La vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, sólo encontró el apoyo de Cataluña --comunidad con la que había llegado ya a un acuerdo-- para su nuevo modelo de financiación autonómica.
No sólo las comunidades gobernadas por el PP le dieron la espalda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). También las otras dos bajo gobierno del PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha.
Y si en las filas del PSOE hay divisiones, en Sumar, grupo parlamentario aliado compuesto de múltiples partidos con distintas sensibilidades –y de diferentes territorios--, la situación no es diferente.
Un documento de uso interno para tratar de explicar los detalles técnicos de la propuesta y marcar posición sobre el modelo expone no pocas dudas acerca de la propuesta del Gobierno del que forman parte.
Se trata de un análisis preliminar al que ha tenido acceso Demócrata y que adelantó El Confidencial, y que anticipa el debate dentro del grupo. El propio documento reconoce la imposibilidad de realizar un “análisis riguroso” de la propuesta por la falta de detalle en algunas cuestiones, pero sí incluye ciertas consideraciones.
¿Qué es eso de solidaridad? En Sumar cuestionan el argumento de “solidaridad interterritorial” pues consideran que “el término adecuado es redistribución”. “Hablar de solidaridad alimenta el relato de que unas comunidades ‘pagan’ a otras”. Consideran que “lo que está en juego es el diseño redistributivo de un sistema común de ingresos públicos”.
La clave es la equidad. Sumar aboga por un reparto de los recursos para garantizar la misma calidad de servicios en todos los territorios. “No se trata de un gesto voluntario entre territorios, sino el derecho de la ciudadanía a acceder a los mismos servicios públicos con independencia de dónde vivan”, reflexionan.
Cuestiona la ordinalidad. Si el modelo fuera igualitario y todas las comunidades tuvieran financiación por habitante ajustado próximas a la media, señalan en Sumar, la ordinalidad no sería relevante. Pero al partir de fuertes desigualdades, este principio supone, señalan, “un límite a la intensidad redistributiva necesaria para corregir dichas diferencias”.
Sí para Cataluña, pero no para otras. El documento destaca cómo Cataluña, que en el sistema actual parte de una posición cercana a la financiación media por habitante ajustado, experimenta un aumento superior a la media. Y no así otras comunidades con un punto de partido similar.
Obstáculo para una financiación igualitaria. En la formación que dirige Yolanda Díaz atribuyen esta situación a “la necesidad de equilibrar distintos intereses territoriales” y, “en especial, al cumplimiento de ordinalidad para el caso de Cataluña”, algo que, lamentan “dificulta avanzar hacia una financiación plenamente igualitaria”.
Condiciones desiguales. Otro posible obstáculo para una mayor igualdad sería la cesión voluntaria de parte del IVA generado por pymes, pues creen que su propio diseño anticipa un mayor impacto en comunidades con mayor concentración de pymes y economía más dinámica. Atendiendo a indicadores de consumo final y al peso de estas empresas por comunidad prevén que las ganadoras de esta vía serían Cataluña y, en menor medida, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón.
También hay cosas buenas. En Sumar celebran que este planteamiento permita abrir el debate sobre un nuevo modelo y, de paso, "orilla propuestas insostenibles" --en otro momento cita el cupo catalán o la transformación hacia un modelo confederal, descartados en la propuesta--.
Mejora un reparto desigual. También elogia la mejora que supone en las diferencias entre recursos recibidos por habitante ajustado de cada comunidad. Si el sistema vigente tiene diferencias de hasta 1.500 euros, la propuesta los rebaja a 477 euros. Sin embargo, la aplicación del principio de Statu Quo –un principio actual que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el sistema actual-- elevaría esta brecha a 700 euros.
¿Y la letra pequeña? El análisis, en todo caso, reconoce la falta de información sobre el sistema –habla, realmente, de “falta de transparencia”—sobre las fórmulas de cálculo, el concepto de población ajustado, su distribución final o los ajustes de nivelación y de status quo. “No se ha facilitado toda la información necesaria para evaluar con rigor el impacto real en cada territorio”, lamentan.
Cuánto y por qué. Otra de las carencias, señalan, es que pese a justificar Hacienda que son necesarios más recursos para financiar los servicios públicos (y, en consecuencia, ceder más porcentaje de la recaudación de IVA e IRPF), no se detalla por qué se fija en estos porcentajes y si estos garantizan la suficiencia. Tampoco, remarcan, el anunciado mecanismo ‘antidumping’ para evitar que los mayores fondos acaben financiando “rebajas fiscales regresivas”.
¿Y la senda cómo queda? Y apunta a una de las consecuencias no detalladas de la mayor cesión tributaria. Cómo impactaría al reparto del déficit público entre administraciones, que debe determinar el Gobierno y refrendar el Congreso. La propuesta de Hacienda no especifica cómo afecta a esta distribución.