El Gobierno quiere acabar con cualquier duda a la hora de cumplir la legislación laboral y añadirá un nuevo supuesto en el Código Penal para castigar específicamente la resistencia de las empresas a hacerlo, aun bajo requerimiento o sanción administrativa.
El castigo será el ya contemplado para quienes impongan mediante engaño o abuso condiciones que supriman o restrinjan derechos reconocidos por ley, convenio o contrato: penas de entre seis meses a seis años de cárcel y multa de seis a doce meses.
La propuesta se recoge en una de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos a la proposición de ley de estos grupos dirigida a suprimir el delito de sedición, y previsiblemente se incorporará a la reforma la próxima semana.
Concretamente, se modifica el artículo 311 del Código Penal para castigar con estas penas a los empresarios que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa.
Este artículo ya castiga a quien, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
Díaz citó este artículo ante la rebeldía de las empresas
La propia vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se apoyó precisamente en este artículo para solicitar a la Fiscalía General del Estado que investigara incumplimientos de la llamada Ley rider por parte de las empresas de reparto.
Glovo ha sido expedientada en varias ocasiones y se niega a cumplir con la normativa, mientras que Uber Eats, después de dejar de operar con autónomos, retomó el modelo meses después pese a las advertencias de sanciones.
Desde el Ministerio de Trabajo reconocen que la propuesta tiene gran trascendencia en este conflicto y recuerdan que la propia Díaz ya avanzó hace un mes una reforma mano a mano con Justicia para depurar responsabilidades ante delitos contra los trabajadores.
Acompañará a la derogación de sedición
La enmienda se incorporará previsiblemente la próxima semana a la proposición de ley que suprime el delito de sedición. Pese a registrarse hace menos de un mes, la previsión del Gobierno es aprobarla en los próximos días.
Este viernes los grupos han registrado sus enmiendas y el lunes se reúnen en ponencia, con la intención de debatir y votar al día siguiente la norma en Comisión. No se descarta la convocatoria el jueves de un Pleno extraordinario, continuación del ya convocado, para remitirla a la Cámara Alta.
Otra reforma agilizará las sanciones y procesos de alta
Sin embargo, no es la única reforma con impacto directo en el conflicto de Trabajo con las empresas de reparto, ya que PSOE y Unidas Podemos han incorporado al proyecto de ley de Empleo una enmienda para agilizar el reconocimiento de los repartidores como trabajadores por cuenta ajena y la aplicación de sanciones.
Se trata de la derogación del procedimiento de oficio en la jurisdicción social para aquellos casos en los que, como consecuencia de un acta de infracción, la empresa presente alegaciones. En este caso, la normativa prevé la apertura de un procedimiento de oficio, con el cual el Gobierno quiere acabar.
Las sanciones que se imponen van por la vía administrativa, pero la apertura del procedimiento ralentiza todo el proceso, explican desde el Ministerio.
Evitar colapsos y dilación de los procesos
En este sentido, los grupos del Gobierno esgrimen, a instancias de Trabajo, que han aumentado los procedimientos de este tipo en los que se discute, ya no la laboralidad o no de las relaciones jurídicas, sino el propio modelo de negocio de las compañías.
Al implicar a un gran número de trabajadores, acaba impactando en el funcionamiento de los juzgados, colapsando y retrasando durante años este tipo de casos que, alegan, pueden ser dilucidados en la jurisdicción contencioso-administrativa sin ninguna merma de garantías.
Por ello, defienden que acabar con este procedimiento «garantizaría una mejor defensa de los trabajadores y mayor celeridad en la tramitación de procedimientos sancionadores y liquidatorios, sin perjuicio de la ulterior revisión judicial», explican.
La propuesta ya forma parte del proyecto de ley de Empleo que esta próxima semana también afrontará sus votaciones en Comisión, en este caso el mismo lunes, quedando listo para su examen final por el Pleno de la Cámara.