningún procedimiento sin una garantía o un permiso de acceso para evacuar toda esa electricidad generada y apostó por unos procedimientos más agilizados y rápidos, pero con requisitos tales como “que no sean espacios marítimos, líneas de más de 15 kilómetros, líneas aéreas, que no afecte a superficies con figuras de impacto ambiental” y, siempre, con un resumen de impacto que será vigilado por los expertos. Porque “más agilidad no está reñido con la protección ambiental”.